Pedro Alliana habló sobre el condicionamiento de Óscar González Daher para renunciar a la lista para el Senado y aseguró que él “está en todo su derecho de exigir eso”, refiriéndose al pedido de renuncia del senador Juan Carlos Galaverna.

Así también, agradeció que se haya aclarado el debate relacionado a la expulsión del exsenador de la ANR. “Ahora reconocieron que sólo a través de una convención se le puede expulsar y que no tenemos las herramientas legales o jurídicas para sacarle de la lista, es una decisión personal que él debe tomar y respetamos eso”, expresó.

Alliana recordó que “lo único que quieren es que se hable con la verdad”, criticando la actitud de algunos actores políticos que “están queriendo ganarse su minuto de fama o algunos espacios en medios de comunicación” al decir que queda bajo su atribución la decisión de sacar a González Daher de la lista parlamentaria o del mismo partido.

Aclaró que siendo miembro de la Junta de Gobierno y según lo que establecen los estatutos del partido, solamente una convención puede sacar al político luqueño del padrón de la ANR, no así de la lista del Senado.

El presidente del Partido Colorado señaló que están analizando cuál es el impacto que tiene el tema González Daher en materia electoral, por lo que confirmó que cuando vayan saliendo los primeros sondeos se estará viendo la situación con mayor detalle.

“Quiero que vean la oferta electoral que tenemos enfrente, hoy todos miramos la cuestión de González Daher nomás, pero no los Efraín Alegre con la ‘ruta fantasma’, los Filizzola con los helicópteros que no volaban, o los medicamentos sobrefacturados en época de Esperanza Martínez, ¿o esas son cuestiones menores que tenemos que dejar pasar porque no son del Partido Colorado?”, expresó Alliana.

En otro momento, hizo alusión al tema de los audios filtrados en los que se menciona al senador Adolfo Ferreiro. Sobre este punto, consideró que el senador de Avanza País “debería ser tratado de la misma manera en la que fue tratado González Daher u Oviedo Matto”, dando a entender su posible implicancia en hechos de tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.