“Si queremos entender cómo es posible que sean capaces de cometer estos actos de violencia, hay que entender de dónde vienen. No es que sean monstruos, crecieron en un contexto de muchísima violencia”, explica este domingo a Efe la autora de “Morir es un alivio” (Grupo Planeta).

Entre 2014 y 2015, Karina García entrevistó para su tesis doctoral de la Universidad de Bristol a una treintena de exnarcotraficantes internados en un centro de rehabilitación del norte de México, cuyas implacables historias recoge ahora en el libro.

POBREZA Y VIOLENCIA: EL CÓCTEL NARCO

La mayoría comparten infancias rotas por la pobreza, la violencia machista de sus padres y la delincuencia de las pandillas en sus barrios.

“Crecieron en un contexto de muchísima violencia, donde las familias, los vecinos y el Estado les fallaron. Crecieron sabiendo que estaban solos y la única manera de protegerse era la violencia”, explica García.

La búsqueda de dinero empujó a muchos al narcotráfico, pero no siempre era lo más importante, pues “varios comentaban que lo que querían era respeto”.

Les daba lo mismo meterse a narcotraficante, a policía o a soldado. Lo que deseaban era “que la gente sintiera el mismo pavor que ellos con sus papás”, detalla.

También se metieron al crimen organizado para tener mayor acceso a las drogas, pues creían que “su vida era desechable y preferían morir jóvenes pero disfrutar al máximo”.

Pero de igual manera que entraban por la droga se salieron por ella. Muchos se volvían adictos y acababan siendo perseguidos por su propio cártel, por lo que tuvieron que refugiarse en ese centro de rehabilitación, cuya ubicación no revela.

“Allí se encuentra no solo un refugio físico sino espiritual. Se rehabilitan de sus adicciones, encuentran una familia, un apoyo, alguien que los trata con respeto”, comenta.

Karina García cree que “hay que desmitificar el mito del sicario rico, poderoso y glamuroso”, y a su vez quita importancia a la llamada narcocultura, formada por series, películas y canciones que ensalzan la vida de los narcos.

“Ellos (los entrevistados) escuchaban rock, hip-hop o incluso boleros. Tampoco tenían tele en sus casas. Su violencia no venía de la tele sino de su día a día”, ejemplifica.

LA GUERRA CONTRA EL NARCO, ¿UN FRACASO?

Durante varios meses, García estuvo entrevistando a esos exnarcos en conversaciones que podían alargarse hasta las cinco horas y en las que explicaban con todo tipo de escabrosos detalles las atrocidades que habían cometido.

Uno de ellos reveló que su cártel organizaba fiestas donde se mutilaba a personas en público en honor a la Santa Muerte.

“Fue difícil, hasta ahora estoy en terapia”, confiesa la investigadora.

Tras inmiscuirse de una forma tan humana en la vida de estos exnarcotraficantes, a Karina García no le preocupa que la acusen de justificarlos.

“Lo entiendo. Llevamos 15 años con esta violencia y la crueldad va aumentando. Entiendo que la gente está cansada. Claro que la violencia es cruel, pero si queremos combatirla tenemos que entender de dónde viene, cómo se origina”, expresa.

Por ello concluye convencida que la solución a la violencia y al narcotráfico pasa por medidas integrales de asistencia a la juventud y no por la guerra militar al narcotráfico, que considera politizada y fracasada.

“Esta guerra no tiene un sustento lógico ni farmacológico. La división entre drogas legales e ilegales es completamente arbitraria, sin evidencia científica”, sostiene.

Fue Estados Unidos el país que declaró la guerra a las drogas en 1971, la cual fue exportada a otros países de la región como México, donde se exacerbó a partir del mandato de Felipe Calderón (2006-2012) con un consecuente repunte de la violencia.

“Llevamos 50 años de guerra y el consumo de drogas no ha disminuido. La estrategia bélica no funciona pero en México y muchos países productores nos cuesta cientos de miles de vidas”, sentencia.

La víctima es Lucero López Maza, de 28 años y militante del Partido Popular Chiapaneco, que tiene presencia local.

“De acuerdo con las primeras investigaciones, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados” tras un acto de campaña de la candidata, detalló un comunicado de la fiscalía estatal.

Según testimonios de habitantes de la localidad, López Maza se desplazaba en un vehículo cuando fue interceptada en una gasolinera ubicada sobre una carretera.

La campaña de las elecciones generales del 2 de junio en México ha sido sacudida por una ola de violencia, sobre todo contra políticos que aspiran a puestos locales.

La policía y los cuerpos de emergencia informaron que otras dos mujeres, una de ellas menor de edad, y tres hombres murieron en el ataque.

Chiapas, en la frontera con Guatemala y escenario de disputas entre bandas criminales, ha registrado distintos incidentes que involucran a candidatos.

La noche del pasado lunes, Luis Ángel Flores, aspirante a dirigir el municipio de Rayón por el partido local Chiapas Unido, resultó herido en un ataque a balazos.

El 3 de mayo pasado, Juan Gómez, candidato a la alcaldía del municipio Benemérito de las Américas, también por el partido Chiapas Unido, salió ileso de un ataque a balazos que dejó sin embargo dos muertos, uno ellos el hijo del político.

El municipio de La Concordia es colindante con Chicomuselo, donde el pasado lunes se registró la masacre de 11 personas, entre ellos dos catequistas de la iglesia católica.

Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales, y hasta el 1 de mayo han sido asesinados 26 aspirantes a algún cargo rumbo a los comicios del 2 de junio, según un recuento sobre violencia electoral de la organización civil Data Cívica.

Fuente: AFP

Una mujer de 39 años demandó en Argentina a los fabricantes de AstraZeneca por un monto de 100 millones de pesos (unos 110.000 dólares) al asegurar que las tres dosis que recibió de esta vacuna le provocaron una enfermedad incapacitante, además de daños morales.

De esta forma, Flavia Ochoa se convirtió en la primera persona que acude a los tribunales de este país para exigir una reparación económica por parte del gigante farmacéutico anglo-sueco y del Estado argentino.

El caso ocurrió en la provincia de Córdoba, en donde la demandante afirmó que la vacuna le produjo el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema inmunitario y que puede paralizar el cuerpo.

De acuerdo con su testimonio, sus problemas de salud comenzaron el 4 de enero de 2022, después de colocarse la vacuna AstraZeneca, ya que empezó a sentir calambres, se le aflojaron las piernas y al día siguiente ya ni siquiera se pudo levantar.

En las semanas siguientes, una médica le explicó que podrían ser efectos adversos de la vacuna y otros le recetaron fuertes calmantes para paliar el dolor. Su movilidad se redujo casi por completo.

Tratamiento

Comenzó entonces un largo tratamiento que incluyó radiografías, tomografías, punciones lumbares y análisis bioquímicos, hasta que le diagnosticaron formalmente el síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.

Desde entonces sigue en rehabilitación, camina con andador y padece una extrema debilidad en las piernas, incontinencia, fuertes dolores en la espalda, rodillas, migrañas, mareos, náuseas y depresión. En enero del año pasado, le otorgaron el retiro por invalidez.

Junto con los tratamientos médicos postvacuna, Ochoa activó el camino judicial e interpuso una demanda en la que exige un pago de 110.000 dólares por concepto de incapacidad sobreviniente, fondo de reparación, proyecto de vida-pérdida, daño moral -suyo y de su pareja-, daño punitivo y daño emergente.

Ahora le tocará a los tribunales de Río Cuarto (Córdoba) decidir si la demanda avanza.

El caso se da a conocer luego de que AstraZeneca confirmara algunos efectos adversos de su vacuna y anunciara que ya comenzó a retirarla del mercado debido a la baja demanda.

En la lista figura el conocido Antonio Joaquim Mendes Goncalves da Mota, alias Motinha, brasileño que había huido de un operativo que se llevó a cabo en el departamento de Amambay.

La disposición de búsqueda de los acusados por narcotráfico, menciona con énfasis el tráfico de marihuana y cocaína desde Paraguay, que se convirtió en los últimos años en un “pasillo” de triangulación del estupefaciente químico proveniente de Bolivia.

Con intercepción de llamadas y mensajes, autoridades del vecino país accedieron a evidencias que incriminan a paraguayos en esquemas binacionales para traficar estupefacientes al Brasil, considerado como uno de los mercados grandes de destino de las drogas.

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En el caso referente a alias Motinha, los informes relevados por la Policía Federal, consignan que el mismo es considerado un pez gordo que opera principalmente desde la zona fronteriza paraguayo-brasileña.

El sujeto alternaba residencias entre ambos países, y el año pasado logró romper un cerco de operativo llevado a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y de la Policía. La acción se llevó a cabo en una de sus estancias ubicadas en Amambay, pero el resultado fue negativo, tras presuntas filtraciones que se verificó desde los entes en cuestión.

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