El jefe departamental indicó a radio UNO que presentó en tiempo y forma toda la documentación sobre el uso de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

Sin embargo para la Auditoria General del Poder Ejecutivo, encargada de verificar la rendición de cuentas, los papeles arrimados no estaban completos y solicitó información complementaria. Según Silva, todo se trató de “una mala interpretación de los funcionarios de la auditoria”.

“Por una tonteria (…) tuve que enviar a técnicos de la Gobernación para que expliquen la documentación que presentamos”, manifestó el liberal. Agregó que ayer fueron notificados de que están en regla y serán sacados de la “lista roja”.

“Es fácil decir el gobernador es un ladrón y después se demuestra que no y había sido no es, yo quedo mal ante la opinión pública”, se quejó.

AUDITORIA REMITIÓ LISTA DE IRREGULARES

En la página de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (http://www.agpe.gov.py) se encuentra la lista de los municipios y gobernaciones cuyas cuentas están bloqueadas por el Ministerio de Hacienda y que no recibirán más recursos del Fonacide por no haber cumplido con las rendiciones requeridas.

La página se actualiza cada viernes, según confirmó la ministra secretaria de la oficina gubernamental Berta Rodríguez. En la última actualización del 18 de febrero de este año, figura que 68 municipalidades y 3 gobernaciones están pintadas en rojo por haber presentado sus rendiciones de cuentas, sobre el uso del dinero del Fonacide, en forma insuficiente.

También figuran 112 municipios y 2 gobernaciones en color amarillo lo que quiere decir que remitieron parcialmente las documentaciones de sus rendiciones. Mientras que 12 gobernaciones y solo 69 municipalidades remitieron en forma correcta sus documentaciones al Ministerio de Hacienda y figuran con el color verde. En total son 266 las entidades habilitadas a recibir cada mes recursos del Fonacide (17 gobernaciones y 249 municipalidades).

Rodríguez explicó que la tarea de la Auditoría General del Poder Ejecutivo es la de analizar las rendiciones de cuentas que presentan los municipios y gobernaciones al ministerio de Hacienda, de tal forma a complementar esa revisión de documentos con las visitas in situ que hacen por muestreo para ver en qué estado de avance están las obras y si están bien hechas. “Tenemos un equipo de ingenieros que hace fiscalización de obras”, explicó la ministra.

Agrega que las entidades marcadas en rojo, lo que significa que no presentaron en forma su rendición se les bloquea y desde ese momento dejan de recibir los desembolsos. Esto significa que los estudiantes de estas localidades se quedarán sin la posibilidad de contar con mejores aulas y mucho menos mantenerlas en condiciones. Esto a raíz de la mala utilización de los recursos o de la inutilidad de sus autoridades.

La entrega se realizó a través de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y autoridades de la Gobernación con recursos propios.

Este sábado, la asistencia se extendió a la comunidad de Potrero González, distrito de Tacuaras, donde unas 28 familias recibieron ayuda inmediata, incluyendo la entrega de una canoa a remo para uso comunitario, facilitando así el acceso a sus hogares en medio de las inundaciones.

El despliegue de asistencia se extendió a lo largo y ancho del departamento, abarcando comunidades en Pilar, Tacuaras, Guazucuá y San Juan de Ñeembucú. En Pilar, se brindó ayuda a 510 familias, en Tacuaras a 649 familias, en Guazucuá a 575 familias, y en San Juan de Ñeembucú a 961 familias. Además, se prestó atención específica a grupos vulnerables como la comisión de chatarreros y la comisión de yuyeros ambulantes.

Los datos preliminares de la Secretaría Departamental de Gestión y Riesgos resaltan la magnitud de las lluvias registradas en el departamento de Ñeembucú en los primeros cuatro meses del año. Distritos como Guazucuá y Tacuaras experimentaron niveles alarmantes de precipitación, alcanzando el 76% y el 60%, respectivamente, de la media anual de lluvias. En Pilar, la situación no es menos preocupante, con el registro del 45,3% de la media anual en tan solo cuatro meses.

Un joven estudiante murió trágicamente en un accidente de tránsito que se registró ayer en horas de la tarde, sobre la calle Fernando de la Mora casi Presidente Hayes, en el barrio Lomas Valentinas de la citada ciudad.

La víctima fatal fue identificada como Juan Paul Ruíz Díaz de 21 años, quien circulaba a bordo de un automóvil Hyundai, con chapa DAJ 555. El otro vehículo involucrado es un automóvil Kia Cerato, chapa OAC 764, que iba al mando de Edgar Iván Dávalos Rivelli (21), quien quedó con lesiones.

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Según los datos policiales, Juan Paul circulaba sobre la mencionada calle, mientras que en el sentido contrario Dávalos Rivelli. En un momento dado del tramo, Juan atropelló un charco de agua, que se formó por la lluvia, perdiendo el control de su móvil yendo a impactar contra el rodado de Edgar Iván.

En consecuencia, Ruíz Díaz volcó quedando atrapado dentro de su automóvil. Lastimosamente el joven falleció al instante, en tanto, el otro conductor lesionado fue trasladado hasta un centro asistencial. El caso fue reportado a la Policía Nacional para los procedimientos correspondientes.

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Los funcionarios de la Receita Federal y de la Fuerza Nacional detuvieron a un joven paraguayo que se desplazaba a bordo de un vehículo equipado con un compartimento oculto lleno de marihuana prensada. El procedimiento fue realizado ayer en la aduana brasileña ubicada en la cabecera del Puente de la Amistad.

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Los encargados del control fronterizo abordaron un automóvil con chapa paraguaya y, al momento de la inspección, percibieron el olor a marihuana procedente de la parte trasera.

En tal sentido, procedieron a desarmar el paragolpes trasero percatándose de que había un doble fondo debajo del portabultos, por lo que procedieron a abrirlo encontrando 125 kilogramos de la droga.

Según los datos que brindaron, el conductor es un paraguayo de 25 años, quien fue detenido y enfrentará un proceso por tráfico internacional de drogas y se expone hasta a 15 años de cárcel.

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