La acusación formulada por la Fiscalía contra Miguel Insfrán, alias Tío Rico, para elevar la causa a juicio oral, revela un grave nexo entre el narco y un director de inteligencia de la Senad, designado por Arnaldo Giuzzio. La evidencia está en una serie de conversaciones entre Tío Rico y Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para zafar de los operativos antidrogas.

Para el ministro del Interior, Enrique Riera, todo empieza a cerrar ahora, pues, desde la épica en que se levantó el control en los puertos y se retiró el servicio de canes entrenados, la estructura ya estaba permeada, aliada y coordinada para no cumplir lo que manda la ley.

“Si el director de inteligencia de la oficina encargada de la lucha contra las drogas está metido en el baile, entonces, ¿qué garantías teníamos los ciudadanos?”, se preguntó Riera, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

El secretario de Estado trajo a colación la serie de ataques políticos propiciados durante la era Abdo contra la administración anterior, a través de la CBI (Comisión Bicameral de Investigación), el avión iraní y otros hechos con los que, a su criterio, se desvela que estaban desviando la atención.

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Para Riera, todo esto es gravísimo, pues implica que el Estado estaba más preocupado en perseguir a sus adversarios políticos que en cumplir sus propias funciones.

“Esta es la punta del ovillo hay que empezar a estirar el carretel para ver la punta dónde está”, afirmó el ministro, quien cree que, en cualquiera de los casos hay responsabilidad por acción o por omisión. “Esto tenía vínculos hacia abajo, con funcionarios menores y hacia arriba, con protección política”, enfatizó, en alusión al entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

A estos se suma la investigación que podría abrirse contra el funcionario afín a Giuzzio por su colaboración con la mafia. A criterio del actual titular de la Senad, Jalil Rachid, a simple vista, solamente mirando este estracto de chats, salta un concurso de hechos punibles, entre ellos, asociación criminal, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y violación de la confidencialidad del secreto profesional.

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“¿Qué harán ahora ciertos medios, que antes celebraban la decisión del Senado de no incorporar a Horacio Cartes como Senador a pesar de las resoluciones favorables, ahora que la situación ha cambiado? Este es el problema que generan ciertos medios a la democracia”, escribió Tuma en su cuenta de X.

En las elecciones generales del 2018, Horacio Cartes se candidató como senador de la nación. Para el efecto, el 11 de abril de ese año, la Corte Suprema de Justicia dio via libre a su candidatura, al declararla constitucional.

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Con este aval, Cartes participó de esos comicios, cuyos resultados lo ubicaron como el senador más votado. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) proclamó su candidatura.

Sin embargo, llegado el momento del juramento, el entonces titular del Congreso, Fernando Lugo, decidió no convocar a Cartes y en su lugar llamó a Rodolfo Friedmann, pese a no haber sido electo ni proclamado, requisitos indispensables para jurar.

Lugo hizo una interpretación de la Carta Magna y se tomó las atribuciones de la máxima instancia judicial, la única habilitada para la interpretación de la Constitución. Todo esto, pese a que existían documentos que lo obligaban a llamar a Cartes. Del mismo modo obró con Nicanor, en cuyo reemplazo ingresó Mirta Gusinky.

En aquel entonces, la posición de los medios anticartistas era la contraria a las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Hoy, en cambio, se declaran institucionalistas y muy apegados a lo que dicten las leyes y disposiciones judiciales. Es decir, en el fondo, no se trata de que la discusión sea institucional o constitucional, sino quién sea el involucrado, para, a partir de allí, mostrarse a favor o en contra.

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El fallo y Sentencia N° 5/2024 del TSJE con fecha 13 de junio de 2024, indica que “no existe violación del debido proceso, ni se han observado, ni aplicado de manera errónea las leyes electorales vigentes”

El documento agrega que no se observa ninguna vulneración de los derechos de la legítima defensa traducida, “por tanto no se vislumbra fundamento alguno que amerite revocar lo resuelto por el tribunal”.

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Cabe recordar que el 20 de junio de 2023, por unanimidad, el Tribunal de Conducta del Partido Colorado expulsó de su padrón a Gerardo Soria por transgredir el código de ética del estatuto partidario.

Gerardo Soria tiene en su haber un sinfín de denuncias que llevaron al Tribunal de Conducta de la ANR a iniciar un juicio en su contra y la posterior decisión de expulsión.

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En su tiempo fue conocido como “jefe de escritorio” de Itaipú, acusado de no acompañar a la lista 1 en las elecciones del 30 de abril del 2023, lo cual representó una transgresión contra la institución y contra las autoridades electas.

El dictamen de la Fiscalía General del Estado aconseja a la Corte hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González y en consecuencia, se deje sin efecto la resolución por la que se dio su pérdida de investidura.

“La Cámara Alta al resolver sobre la pérdida de investidura de la senadora Kattya González ha tomado un camino diferente al tratado en la resolución en cuanto al procedimiento y la mayoría requerida”, expresa el documento.

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La Fiscalía agrega que el procedimiento fue “inconstitucional” al soslayar la resolución de la pérdida de investidura reglamentada por la Cámara Alta.

Cabe recordar que a finales del mes de abril, la Sala Constitucional de la Corte dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Katya González en contra de su destitución del Senado. Sin embargo, rechazó la medida cautelar para que sea reincorporada a su banca.

El 14 de febrero del 2024, la Cámara de Senadores aprobó la pérdida de investidura de Kattya González, por el uso indebido de influencias fehacientemente comprobado.

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El 27 de febrero, la exsenadora del PEN presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de su expulsión. Entre los argumentos esgrimidos figuran la falta de notificación sobre la acusación, la ausencia de plazo para la defensa, la alteración ilegítima de la composición del Senado, la defraudación de la voluntad popular.