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Yolanda Portillo fue la fiscala que dictaminó en enero del 2018 la reapertura de la causa a raíz de la denuncia presen­tada por el parlasuriano Nel­son Argaña, de Colorado Añe­tete; sin embargo, este desistió por el camino “a pedido de los amigos” del entorno del presi­dente de la República, Mario Abdo Benítez.

Duarte Frutos se jacta de que fue investigado tres veces por la misma causa. Sin embargo, él era nada menos que la máxima autoridad de la República cuando en el 2006 los fiscales Liliana Alcaraz y René Fer­nández tomaron el caso por primera vez. Cabe remarcar que esa pesquisa solo se enfocó en los bienes que oficializaron él y su esposa, María Gloria Penayo, según refieren publi­caciones de la época.

Duarte Frutos, así como muchos políticos, se valió de la correspondencia de bienes, que de manera extraña siem­pre les sale a favor en la Con­traloría. Quedaron fuera de la investigación nombres claves sindicados como testaferros, como el caso de su ya difunto concuñado José David Orrego, un modesto operador de com­putadoras que hacía de secre­tario en Mburuvicha Róga y quien en agosto del 2003 com­pró una estancia de 3.800 hec­táreas por US$ 350 mil, pero es un secreto a voces que en realidad es de Duarte Frutos el campo modelo.

Rosa María Penayo, viuda de José David Orrego, es her­mana de la esposa de Duarte Frutos y de trabajar como secretaria en el Banco Cen­tral del Paraguay (BCP), en el 2005 pasó a ser accionista de la firma Tembiaporã SA junto con su suegra, Francisca Aquino, según documentos de Hacienda. La sociedad se liquidó en el 2015.

El difunto Orrego y Rosa María, ambos de modesto nivel social, eran la cara visible de las millonarias inversiones.

Rodrigo Espínola Solaeche, otro sobrino de Duarte Frutos, de andar en un vehículo usado modelo 1996, sin antecedentes laborales en ese momento, en el 2006 estaba estrenando una camioneta de US$ 50 mil. Este mismo año compró al contado una casa de G. 350 millones, también realizaba adquisición y refacción de inmuebles en Coronel Oviedo, ciudad natal del actual director de Yacyretá. Llamativamente, recién en el 2012 el ex mandatario inscribe propiedades a su nombre en su urbe de origen.

Como se esperaba, el mandata­rio zafó de una imputación por enriquecimiento ilícito. Varios prestanombres sospechosos no fueron incluidos en la inves­tigación y se archivó la causa.

La segunda investigación por enriquecimiento ilícito se le reabrió al dejar la Presidencia fue en el 2008, pero Duarte Frutos consiguió un fallo judicial para que se investi­guen solamente sus ingresos y egresos del 2007 al 2008. Con esta limitación en la pes­quisa, el ex mandatario pudo zafar otra vez de la Justicia. Sin embargo, en ese año (2008) la Contraloría había informado que no existe correspondencia en los bienes de Duarte Fru­tos, quien declaró un patri­monio de G. 3.800 millones, cuando todo su ingreso de pre­sidente fue de G. 1.159 millones.

La última denuncia por enri­quecimiento ilícito contra Duarte Frutos fue presen­tada por Nelson Argaña en el 2016 y en la misma se suscribe el nombre de varios sindica­dos como testaferros. Después de dos años de congelarse esta denuncia, hace un año la fis­cala Yolanda Portillo reco­mendó que se reabra la causa por haber suficientes elemen­tos a investigar. Sin embargo, el actual director de Yacyretá logró encajar en el equipo del poder de turno y el parlasu­riano desistió de su denuncia hace dos meses.

LOS BIENES

Un búnker modelo que abarca 10 lotes a lo largo de una manzana, imposible de justificar con su sueldo de 5 años como presidente de la República. Una docena de propiedades inscriptas en Catastro entre Duarte Frutos y su esposa, Gloria Penayo, después de dejar el cargo de mandatario. Un gigantesco templo valuado hoy en unos US$ 250 mil y varios inmuebles registrados por la mujer en la ciudad de Atyrá entre el 2011/2012 forman parte de la colección de bienes que tiene. En Atyrá, la pareja tiene una paradisiaca quinta que Duarte Frutos había atribuido a una herencia familiar de la mujer. Gloria Penayo inscribió a su nombre inmuebles que anteriormente figuraban como propiedad de su hermana, Rosa María Penayo, sindicada como testa­ferro del ex presidente. Estas fincas están ubicadas en las inmediacio­nes de la casa de descanso. Duarte Frutos también inscribió propieda­des a su nombre en Irala Fernández de 450 y 17 hectáreas en misma fecha del 2/11/2012. Después de dejar la Presidencia se registraron inmuebles a nombre de ambos en Coronel Oviedo, San Bernardino, Atyrá, Chaco, Lambaré.

Hija y yerno en una sociedad de G. 1.000 millones

La prosperidad del actual director de Yacy­retá se hace extensiva a la familia.

En el 2015 se disolvió Tembia­porã SA, sociedad conformada entre Rosa María Penayo, la cuñada de Duarte Frutos y la suegra de esta, Francisca Aquino. El 4 de setiembre del 2015 aparece Pahiesa SA, firma integrada con G. 1.000 millones de capital entre María Betania Duarte Penayo, hija del actual direc­tor de Yacyretá, y su esposo, Ariel Samaniego Rotela.

Incluyeron también en Pahiesa a Rodolfo Amín Yambay y a Rocío Sama­niego Rotela, cuñada de la hija de Duarte Frutos.

Pahiesa se registra con activi­dad agrícola, ganadera y fores­tal. A través de esta SA empren­dieron un ambicioso proyecto agroforestal en el lugar deno­minado cuatro vientos. Sama­niego, yerno de Duarte Frutos, se había defendido cuando apa­reció en la nómina de supues­tos testaferros que denunció Nelson Argaña.

El joven había alegado que él y su familia se dedican al rubro agropecuario desde hace tiempo y tie­nen varias propiedades en el Chaco. Sin embargo, llama la atención que recién en el 2015 haya ofi­cializado por primera vez una sociedad anónima y justamente con la hija del eterno sospechoso de enri­quecimiento ilícito.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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La entrega de equipos informáticos incluyó 58 PC, 58 UPS y 30 tablets, así como 110 licencias de visualización TABLEAU, válida hasta finales de 2024.

Cabe recordar que en el mes de abril, 27 servicios de salud en 18 regiones sanitarias del Paraguay se unieron al HIS y a la fecha, ya suman más de 400 establecimientos que implementan esta herramienta, para una mejor eficiencia de recursos humanos, insumos y administración.

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La implementación del HIS en los establecimientos sanitarios a nivel país permite la organización eficiente de recursos humanos, gestión integrada de datos y la construcción gradual de la transformación digital que, sin duda, será́ el motor del cambio en la provisión de atención de calidad a los ciudadanos.

Esta transformación digital es encarada de forma conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y la Misión Técnica de la República de China (Taiwán), a través del “Proyecto para la Mejora de la Eficiencia en la Gestión de la Informática en Salud (Fase II)”, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), KOICA, Itaipú, el Banco Mundial y el BID.

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“Brasil y Paraguay concluyeron un importante entendimiento sobre Itaipú, atendiendo a antiguas demandas brasileñas y paraguayas, al establecer las directrices para la revisión del Anexo C. Este es un avance importante hacia un acuerdo que satisfaga a ambas partes”, informó Itamaraty.

El Ministerio señala que de la reunión en Paraguay participaron la ministra interina de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha y el ministro de Minas y Energías, Alexandre Silveira.

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Al respecto de la reunión, el presidente de la República, Santiago Peña, destacó también el avance positivo de las negociaciones con el gobierno de Brasil sobre la tarifa de Itaipú.

“Con determinación damos pasos firmes hacia el desarrollo. Con representantes de Brasil avanzamos en las negociaciones referentes a Itaipú, que fortalecerán nuestras relaciones y el desarrollo de ambos países”, escribió el presidente Santiago Peña en sus redes sociales.

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Cabe mencionar que este martes, autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron un avance sustantivo entre Paraguay y Brasil respecto a la tarifa por la energía eléctrica generada en la hidroeléctrica binacional Itaipú.

En conferencia de prensa, posterior a la reunión del presidente Santiago Peña con la delegación brasileña, ministros del Ejecutivo paraguayo confirmaron el arribo a acuerdos preliminares sobre la tarifa energética, el plan operativo de la Itaipú, así como las bases para la negociación del Anexo C de la binacional.