Con 42 senadores presentes en la sala y luego de más de dos horas de debate, finalmente la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de declaración de rechazo del Acta Bilateral sobre la contratación de potencia de Itaipú para la ANDE.

En su mayoría, los senadores de diversas bancadas manifestaron su rechazo a la firma del acuerdo energético suscrito entre Paraguay y Brasil en mayo pasado, a excepción del senador Rodolfo Friedmann (ANR-Colorado Añetete).

Al hacer uso de la palabra, el mismo sostuvo que, pese a coincidir en muchos de los puntos señalados por sus colegas, también se debía ser claro en otros puntos que estuvieron siendo duramente cuestionados.

En tal sentido, negó que este tema se haya manejado con secretismo por parte del Gobierno Nacional siendo que los detalles del acuerdo fueron elevados a las altas partes contratantes. “No es un acta secreta, de ninguna manera”.

Si bien admitió que es un tema de interés nacional que preocupa a todos los paraguayos, también señaló que dentro del debate se mezclaron otros asuntos que no guardan relación con el acuerdo bilateral en sí.

“Como presidente de la República (Mario Abdo Benítez) toma una decisión, él tiene, debe y está escuchando a todos los sectores como tiene que ser. Dentro del acta secreta -que no tiene nada de secreta-, ante la interpretación ambigua de algunos artículos toma una decisión, una cirugía mayor para que esa preocupación que se instaló dentro de la ciudadanía pueda ser subsanada y que el estadio de discusión vuelva al estadio técnico”, afirmó el senador colorado durante su alocución.

Friedmann manifestó que “muerto el perro, muerta la rabia” al momento de expresar su oposición a la declaración de rechazo, dando a entender que con la renuncia de José Alberto Alderete, Luis Castiglioni, Alcides Jiménez y Hugo Saguier Caballero ya no era necesario sentar dicha postura desde el Senado.

Finalmente, pidió que la Comisión Bicameral de Investigación que fue creada para analizar los detalles relacionados a la firma del acta bilateral pueda culminar su trabajo y arrimar todas las documentaciones pertinentes.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.