La vigésimo cuarta Reunión de Jefes de Organismos Nacionales Encargados de Combatir el Tráfico Ilícito de Drogas en América Latina y el Caribe (HONLEA) pretende “facilitar la cooperación y coordinación” a nivel regional, según la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

En el encuentro participarán los países del continente, incluidos EE.UU. y Cuba, y otras naciones que son también miembros de la entidad, como España, Alemania, Japón y Corea del Sur.

Los delegados realizarán actividades de forma privada “dirigidas a combatir el tráfico ilícito de drogas y determinar cuestiones prioritarias” a nivel regional, según el decreto Presidencial que autoriza la actividad.

La reunión contará también con la participación de organizaciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Policía Internacional (INTERPOL) y la Policía Europea (Europol), entre otras.

La Senad aseguró que el evento “permitirá demostrar la voluntad política del Gobierno (de Paraguay) en la lucha contra el tráfico ilícito y sus delitos conexos”.

Paraguay es el segundo productor de marihuana en América, por detrás de México. La Senad estima hay entre 5.000 y 8.000 hectáreas plantadas con marihuana, lo que supone una producción de entre 30.000 y 45.000 toneladas al año.

El 80 por ciento de la marihuana producida en Paraguay tiene como destino Brasil, mientras que el resto acaba en los otros países vecinos.

Un kilo de marihuana cuesta unos 60 dólares en Paraguay, en Brasil el precio casi se quintuplica y en Chile puede llegar a los 1.000 dólares, según datos de la Senad.

Además, el país sudamericano se ha convertido en una ruta de transformación en cocaína de la coca boliviana para su venta en Brasil y otros países, con la implantación de laboratorios clandestinos en su territorio, según las autoridades.

La Senad ha desmantelado varios laboratorios de droga en los últimos meses, incluido el primero que elaboraba éxtasis en el país guaraní y otro, también cerca de la frontera con Brasil, que producía hasta 100 kilogramos de cocaína a la semana.

“La Junta Municipal aprobó de forma irregular la ejecución presupuestaria 2023 de la intendenta Carolina Aranda, es una bofetada a la gente”, manifestó el concejal Edgar Martínez (ANR-HC), quien se opuso al dictamen de aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2023 que fue tratado y aprobado ayer por el Pleno de concejales de dicha ciudad. Dijo que está evaluando pedir la intervención de la Contraloría.

Martínez, quien es miembro de la Comisión de Hacienda, señaló que por tercer año consecutivo su postura fue por el rechazo de la ejecución presupuestaria de la intendenta Aranda y cuestionó durante la sesión de ayer por el procedimiento “a tambor batiente” con el que se trató y aprobó la ejecución presupuestaria 2023 de la intendenta liberal Carolina Aranda.

Puntualizó falta de transparencia y un “sospechoso” apuro por la aprobación, ya que no fue estudiado ni analizado por la Comisión de Hacienda ni por los concejales.

“La Comisión no me ha convocado para ninguna reunión para hacer el estudio y análisis de esta ejecución presupuestaria 2023, para mí es demasiado importante que esto se estudie de forma responsable, de forma madura y no presentar hoy un dictamen como si fuese que somos pelotudos acá en esta Junta”, cuestionó Martínez.

Agregó durante la sesión que “he solicitado en sesión ordinaria la copia de la ejecución presupuestaria en tiempo y forma, la cual no se me concedió, entonces, yo quiero dejar en claro y que conste que para mí este dictamen se ha hecho de forma irregular, de forma irresponsable. Es como darle una bofetada a toda la ciudadanía y para mí, especialmente como contralor, no voy a acompañar este tipo de procedimientos. Y yo les pregunto a los colegas, estamos los doce colegas. ¿Quién recibió el dictamen de la Ejecución Presupuestaria? Yo soy parte de la Comisión de Hacienda, por la cual usted presidente tiene la obligación de convocar a los miembros para hacer el estudio y el análisis de esta red de dictamen”.

El concejal lamentó el estado actual de la ciudad, que carece de inversiones como desagües pluviales y cloacales, calles en mal estado y espacios públicos en una situación calamitosa, con una ejecución presupuestaria poco transparente e irregular.

Comentó que está estudiando con su equipo la posibilidad de un pedido de intervención de la Contraloría General de la República para auditar la gestión de la intendenta liberal.

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La resolución del juez penal de Garantías, Yoan Paul López, respecto al sobreseimiento definitivo de los médicos María de Fátima Bastos, José Ovando y Óscar Cabrera en la causa que los investigaba por omisión de auxilio en la muerte de niño Renato, fue ratificada hoy por el Tribunal de Apelación.

La decisión se conoce, luego de que la familia de la víctima presentara una apelación contra lo resuelto por el magistrado.

La investigación del Ministerio Público concluyó que estos profesionales no tuvieron responsabilidad en el fallecimiento de Renato, por lo cual, la propia Fiscalía pidió desvincular del caso a los médicos.

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A este planteamiento hizo lugar el juez López, tras lo cual, la querella presentó la apelación que finalmente fue rechazada, ratificando la decisión inicial.

Este nuevo revés de la familia del niño solamente deja una última ventana de oportunidad: la de recurrir a la Corte Suprema de Justicia. De proceder a la acción, la Sala Penal será la que responda.

Por el caso continúa procesada la pediatra Laura Sena, quien está acusada de homicidio culposo, ya que fue la que atendió al bebé.

Renato Talavera falleció en el 2019, a los dos años de edad en el sanatorio Migone, a donde lo llevaron de urgencias por un cuadro febril y tos, síntomas que se complicaron y le provocaron la muerte.

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Lo hizo durante el recorrido técnico que realizó la titular con su equipo en dicha zona. En ese sentido, señaló que se está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Economía y con expertos de la ingeniería vial de nuestro país y que, en este momento, todo el equipo del MOPC está abocado en el proyecto.

“Este es un proceso que fue rescindido al inicio de nuestra gestión y ahora estamos ya enfocados en poder retomar rápidamente esta ruta y que sea una realidad para todas las personas del norte del país. Estoy muy confiada que vamos a tener un proceso exitoso”, aseveró al tiempo de puntualizar que la financiación provendría del mismo crédito, es decir, el remanente que quedó.

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Por su parte, el viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce indicó que ya se está trabajando en el nuevo llamado y que se espera que para el mes de mayo se pueda levantar de nuevo en el portal de Contrataciones Públicas “para dar al pueblo concepcionero una solución definitiva a este problema”.

Según el viceministro, son cerca de 90 km los que serían intervenidos de manera a completar lo que falta de la ruta entre la ciudad de Concepción y el Lote 1 (concluido) que llega a Pozo Colorado.

Mientras tanto, avanza el mejoramiento de un tramo de 6 km desde la cabecera del puente Nanawa hasta la rotonda 2 de mayo, un sector que también quedó abandonado tras la rescisión del contrato.

Cabe recordar que este proyecto fue licitado en tres lotes bajo la modalidad de Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (Crema). De estos tres, solo el Lote 1 concluyó exitosamente, siendo el organismo financiador el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por un monto de hasta USD 100 millones.