El agente fiscal Juan Daniel Benítez, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente del departamento de San Pedro, formuló imputación en contra de Ramiro Gonzalo Montouto Mendieta, Jorge Guillermo González y Nora Villalba Maidana por los hechos punibles de procesamiento ilícito de desechos y contaminación del aire.

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Según la imputación del Ministerio Público, los imputado serían representantes de la empresa Aseo Urbano Santaní, habrían firmado un contrato de prestación de servicios de recolección residuos con el municipio de San Estanislao, incumpliendo las normas de disposición final de desechos.

El 12 de febrero pasado, una comitiva interinstitucional conformada por técnicos de la Dirección Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio Público, técnicos fiscalizadores de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizaron un allanamiento en el interior de la propiedad perteneciente a Nora Villalba, a los efectos de verificar la denuncia presentada por la Asesoría Jurídica de la municipalidad de San Estanislao, constándose en el sitio todo tipo de desechos incluyendo residuos hospitalarios.

A través de este operativo se constató el procesamiento ilícito de desechos, la contaminación con el aire que provenía de las basuras quemadas y otros medios probatorios incorporados en la carpeta de investigación.

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La fiscal Carmen Bogado resolvió imputar a Diego Luis Cáceres Maqueda (28) y César Jonathan Denis Díaz (32), quienes en la madrugada de ayer se vieron involucrados en un tiroteo.

En el caso de Cáceres, sindicado como autor de los disparos, fue procesado por tentativa de homicidio y violación de la Ley de Armas, mientras que Denis fue imputado por violación de la Ley de Armas.

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Conforme al relato que manejan las autoridades, Cáceres llegó en un vehículo al local “Puerto Chopp”, ubicado en la ciudad de San Lorenzo, en compañía de otro sujeto, con el propósito de atentar contra la vida de Denis.

Sin mediar palabras, Cáceres desenfundó un arma de fuego y efectuó varios disparos contra Denis, quien también iba armado y decidió responder al ataque de la misma manera, baleando a los desconocidos.

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Este incidente dejó un saldo de cuatro personas heridas, entre ellas los ahora imputados, junto a Saturnino Eduardo Jara Acosta (48), guardia de seguridad del establecimiento, y una cliente de nombre María Anselma Paredes (52).

El Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva de los dos sujetos, quienes actualmente permanecen detenidos y a disposición de la justicia.

A través de su cuenta oficial en X, el jefe de Estado informó que la Ley N° 7467, para la realización de Eventos Deportivos de Relevancia Internacional (EDRI), quedó promulgada.

Establece una serie de disposiciones especiales en materia tributaria, migratoria y laboral, con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas para la organización y ejecución de estos eventos.

Con esta ley, los eventos deportivos internacionales serán exceptuados de pagos de impuestos, tasas y contribuciones correspondientes a las entidades organizadoras.

Además, prevé contempla la implementación de un régimen especial de visas, con entrada gratuita y sin restricciones para los miembros de las delegaciones oficiales.

La normativa fue sancionada el pasado 22 de abril en el Congreso Nacional, y remitida el Poder Ejecutivo.

El presidente de la República, Santiago Peña, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, y el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, este viernes encabezaron el acto de entrega de nuevas soluciones habitacionales.

Se trata de 43 viviendas sociales ubicadas en las ciudades de J. Augusto Saldívar e Itá, ambas en el departamento Central, las cuales beneficiarán a varias familias.

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La construcción de estas casas se llevó a cabo en el marco del programa Fondo Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS), a cargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

De este número total, 13 viviendas se encuentran en J. Augusto Saldívar, específicamente en el Asentamiento Tapyrã. El proyecto fue promovido por la Comisión Pro Vivienda 22 de Octubre.

Por otra parte, las demás 30 viviendas construidas en Itá fueron una realidad a través de la gestión realizada la Comisión de Fomento Urbano “Don Merenciano Pereira”, en el Territorio Social Nueva Esperanza del Barrio San Antonio – Segunda Fase.

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Cada vivienda cuenta con dos habitaciones, baño familiar, cocina, comedor integrado, sala y lavadero externo. Además de mejorar las condiciones de vida de cientos de personas, estas obras generan empleo local y fortalecen la industria nacional de materiales de construcción.

A la fecha, el actual Gobierno ya entregó un total de 15.918 viviendas sociales en diversos puntos del país, mientras que 25.990 soluciones habitacionales se encuentran en gestión.