El presidente de Conajzar, José Antonio Ortiz, dijo hoy que la ley que regula la entidad a su cargo debe ser cambiada por obsoleta, porque no tiene atribución para intervenir las salas de máquinas tragamonedas autorizadas por los municipios. Planteó que ante la ilegalidad solo pueden acudir a la Fiscalía.

Sostuvo que por mucho tiempo todos tuvieron una mirada cómplice hacia la problemática y que ahora él desea regular las máquinas tragamonedas, a las cuales calificó de ser “una nueva modalidad del juego de azar”.

“Los municipios podrán autorizar locales exclusivos de máquinas, pero estas máquinas no están en locales, sino que a la vista de todos. Vemos a diario con mucha frustración porque no tenemos la prerrogativa de incautar, pero sí podemos hacer clausuras preventivas. Si clausuramos, al día siguiente te rompen la precinta y vuelven a operar. No es una solución a corto o mediano plazo, solo demuestra la debilidad de la institución. Hacer incautaciones es por órdenes de allanamiento vía Ministerio Público y eso lleva mucho tiempo”, alegó.

Ortiz comentó que al no ser un juego de azar propiamente, su institución está realizando un censo de cantidad y ubicación de las máquinas tragamonedas a fin de una mejor organización. Estimó que habría unas 17 mil distribuidas en todo el país.

El interpelado dijo que en el 2021 la Conajzar realizó 50 fiscalizaciones de las máquinas tragamonedas. Y que al contar con pocos funcionarios, delegó el trabajo a la empresa iCrop, luego de que esta firma presentara un proyecto a la institución reguladora. Reconoció que para ello no hubo licitación, sino que se adjudicó a la empresa tras la presentación del proyecto.

Justificó que la Conajzar “no tiene una mega estructura como muchos se imaginan, es imperiosa la necesidad de contar con un marco regulatorio y jerarquice a la institución. Existe una desatención o desprecio hacia esta institución, se hace difícil el control a los juegos de azar”.

Por otra parte contó que la Conajzar estableció que la empresa iCrop SA realice una transferencia en concepto de canon un jornal mínimo por cada máquina catastrada, pero que la firma propiamente no cobra el canon a los explotadores de máquinas. Dijo que a raíz de la pandemia el ente estableció una medida extraordinaria para el pago de canon y que fue aprobada por la Procuraduría General y otros entes.

“Si nosotros cobramos un canon irregular, es para regular la actividad”, argumentó ante los cuestionamientos de los legisladores del Senado. “No existe recibo de la Conajzar. Si hay recibo, que se presenten las denuncias en todo caso”, agregó.

Afirmó asimismo que la empresa iCrop SA, la cual figura como concesionaria en la Conajzar, no cuenta con máquina propia operando en el rubro de tragamonedas, aunque legalmente tampoco está imposibilitada de contar con la misma. Sin embargo, los senadores afirmaron que tienen la confirmación de la existencia de máquinas de iCrop que habían sido incautadas por algunos municipios.

“A lo mejor hubo una confusión, porque cuando los de iCrop hacen el censo, le ponen el sticker de su empresa pero eso no quiere decir que le pertenezca la máquina. Y felicito a los municipios que incautan las máquinas, eso es desalentar a las máquinas en las condiciones en que están”, respondió Ortiz sobre el punto anterior.

Como único punto en el orden del día, se desarrolló hoy la sesión extra en la Cámara Alta para la interpelación al titular de Conajzar, quien se encuentra en el escarnio por censar y regularizar -mediante una empresa privada- las máquinas tragamonedas existentes en puestos que no se dedican a los juegos de azar.

Según la investigación de La Caja Negra, la empresa iCrop S.A. presentó en octubre del 2020 una propuesta formal a la Conjazar, presidida por José Ortiz, para “regularizar” y explotar el negocio ilegal de las máquinas chinas. La propuesta de la empresa fue aceptada por las actuales autoridades de la Conajzar y se autorizó vía resolución el censo, catastro y explotación de un negocio que les genera en forma ilegal cerca de US$ 1 millón por mes.

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.