En charla con la 730 AM, el legislador suspendido aseguró que el ataque al congresista Calé Galaverna, a quien derramó agua en plena sesión de la Cámara Alta, no fue una cuestión deliberada, sino que actuó impulsivamente porque le quisieron impedir el derecho a la defensa. Indicó que antes de esto no había votos para su sanción y que tras su arrebato, sus colegas cambiaron de postura, atendiendo que “existe un espíritu corporativo y vieron que tenían que hacer algo para salvar a uno de su rebaño”.

“Estos 60 días me van a servir a mí también. Yo no tengo una estrategia, un jefe de marketing. (…) Hay cuestiones que me van a tener que hacer cavilar en esta Semana Santa”, sostuvo sobre la sanción que le impusieron a pedido de Galaverna por haber tildado de “ladrón e insecto” al titular del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar.

No obstante, recalcó que seguirá con sus peculiares actuaciones. “Digo que soy un religioso cívico porque explico el anarquismo, que está muy estigmatizado, y yo me muevo en base a dogmas, mi tarea es hacer catequesis todos los días. Yo no creo en la democracia, no creo en las urnas, porque roban”, esgrimió.

MONSTRUITO OPORTUNISTA PARECIDO A BOLSONARO

Ayer el legislador Sixto Pereira (Frente Guasu) aseguró en la sesión donde se sancionó a Payo que este político es un “monstruito oportunista” que aprovecha del hartazgo de la ciudadanía. Lo trató de autoritario y de tinte fascista, además de compararlo al presidente brasileño Jair Bolsonaro. “Utiliza sus fueros para decir y hacer lo que quiere. Es violento este compañero, raya ya la violencia. Con suspensión no arreglamos, hay que cortar esta figura que no construye. Es un individuo que cumple un rol, una agenda”, lanzó.

La periodista Francisca Pereira indicó hoy a la 970 AM que Cubas molesta mucho al “corporativismo del Senado” porque roba cámara, conoce el expediente de cada uno de sus colegas, y no se puede contar con él para asociarse o hacer pactos, ya sea con el oficialismo o con la oposición, porque posee por su propio cronograma de acción.

En los pasillos del Parlamento ya se evalúa la posibilidad de echarlo y una de las formas previstas en la ley es el desequilibrio mental.

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.