Norma Gauto, miembro del Consejo de la Cooperativa Villa Morra, confirmó a la R800 AM que este martes “María” (nombre ficticio) volvió a su puesto de asistente de Tesorería, con su mismo salario y antigüedad. “Se pudo llegar a un acuerdo con ella y finalmente se va poder reintegrar a su lugar de trabajo”, añadió.

Esta trabajadora había sido echada tras ser acusada de un supuesto faltante de dinero, pero el trasfondo en realidad fue por su denuncia presentada ante la Fiscalía contra David Luraschi, quien terminó renunciando al cargo de presidente de la cooperativa por este escándalo.

Gauto mencionó que “gratuitamente se le adjudicó” el faltante a “María” porque nunca se desempeñó como cajera, y agregó que hoy el abogado de la cooperativa conversará con los de la aseguradora Tajy para desestimar la denuncia.

La consejera indicó que se reinstaló la paz en la institución con la salida de Luraschi. “Los funcionarios me dijeron que es otro ambiente. No está haciendo oficina él; están sin temor los trabajadores, están aliviados y libres, hasta los varones se sienten así”, celebró.

¿SIGUE O NO COMO CONSEJERO?

La entrevistada afirmó que Luraschi sigue siendo consejero de la cooperativa y que solo puede ser sacado mediante una asamblea extraordinaria, la cual debe ser convocada por el Consejo, la Junta de Vigilancia o a pedido de una cierta cantidad de socios. Así también puede perder el cargo con tres ausencias reiteradas consecutivas sin justificación. Hoy a las 18:00 los consejeros sesionarán, pero Gauto cree que David no aparecerá.

Sin embargo, desde la redacción del diario tuvimos acceso a un documento donde se deja constancia que ya fue apartado luego de ser imputado por el Ministerio Público. En su reemplazo asumió la suplente Gregoria Aguilera.

Días atrás, la fiscal Natalia Silva imputó a Luraschi por presunta coacción sexual en grado de tentativa. Cuatro funcionarias de la institución en la que ejercía como presidente lo denunciaron formalmente por acoso sexual. Además la agente solicitó la prisión preventiva del denunciado, puesto que la expectativa de pena es de hasta 10 años por hostigar a una exfuncionaria sexualmente.

El fiscal Luis Trinidad Colmán consiguió una condena de 20 años de pena privativa de libertad para Gustavo Antonio Medina Velázquez (46), hallado culpable del homicidio doloso de su hijastro.

El crimen se cometió en represalia contra la madre por haber terminado la relación con el acusado, quien inicialmente fue sentenciado a 5 años de prisión por violencia familiar.

El juicio oral concluyó este viernes 26 de abril en el Poder Judicial de Ciudad del Este. En la ocasión, el fiscal produjo pruebas irrefutables contra el acusado, por lo que los jueces Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo, integrantes del Tribunal de Sentencia, emitieron el fallo condenatorio.

Según los antecedentes, el homicidio ocurrió el 7 de mayo de 2021, en horas de la mañana, en la vía pública del Sector III del barrio San Rafael de la capital del Alto Paraná, resultando víctima fatal Gustavo Gómez Melgarejo.

Aquella vez, el joven se despidió de su madre Bella Rosa Melgarejo y salió de la casa como para dirigirse a su lugar de trabajo. Pero, a metros del lugar, fue atacado por Gustavo Antonio, quien le aplicó una puñalada en la zona lumbar derecha.

El herido gritó del dolor y cayó al suelo, siendo posteriormente auxiliado por familiares y trasladado a un centro asistencial, donde falleció el 17 de mayo.

Mientras, el autor del crimen escapó del lugar y luego le envió un mensaje, vía celular, a su expareja y madre de la víctima, culpándola por la muerte de su hijo y advirtiéndola que la próxima sería ella la asesinada. En el escenario del ataque fue hallado el puñal utilizado para el crimen.

Medina Velázquez permaneció prófugo y declarado rebelde, hasta que el 6 de junio de 2021 fue reducido por sus vecinos, quienes lo sometieron a una golpiza antes de entregarlo a la Policía y quedó a cargo del Ministerio Público y el Juzgado.

Paralelamente, Gustavo Medina Velázquez enfrentó un proceso por violencia familiar ejercida en contra de su expareja Bella Rosa Melgarejo, a quien maltrataba sistemáticamente durante el tiempo que duró la relación.

El mismo fue acusado por la fiscal Susan Vega y posteriormente condenado a 5 años de prisión el 28 de febrero de 2024 por el mismo Tribunal compuesto por Evangelina Villalba, Óscar Gabriel Genez y Lourdes Morínigo.

La agente fiscal Sara Torres, de la Unidad Zonal de Limpio, dispuso el resguardo de una mujer de 44 años, víctima de un presunto caso de violencia familiar y lesión grave. A la vez, ordenó la detención del supuesto autor, Paulino Vallejos Giménez de 46 años, expareja de la afectada.

Es en la causa caratulada “Investigación fiscal s/ violencia familiar y lesión grave”, ocurrido en la madrugada de este sábado en la ciudad de Limpio.

El sospechoso, una vez detenido, debe guardar reclusión en la Comisaría 9° Central a disposición del Ministerio Público. La fiscal además dispuso el control aleatorio de efectivos policiales en la vivienda de la víctima.

El hecho esta madrugada, cuando la víctima recibió un mensaje de texto de su expareja, quien le decía que se acercaría en hora más tarde a la vivienda. La mujer le mencionó que se encontraba descansando. E n ese ínterin, Paulino violentó la puerta principal de la casa con un objeto de madera, ingresó y la atacó con golpes de puño y patadas.

Asimismo, rompió las pertenencias del hogar y la amenazó de muerte. Posteriormente se dio a la fuga.

El hombre aparentemente se encontraba en estado etílico, y según los datos, ya contaba con una orden de alejamiento emanado por el Juzgado de Paz de Limpio.

El fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Zonal de Luque, fue quien dirigió la intervención acompañado de la perito Arq. Olga Fleitas del Laboratorio Forense del Ministerio Público y la defensora pública en lo Penal de Luque, Abg. Zulma Sánchez.

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La profesional perito deberá establecer como puntos de pericia la verificación de las obras o construcciones técnicas y si las mismas poseían las características de seguridad para el tránsito de peatones y vehículos.

Según el Ministerio Público, el agente fiscal solicitó como urgente este procedimiento teniendo en cuenta que la zona es de alto tráfico de vehículos y personas, y se debe precautelar la escena para que no sea modificada, ocultada o destruida.

Se busca determinar las circunstancias que derivaron en la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

El hecho ocurrió el miércoles pasado cuando las víctimas iban acompañadas de tres agentes Linces que se dirigían al acto de egreso de nuevos efectivos en la Secretaría Nacional de Deportes.