Las 95 familias serán trasladadas “en cualquier momento” desde el distrito de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, a una parcela de 350 hectáreas ubicada en la colonia “8 de diciembre”, en el distrito de Itakyry del departamento de Alto Paraná, situada a más de 100 kilómetros al sureste de Marina Cué, según un comunicado del Indert.

“Llegamos a un final feliz, luego de un gran esfuerzo, principalmente a nivel judicial, donde obtuvimos el interdicto para retomar la posesión de esas tierras que estaban en manos de no sujetos de la reforma agraria”, explicó el presidente Justo Cárdenas.

La medida no afecta sin embargo a las cerca de 50 familias, en su mayoría familiares de víctimas de la masacre de Curuguaty, que el pasado 27 de junio se instalaron en las tierras escenario de la matanza para exigir que se defina su titularidad, precisó a Efe Mariano Castro, campesino ocupante de las tierras.

“Las familias que van a ser reubicadas no están en Marina Kué, sino frente a estos terrenos, junto a la ruta 10. Nosotros no pedimos la reubicación, pedimos que se reconozca que las tierras de Marina Cué son del Estado y que se nos concedan a los campesinos sin tierra para que podamos trabajar”, aseguró.

Agregó que los campesinos ya están trabajando la tierra para asegurarse su sustento, y que por el momento se encuentran “muy bien y dispuestos a seguir en el lugar”. “No vamos a dejar Marina Cué porque es el lugar donde mataron a nuestros familiares y amigos, y queremos justicia”, enfatizó.

Castro es el padre de Adolfo Castro, uno de los once campesinos fallecidos durante la masacre de Curuguaty, y de Néstor y Adalberto Castro, dos labriegos imputados por la muerte de los seis policías que están siendo juzgados desde el pasado lunes en Asunción.

La matanza desembocó una semana después en un juicio político a Lugo en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.

Los terrenos de Marina Cué son llamados así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usados por un destacamento de la Marina.

La empresa Campos Morombí, que dice ser la propietaria de las tierras, mantiene un litigio que dura ya casi una década para defender su supuesta titularidad, mientras que los campesinos de la zona afirman que son propiedad del Estado.

La empresa pertenece a la familia del fallecido empresario Blas N. Riquelme, un histórico directivo del Partido Colorado durante la época de Stroessner.

El 15 de junio de 2012, más de 300 policías acudieron al lugar a desalojar a alrededor de 70 campesinos que ocupaban estas tierras para pedir que se incluyeran en la reforma agraria.

Durante el desalojo, se produjo un tiroteo cuyo origen aún es desconocido, y en él perdieron la vida once campesinos y seis policías, además de dejar un saldo de varios heridos. Por las muertes hay doce campesinos imputados, que actualmente enfrentarán juicio oral.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.