El curso contará con el apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), y tendrá por objetivo el intercambio de visiones y experiencias entre las entidades de la sociedad civil, las instituciones públicas y los organismos internacionales.

En la apertura del evento, que tendrá lugar este lunes en la sede central de la Fiscalía, participarán el fiscal general del Estado de Paraguay, Javier Díaz Verón, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, y la representante del IIDH, Soledad Muñoz, según un comunicado del Ministerio Público.

Además, a lo largo del curso disertarán expertos como Tania Abdo Rocholl, miembro del Comité de Derechos Humanos (CCPR) de las Naciones Unidas; Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy); o Nury Montiel, directora de DDHH de la Corte de Paraguay.

También intervendrán Rogelio Goiburú, titular de la Dirección de Memoria Histórica y Reparación (DMHR) del Ministerio de Justicia paraguayo; Juan Miguel González Bibolini, director general de Derechos Humanos de la Cancillería paraguaya; y varios profesores universitarios de Argentina y Brasil.

En el evento se prevé la participación como asistentes de más de un centenar de personas, entre agentes fiscales y profesionales del Poder Judicial.

El sistema interamericano de derechos humanos es un recurso que pueden emplear aquellos ciudadanos que hayan sufrido violaciones de sus derechos por parte del Estado.

Cuenta con dos órganos, integrados en la Organización de Estados Americanos (OEA): la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que formula recomendaciones a los Estados, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicta sentencias judiciales de obligado cumplimiento para los Estados miembros del ente regional.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.