A través de un pronunciamiento dado a conocer este lunes, Serpaj sentó postura respecto a la nueva denuncia de maltratos físicos en la esfera castrense, específicamente en el Liceo Militar “Acosta Ñu” – LICEMIL.

Bajo el título “Nuevos casos de Torturas, viejas prácticas en las FF.AA.”, la organización de derechos humanos lamentó lo ocurrido a tres cadetes menores de edad que actualmente cursan el 2º Año de la Media en dicha institución.

Según refiere en el comunicado, estos hechos pueden ser considerados como “prácticas de torturas en contra de jóvenes que por algún motivo se inscriben en sus filas”.

“Nos preocupa de sobremanera que los hechos denunciados podrían ser tipificados como tratos crueles, inhumanos o degradantes, se dan en el lugar donde se instruye a jóvenes a ser bachilleres y graduarse de Subtenientes de Reserva”, señala el texto.

Natalia Rodríguez, asesora jurídica de Serpaj, en entrevista con HOY manifestó que se hicieron eco de la denuncia a través de las publicaciones periodísticas y posteriormente pudieron ponerse en contacto con los familiares de los estudiantes afectados.

De acuerdo a lo que los mismos habían manifestado, la agresión se dio por parte de un cadete de un curso superior (3º año) que los habría golpeado en la planta de los pies con un palo, hecho que les provocó diversos hematomas en esa zona del cuerpo.

Las familias están analizando qué acciones tomar respecto a este hecho, según indicó Rodríguez, por lo que no se descarta la eventual presentación de una demanda o una denuncia penal.

“Como una organización abocada a la sensibilización de la población sobre la cultura de paz ya la no violencia activa planteamos el abolicionismo de las Fuerzas Armadas. No estamos de acuerdo en las condiciones en que se da este reclutamiento de jóvenes que en muchos casos se da de manera forzosa. Creemos que deben existir políticas públicas adecuadas para evitar que esto se vea como una solución, esto no soluciona ni el problema del desempleo ni de la falta de acceso a la educación”, expresó.

De igual manera, desde Serpaj también están analizando la posibilidad de acudir ante instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este y otros casos similares de maltratos a menores de edad en cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio y que fueron registrándose en el transcurso de los últimos años.

La organización de derechos humanos exige a las autoridades del Liceo Militar “Acosta Ñu” que ordenen unainvestigación a fondo de lo ocurrido, de manera a sancionar a los responsables y que se tomen los recaudos para evitar que hechos como este se repitan.

Asimismo, pide a la Fiscalía que pueda actuar de oficio para poder esclarecer los hechos de tortura a los que habrían sido sometidos los denunciantes y a otras instituciones como el Poder Judicial, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que puedan realizar las averiguaciones pertinentes y dar seguimiento a la denuncia.

El Ministerio Público, a través del fiscal anticorrupción Diego Arzamendia, peticionó que la Cámara de Apelaciones anule la decisión del tribunal.

Cabe recordar que los caseros Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, en junio de 2021. Se confirmó que estos acusados prestaron servicios en las propiedades del exdiputado Tomás Rivas en 2017 y cobraban salarios asignados por la Cámara Baja.

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Los antecedentes del caso señalan que el tribunal presidido por la jueza Laura Ocampos e integrado por los magistrados Juan Pablo Mendoza y Fabián Weisensee fallaron a favor del político de Ybycuí teniendo en cuenta lo que establece el Artículo 25 inciso 10 del Código Procesal Penal e hizo lugar a la extinción de la acción penal.

El fiscal Arzamendia tomó intervención debido a que la defensa de Rivas recusó al fiscal original de la causa, Luis Piñanez. El Ministerio Público sostiene que los tres magistrados incurrieron en una errónea aplicación del Art. 25 inc. 10 del CPP, dado que no hubo acuerdo ni consentimiento de la Fiscalía para la reparación económica.

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Los tres magistrados unánimemente admitieron el pago de G. 121.800.000 a la Cámara de Diputados, en concepto de devolución del dinero que cobraron en forma irregular tres caseros de Rivas, quienes supuestamente trabajaban en la Cámara Baja, pero no cumplían funciones en la sede parlamentaria, sino en la casa del exlegislador.

Asimismo, el tribunal dispuso el pago de G. 47.000.000, el año pasado, por parte de Rivas, a través de la Contraloría General de la República, para la reparación de escuelas ubicadas en barrios pobres.

El fiscal de Curuguaty, Christian Roig, imputó por intento de feminicidio a un hombre luego de agredir físicamente a su pareja, asimismo, abrió una carpeta fiscal para investigar el hecho.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva del imputado, Alejandro Ruiz Díaz Villar, de 36 años, quien ya fue aprehendido.

Los hechos se registraron el pasado 1 de mayo de 2024, en horas de la madrugada, y el Ministerio Público fue informado a través de una llamada telefónica realizada por un médico de guardia del Instituto de Previsión Social de Curuguaty, resultando víctima Delia Torres, quien llegó al centro médico con lesiones graves.

El reporte de los médicos refiere que la víctima llegó en estado inconsciente, con traumatismo de cráneo grave, fracturas a nivel de la clavícula y golpes de consideración a la altura del rostro. La mujer, debido a su estado de salud grave, tuvo que ser trasladada hasta el IPS de Asunción.

Los datos que se manejan señalan que después del hecho, al percatarse de la gravedad de la situación de la mujer, el supuesto agresor la llevó al centro médico local. Luego fue aprehendido por los agentes policiales de la comisaría 5.ª de Curuguaty, quedando a disposición del Ministerio Público.

Mónica Aquino, titular del gremio que aglutina a dicho ítem de prestaciones de ese tipo de servicios, expreso que los asociados a la nucleación, no tienen ninguna relación ni tipo de conexión alguna con explotaciones de esa naturaleza.

La dirigente sectorial remarcó que desde la agrupación, manejan proyectos para mejorar la situación de las trabajadoras del ámbito, a efecto de elevar reivindicaciones.

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En Paraguay el ejercicio de la prostitución no tiene prohibición alguna en el aspecto de la legislación. La Constitución en su artículo 86 establece el derecho a ejercer una actividad legal como medio de ingreso. Al no haber prohibición legal, se entiende que está permitido. No es ese el caso del proxenetismo, entendido esto como acción por el que una persona obliga o induce a otra a ejercer servicio sexual para fines personales del que infringe la ley.

El articulo 133 del Código Penal paraguayo establece penas a los que explotan a personas bajo la figura de proxenetismo.

El tema de aumento de casos de a trata de personas, salta ahora de vuelta al tapete tras conocerse informes provenientes de España, que señalan la residencia de miles de paraguayas en el país europeo, que se dedican a la prostitución, obligadas por bandas criminales.