Durante todo septiembre e inicios de octubre el Ministerio de Industria verificó varios supermercados de Asunción y el departamento Central, en relación a la resolución ministerial 353/16 que regula el uso de las bolsas de hule.

Los procedimientos detectaron que Todo Carne y Comercial Cacique, ambos situados en la ciudad de Luque, no cumplen con la normativa,

Por esta vez los interventores se limitaron a notificar y advertir sobre la infracción de la ley y las posibles sanciones.

También visitaron los supermercados Stock de Asunción y Luque; Luisisto y Real de Fernando de la Mora y uno de los locales de España en la capital. Todos los mencionados pasaron satisfactoriamente las pruebas.

Los fiscalizadores anunciaron que a partir de ahora los controles se intensificarán ya que la normativa tiene fines meramente ambientales.

La ley rige desde el 1 de abril pasado y aconseja la disminución del uso de plástico polietileno y su reemplazo por otros tipos de materiales como ser las bolsas de tela, papel o arpillera.

Fernando Kiessel Bejarano, 26 años, funcionario acusado de iniciar el incendio de la Caja Municipal, comenzó a delatar a sus mandantes, “personas muy importantes”, según expresó a los investigadores.

Si bien la Policía todavía no socializó los implicados por Kiesel, anunciaron que en el transcurso de las próximas horas se dará a conocer nombres.

La Caja de Jubilados municipales está presidido por Venancio Diaz Escobar (el anterior fue Bernabé Peralta), en tanto los consejeros actuales son Luis Caballero, Bibiana Brioschi, Juan Arístides Amarilla, René Medina y Cesar Gamarra.

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En nota 4803/23, la Contraloría General de la Republica había abierto un nuevo frente de investigación a directivos y exdirectivos de la Caja. La presunción de la pesquisa es que el incendio provocado fue para eliminar documentos que pueden incriminar a responsables de millonarias “tragadas” de fondos pertenecientes a jubilados municipales.

Pedro Benítez Aldana, gremialista de los jubilados, había apuntado que afiliados de la entidad están en condiciones de aportar datos que consignan que los millonarios robos que se perpetraron en la entidad, y que no recibieron penalización alguna.

“Es claro que en el incendio, que se desató en el segundo piso de la institución, destruyeron papeles que tienen relación a las irregularidades”, dijo el dirigente de los jubilados.

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Un crecimiento galopante tuvo el narcotráfico bajo el Gobierno de Mario Abdo Benítez, según se constata en el informe elaborado en la administración anterior por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), donde se muestra que el negocio en cuestión movió unos 25.000 millones de dólares entre el 2020 y el 2022, principalmente en el extenso listado de drogas incautadas en Europa y salidas de puertos paraguayos. El monto duplica al Presupuesto General de la Nación.

Hasta noviembre del 2022 se llegó a la cifra de 47 toneladas de cocaína incautada en países europeos. La cantidad, según se estima, era apenas el 10 % de toda la droga “exportada” por nuestro país. Desde el 2020 hasta agosto del 2023 fueron incautadas en el Viejo Continente 54 toneladas de cocaína remitidas desde Paraguay.

EL MINISTRO ANTIDROGAS Y UN AMIGO NARCO

El narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua confirmó durante audiencias ante la Justicia de su país que, en Paraguay se reunió con el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio en tres ocasiones.

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La primera, en la sede del Ministerio del Interior para proponerle proyectos a favor de las patrulleras de la Policía Nacional para las que ofrecía un blindaje. La segunda, en el gabinete del viceministro de Seguridad, cuando le llevó chalecos antibalas que pretendía vender para uso policial, ocasión en que dejó uno de “muestra”. Y la tercera, en la sede de la Fope. De hecho, la Fiscalía pidió juicio para Giuzzio por cohecho pasivo agravado (coimas recibidas del narco) a cambio de la adjudicación de licitaciones estatales a empresas de Vinicus.

VACACIONES EN LA CAMIONETA DEL MISMO NARCO

También como ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio pidió prestada una camioneta a Marcus Vinicios Espíndola a finales del 2022, cuando fue de vacaciones al Brasil. En aquella oportunidad, alegó que recurrió al capo narco porque su vehículo sufrió desperfectos mecánicos que lo dejaron varado cerca de la frontera, por lo que, llamó a Vinicius como un conocido suyo en el marco de las provisiones para el Estado, pero “sin saber que era un narco”.

TAMBIÉN EN LA SENAD

Antes del Ministerio del Interior, Arnaldo Giuzzio fue titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, cargo en el que tuvo como hombre de confianza a la Unidad de Inteligencia a Mauro Ruiz Díaz Vallejos.

Esta unidad es mencionada por Miguel Insfrán alias Tío Rico, como el área que le cantaba todos los operativos que iban a ejecutarse en contra de sus intereses. Este nexo le valió zafar de un sinnúmero de procedimientos, al punto que se jactaba de su amistad “con los de arriba”, según él reveló en conversaciones que mantuvo con el uruguayo Sebastián Marset. Cuando Giuzzio dejó el cargo de ministro antidrogas para ir al Ministerio del Interior, en su lugar quedó su entonces secretaria de cofianza Zully Rolón.

Esta última olla de los chats entre el narco Tío Rico y Marset, donde hablan del importante nexo en la Senad de la era abdista, se destapó tras la acusación fiscal formulada contra Tío Rico.

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La convocatoria publicada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con ID Nro. 449192 se divide en tres lotes: Lote 1: Ruta PY19, desde el tramo Villeta (Central) km 40 hasta Alberdi (Ñeembucú), con una longitud de 68,2 km. Lote 2: Ruta PY13, desde Curuguaty hasta Villa Ygatimí y Ypejhú, en Canindeyú, con una extensión de 82 km. Lote 3: Ruta PY09, desde la localidad de Mcal. Estigarribia hasta la estancia La Patria, y desde la estancia La Patria hasta Infante Rivarola de la DO92, abarcando un total de 175 km en el departamento de Boquerón, Chaco.

La fecha de recepción y apertura de ofertas está programada para el lunes 24 de junio de 2024, a las 09:00 y 09:30, respectivamente. Los documentos deben presentarse en la Mesa de Entrada Única del MOPC, ubicada en el primer piso, en la intersección de Oliva y Alberdi. La apertura de los sobres se llevará a cabo en el tercer piso, en el salón de actos.

El plazo estipulado para el contrato es de 18 meses, divididos en 12 meses para la etapa de rehabilitación y 6 meses para la de mantenimiento. Se estima una inversión total de G. 135.791.972.152.

Es importante destacar que el contrato de obra se basa en precios unitarios fijos, donde el MOPC, como contratista, ofrece precios aplicados a una lista estimada de cantidades de obras determinadas por la administración contratante. El valor total del contrato se determinará por la suma de estos precios unitarios multiplicados por las cantidades efectivamente realizadas.