Según publica El País, el Gobierno de Sri Lanka señala al grupo yihadista local National Thowheeth Jama’ath (NTJ) por estar detrás de la cadena de atentados que se sucedieron en la principal ciudad del país, Colombo, y en otras localidades y que causaron 290 muertos y 500 heridos. El portavoz del Ejecutivo, Rajitha Senaratne, ha declarado durante una rueda de prensa que los ataques se ejecutaron con la ayuda de una red internacional de terroristas. “No creemos que estos ataques hayan sido llevados a cabo por un grupo de personas de este país”, ha asegurado.

Poco después de mediodía, una furgoneta ha estallado cerca de una de las Iglesias atacadas en Colombo cuando los artificieros trataban de desactivarla. Se ignora por ahora si esta explosión ha causado víctimas y hasta qué punto estaba controlada por los artificieros. El estado de máxima alerta se mantiene en esta pequeña isla del Índico un día después de las explosiones que se sucedieron en la capital, Colombo, durante el Domingo de Resurrección en tres hoteles de lujo, un hostal y tres iglesias cristianas. Las autoridades han hallado 87 detonadores de bomba en la principal estación de autobuses de Colombo. También desactivaron este lunes una bomba en el aeropuerto de la ciudad.

El Consejo de Seguridad Nacional del país ha ordenado como medida de precaución un segundo toque de queda nocturno en Colombo, que tendrá lugar desde las ocho de la tarde de este lunes (hora local) hasta las cuatro de la madrugada del martes. Otra de las medidas ha sido bloquear el acceso a las redes sociales para evitar la propagación de noticias falsas y los mensajes de odio.

La Policía de Sri Lanka ya ha detenido a 24 personas, pero nadie se ha atribuido todavía la autoría de los atentados. Las autoridades forenses han identificado los cuerpos de siete terroristas suicidas. El departamento de Estado de Estados Unidos ha advertido de que grupos terroristas podrían estar planeando nuevos ataques.

El primer ministro de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, dijo este domingo en un discurso a la nación que las autoridades habían recibido advertencias de posibles ataques, pero reconoció que “no se había prestado suficiente atención”. El mandatario también alertó de que los servicios de seguridad del país no descartan la posibilidad de nuevos atentados. Este domingo por la noche, los militares despejaron una zona del aeropuerto de Colombo y desactivaron una bomba de fabricación casera.

Mientras, decenas de familias se agolpan en el principal depósito de cadáveres de Colombo a la espera de poder identificar a los fallecidos. La gran mayoría de los muertos son ciudadanos de Sri Lanka, incluidos decenas de cristianos que se encontraban en las tres iglesias cristianas —dos católicas y una evangélica— donde estallaron las bombas. Según el ministerio de Exteriores del país, 36 de las víctimas mortales son extranjeros.

El papa Francisco ha condenado hoy los ataques, que ha definido como “actos injustificables e inhumanos de terrorismo”. “Pido a todo el mundo que no dude en ofrecer toda la ayuda necesaria a esta querida nación. Espero que todo el mundo condene estos atentados”, ha añadido.

Este ataque ha sido el más devastador que ha sufrido Sri Lanka desde 2009, cuando terminó una guerra civil de casi 30 años que enfrentó a la mayoría budista y a la minoría hindú tamil —segunda etnia del país concentrada en el norte y noreste—, y que causó 100.000 muertos.

Con una población cercana a los 21 millones de habitantes, Sri Lanka es mayoritariamente budista. Suponen el 70% de la población del país, que tiene además un 12% de hindúes, un 10% de musulmanes y un 7% de cristianos. La matanza terrorista golpea a un país marcado por la tensión étnico-religiosa y una guerra que ha lastrado su desarrollo.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.