“Nos estamos muriendo de a poco porque no tenemos medicamentos , estamos tristes y muy indignadas y queremos que se pongan en nuestro lugar, nos escuchen y nos ayuden”, rogó sollozando Martina Báez, paciente oncológica quien manifestó que los vecinos y personas a las que recurren ya están cansadas de tantas polladas y sorteos que realizan para juntar algo de las millonarias sumas que requieren cada mes para la compra de una dosis de los fármacos que necesitan.

“De bolsillo no tenemos, los vecinos ya están cansados de nosotras y de dónde voy a sacar 20 millones cada 21 días y si no consigo puedo morirme y estamos luchando por nuestra vida y necesitamos la ayuda de los gobernantes que no nos escuchan”, afirmó en contacto con Universo 970.

La burocracia de conseguir un medicamento para seguir un tratamiento oncológico se torna un sufrimiento para las pacientes atendiendo que no son proveídos en tiempo y forma y las alternativas para comprarlos son escasas por el alto costo que tienen.

Debido a que una vez más se encuentran sin respuestas, las pacientes que son tratadas en el Hospital Nacional de Itaugua realizaron hoy una manifestación clamando atención de las autoridades porque el tiempo sin tratamiento implica directamente acortar el tiempo de vida.

“La escasez de medicamentos implica nuestra vida directo, no hay nada que esconder, esto es cáncer y si se suspende una sesión no te sirve el tratamiento somos casi 70 pacientes que venimos de lejos”, afirmó María Estela Galeano. Ella debe contar con el medicamento Trastuzumab que tiene un costo de G. 25 millones y si se rebuscan en farmacias de Clorinda lo consiguen por 10 o 15 millones.

Por su parte, Martina Báez explicó que el mamógrafo no funciona hace ocho días pero que lo más urgente son los medicamentos, muchos en falta y cada paciente necesita diferentes tipos y dosis para no interrumpir sus tratamientos.

“Nuestro tratamiento no es de 8 días, esto no es una gripe”; afirmó otra paciente.

La Doctora Yolanda González, directora del centro asistencial se reunió luego con las pacientes y les explicó los trámites que también deben realizarse para la compra y provisión de los medicamentos ya que son costosos. Aclaró que el Nacional trata a los pacientes pero requiere de la entrega de medicamentos a través del INCAN.

“Voy a intermediar directamente para que la burocracia sea acortada porque no solo se trata de faltantes sino que los demás dependen de los proveedores y nos piden una serie de papeles que tenemos que presentar y lo que queremos es tener una reserva de medicamentos para asegurar que no falte”, afirmó González.

Admitió que la burocracia es la que genera estos inconvenientes y que debe ser superada. Explicó que Contraloría les exige la presentación de la ficha e historial médico de cada paciente que es tratado para que se puede entregar los medicamentos necesarios.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

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El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

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Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

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Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

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En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

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Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.