Los labriegos que cerraron ayer la ruta X (Las Residentas) en Yasy Cañy, piden un subsidio de 3 millones de guaraníes por familia, que desaparezcan sus datos de Informconf y una política agrícola por parte del Gobierno. Este grupo de labriegos quemaron granos de chía en la ruta, durante el cierre.

Desde hace casi tres semanas los labriegos vienen cerrando la ruta III, en Santa Rosa del Aguaray, y otro grupo de campesinos lo hace en la ruta X de Yasy Cañy.

El Gobierno no otorgará subsidio alguno, recalcó Gattini. “Anteriormente se entregó en subsidio 60.000 millones de guaraníes cuando cerraban rutas. Ahora la política cambió”, aseguró el ministro de agricultura.

En cuanto a la condonación de deudas a los campesinos, Gattini señaló que se firmó un acuerdo con los campesinos de Santa Rosa del Aguaray (departamento de San Pedro).

“Vamos a hacer un censo porque la mayor parte de la producción de chía de este año, fue de empresas mecanizadas. Se firmó la compra de hasta 500.000 kilos de chía por parte de la empresa Bioexport”, explicó el ministro en Cardinal AM.

Muchos de los productores sostienen que fueron inducidos a producir chía, y hoy en día no pueden obtener réditos de sus producciones. En cuanto a ese reclamo, Gattini sostuvo que el Ministerio de Agricultura proveyó semillas a 2.000 productores en Alto Vera, San Pedro del Paraná y parte de San Pedro, en conjunto con la empresa Bioexport.

“Nosotros promovimos el cultivo de chía, pero con una empresa que fijó precios por medio de contratos. Lo que pasa es que muchos productores cultivaron por su lado, sin contrato, porque escucharon que otros lo hacían”, expresó.

Bioexport fijó el precio de la chía a 4.700 guaraníes el kilo. Con esto, el productor tiene ganancias, señaló Gattini. Muchos de los que plantaron la chía sin contrato previo con la empresa, o no venden, o lo hacen a 3.500 guaraníes el kilo. “La chía hace dos años llegó a venderse a 20.000 o 25.000 guaraníes el kilo”, explicó Gattini, lo que causó que muchos productores se volcaran a su producción, derivando en la sobre oferta actualmente.

“Si no tienen contrato, no se dediquen a producir chía”, sostuvo. “Tenemos muchos rubros alternativos, como el Ka’a He’ē, que pueden producir y las empresas están dispuestas a firmar contrato, el Ministerio también está dispuesto a subsidiar el 70 % en cuanto a infraestructura”, indicó.

Luego de la viralización del video y la correspondiente denuncia, finalmente la Policía logró detener el día de ayer a Guido Renato León Duarte, alias “Renato’i”, de 31 años.

El hombre es acusado por el homicidio de Alfredo Ramón Segovia Vera (36), ocurrido en la madrugada del miércoles en una bodega situada en el barrio San Isidro de Ciudad del Este.

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La detención se produjo en la vivienda de un familiar suyo, ubicada en el Km 11 Monday de la ciudad de Presidente Franco. De su poder incautaron el cuchillo con el que habría apuñalado a la víctima.

La filmación de circuito cerrado muestra el momento en que “Renato’i” propinó una estocada a Segovia a la altura del abdomen, la cual posteriormente acabó causándole la muerte. El motivo del ataque sería la negativa de la víctima a comprarle cerveza.

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León es un conocido adicto a las drogas y contaba con medidas alternativas a la prisión por un hecho de robo agravado, además de poseer antecedentes por resistencia y violencia familiar.

Al ser entrevistado por algunos medios, el ahora detenido dijo que actuó en defensa propia, ya que el fallecido supuestamente le había propinado un golpe por la cara, sin embargo, el video muestra que tal cosa nunca sucedió.

La actividad que busca rendir homenaje a los trabajadores de la construcción en general, en específico y principalmente a los albañiles, se llevará a cabo los próximos 4 y 5 de mayo, en la sede de la Gobernación de Caaguazú.

Mediante este concurso, los participantes también podrán ingresar a una base de datos para conseguir empleos, además de la posibilidad de acceder a capacitaciones para ampliar sus conocimientos en el ámbito de la construcción, que cada día va adquiriendo nuevas tecnologías.

“Los trabajadores de la construcción, con su labor, efectivamente son quienes están construyendo nuestro país. El oficio de constructor es sacrificado, es por ello que desde el MOPC queremos garantizarle la continuidad en sus trabajos y el crecimiento en este oficio”, señaló durante el evento, la ministra Claudia Centurión.

Rendir un homenaje al importante trabajo de los albañiles

“El trabajo, el sudor del día a día les permite sacar adelante a sus familias (..) Este campeonato nacional para nosotros es realmente importante. Estamos comprometidos en este trabajo en conjunto”, destacó por su parte el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto, quien adelantó que, con la base de datos, buscarán seguir impulsando oportunidades laborales.

Asimismo, el viceministro Víctor Villasboa, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), señaló que la ocasión es propicia para rendir un homenaje a los compañeros de trabajo que están día a día en las obras.

El agente fiscal Edgar Modesto Torales Gamarra, de la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, resolvió imputar a Carlos Yeruta Velotto por el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. El hombre es concejal municipal de la ciudad de 3 de Febrero, departamento de Caaguazú.

El ahora imputado es padre biológico 3 niños menores y en ese carácter no cumplió con la prestación alimenticia fijada el 15 de noviembre de 2023.

El hombre ha incumplido la prestación a favor de sus hijos, provocando de ese modo el empeoramiento de la calidad de vida de sus hijos menores, circunstancia que se acredita con el informe del Banco Nacional de Fomento y la manifestación de la denunciante. En este sentido, el informe señala que lo adeudado hasta la fecha de imputación asciende a la suma de G 11.341.000.

En relación a las medidas cautelares, el Ministerio Público solicitó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, sugiriendo las siguientes condiciones: 1) Obligación de presentarse el imputado los primeros diez días de cada mes ante el Juzgado Penal de Garantías, a fin de firmar el libro de comparecencia habilitado al efecto; 2) Prohibición de cambiar domicilio sin autorización judicial; 3) Prohibición de salir del país, sin autorización judicial; 4) Otras medidas que el Juzgado considere pertinente.

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