En entrevista con la radio Universo y el canal Gen, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, indicó que si bien existen softwares modernos que pueden instalarse en las penitenciarías para que bloqueen los celulares de los reclusos, no posee el presupuesto suficiente para adquirirlos para los 18 penales.

Indicó que hace tiempo ve la forma de instalar los bloqueadores en las cárceles pero que siempre encuentra dificultades de parte de las telefonías u otras instancias.

Ante esta situación adelantó que está trabajando con la Conatel y el Mitic para encontrar una salida que esté acorde al presupuesto. “Está en los planes, pero no puedo contar en cuáles penitenciarías porque me vendrán encima”, refirió para no entrar en muchos detalles.

Por otro lado fue consultada sobre si es posible hacer trabajar a los reos para que consigan su comida y al respecto dijo que es una medida imposible de aplicar por los tratados internacionales. No obstante, la autoridad afirmó que sí lo pueden hacer para hacer funcionar el centro penitenciario. Es decir, que los reclusos condenados se encarguen del mantenimiento de la huerta, por ejemplo.

Su detención se dio tras un allanamiento en la ciudad de Capiatá, específicamente, en la localidad de Posta Ybycua, según informó el comisario Hugo Grance, jefe de investigaciones de Central.

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Según los investigadores, González Veloso sería brazo derecho de Diego Ruíz, alías “Cabezón”, líder una peligrosa banda de asaltantes.

Está acusado de despojar de 100 mil dólares a un cambista en noviembre del año pasado en el barrio Villa Morra. En esa ocasión, su cómplice fue asesinado por la víctima del asalto.

El cuerpo del hombre fue abandonado por González y otro sujeto más luego de que protagonizaran un accidente de tránsito en medio de la huida, en la ciudad de Fernando de la Mora.

La víctima fue Armando Ismael Benítez Cabral, de 23 años, quien fue atacado cuando salía de una casa de cambios ubicada sobre la avenida Mariscal López casi Guido Spano en el barrio Villa Morra de la ciudad de Asunción.

El objetivo es favorecer el desarrollo y dinamismo de la productividad de las familias rurales del país.

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Los compradores pueden acceder a productos frescos y a precio justo, como queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera y pato. Además de huevo casero, choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel de abeja, maní, poroto manteca peky, habilla, poroto peky y almidón.

Así también ofrecen de su producción tomate, pimiento, mandioca, batata, verdeos en general, frutas de estación, granos en general, variedad de comidas típicas y tradicionales, artesanía, flores y plantas, entre otros.

Es impulsado por el Gobierno, a través de las Direcciones de Comercialización y Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con apoyo de la Entidad Binacional Itaipu y la UNOPS en Paraguay.

El actuario cuenta, entre otros cargos, con la acusación de haber participado del asesinato del periodista Humberto Andrés Coronel Godoy (6 de septiembre de 2022).

El camarista Bartolomé Domínguez Paredes aseguró no haber firmado el levantamiento de una orden de detención contra el individuo, que estaría involucrado también en un atentado a tiros contra la vivienda de otro criminal, Ederson Salinas, alias Ryguasu (gallina), quien sobrevivió a esa agresión, pero luego fue asesinado a balazos en el estacionamiento de un supermercado de Asunción, en febrero de 2023.

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El documento apócrifo en cuestión igualmente involucra a los magistrados de la Circunscripción Judicial de Amambay: Luis Alberto Benítez Noguera y Modesto Cano Vargas.

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Los tres jueces denunciaron el hecho ante el Ministerio Público de Pedro Juan Caballero, ante la Corte Suprema de Justicia y ante doctor César Diesel, superintendente de la Circunscripción Judicial de Amambay. El expediente acusatorio está a cargo del fiscal Andrés Cantaluppi.

“Es diferente mi firma, al mirar a simple vista se nota que no es la mía ni de mis otros dos colegas afectados”, dijo Domínguez Paredes a la emisora Imperio de Pedro Juan Caballero.

Acotó que nunca levantó la orden de detención y de rebeldía a personas procesadas con causas relacionadas a narcotráfico.

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