Desde hace unos días circula a través de redes sociales y grupos de WhatsApp un flyer en el que se hace alusión a supuestos hechos irregulares dentro del prestigioso Colegio San José, ubicado sobre la Avda. España de la ciudad capital.

Según la denuncia, aparentemente existiría un mal manejo administrativo y financiero dentro de la institución educativa, administrada por la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram.

Las acusaciones hablan de una supuesta malversación de fondos, además de millonarias sumas de dinero que estarían depositadas en cuentas bancarias y que no condicen con el estado actual del colegio católico. De igual manera, se cuestiona la inversión realizada para la construcción de un gimnasio que no podría ser utilizado por los estudiantes.

La directora administrativa del Colegio San José, Carolina Ávalos, es blanco de la mayoría de los cuestionamientos debido a que también fue denunciada por supuestamente adjudicar varios contratos a la constructora de su esposo.

Esta mañana, un grupo de padres se encuentra manifestándose en la institución, en vista a la serie de denuncias que salieron a la luz y que generaron dudas dentro de la comunidad educativa. Los mismos exigen a las autoridades respuestas concretas al respecto y que puedan dar a conocer los resultados de una auditoría que había sido realizada hace unos meses atrás.

Mario Ardissone, presidente de la Asociación de Padres del San José, manifestó al canal GEN que están en un colegio católico donde se viven y se pregonan valores. “Nosotros debemos predicar con el ejemplo, si no somos capaces de brindar transparencia con la gestión del colegio, entonces mañana qué le podemos pedir a los chicos”, indicó.

Este grupo ha solicitado, vía nota, la destitución de Ávalos a raíz de los hechos irregulares que fueron denunciados y que hoy generan el ambiente de crispación.

Ardissone aseguró que existe una pérdida de confianza y que, más allá del resultado de la auditoría, hay un malestar generalizado hacia la administración del colegio. “Hay un montón de deficiencias que no son solamente en el tema de infraestructura y servicios sino también en la calidad del personal docente, en los salarios”, puntualizó.

Los padres emplazaron por 24 horas a las autoridades del Colegio San José para dar respuestas, caso contrario, anuncian una “movilización permanente” y otra serie de medidas a ser anunciadas eventualmente.

Las empresas Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Aregüeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12 seguirán circulando, al no sumarse al paro anunciado por el otro sector de transporte.

“Todas nuestras operaciones seguirán en funcionamiento total incluso reforzando nuestras frecuencias donde sea posible para seguir dando a nuestros pasajeros el servicio”, reportaron los integrantes de la Federación de Transporte del Área Metropolitana (FETRAM).

Las firmas transportistas argumentaron que entienden que para la ciudadanía es sumamente importante contar con el servicio sin ningún inconveniente, por lo que buscarán trabajar y mejorar el servicio al pasajero, realizando acciones diarias y comprobables de que sí desean un transporte digno.

Finalmente expresaron su apoyo al Presidente de la República, a la Ministra de Obras Públicas y al Viceministro de Transporte, en su desarrollo del nuevo Plan Maestro y formalización del progreso del sector.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.

Entre estos tramos, la ministra citó la Avda. Mariscal López, desde la Avda. Madame Lynch hasta la ciudad de San Lorenzo, la duplicación de la curva Romero en Luque y también la intervención desde Autopista hasta Mariano Roque Alonso.

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Explicó que actualmente desde el MOPC están en marcha estos procesos para llevar adelante estas intervenciones urbanas, que forman parte de los nuevos proyectos que se estarán licitando en los próximos meses, y que en total suman cerca de USD 500 millones en inversiones.

“Estamos preparando la licitación del mejoramiento de la Avda. Mariscal López, desde la Avda. Madame Lynch hasta la ciudad de San Lorenzo, la duplicación de la Curva Romero en Luque, y también la intervención desde Autopista hasta Mariano Roque Alonso (ruta D025), además de un viaducto también en la zona”, puntualizó al tiempo de destacar que “son proyectos de altísimo impacto”.

Además, añadió que también está próximo a ser licitado un nuevo proyecto que prevé intervenciones en 6 zonas del departamento Central, como Ñemby, Itá y Guarambaré como parte del denominado “Plan Central”.

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El diputado Yamil Esgaib es el autor del proyecto que modifica el Código Penal y plantea favorecer a los condenados por el simple hecho de ser funcionarios públicos.

La propuesta conocida como devolución premiada estipula que los funcionarios corruptos podrán disminuir sus sentencias al 50 %, en caso de que devuelvan lo robado (una vez descubiertos).

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara Baja y tendrá sanción ficta el 31 de mayo, por ello, el tratamiento figura hoy en el orden del día de la sesión extraordinaria del Senado.

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A criterio del senador colorado, Derlis Maidana, el proyecto ningunea el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional, sobre la igualdad ante la ley, al beneficiar a una persona por el simple hecho de estar en la función pública.

“No podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor”, opinó el legislador.

A juzgar por la posición del senador de Honor Colorado, se cree que existirían los votos necesarios para el rechazo de este proyecto que, no hace más que premiar a funcionarios que son descubiertos robando y que, una vez sorprendidos (no por arrepentimiento) y con la soga al cuello, devuelven el dinero.

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