La Comisión Nacional de Juegos de Azar a través de una resolución y sin licitación, previa otorgó a una empresa privada la facultad de censar, catastrar, explotar y cobrar un canon mensual por la explotación de máquinas callejeras de juegos de azar que operan en la clandestinidad. El caso fue revelado por una investigación del Grupo Nación la semana pasada.

La resolución número 34 de fecha 8 de octubre de 2020 del ente regulador, que beneficia a la empresa ICROP S.A., autoriza la “nueva modalidad” de explotación con interven¬ción en la operación del juego de azar de máquinas electró¬nicas de calle en loca¬les cuya actividad comercial principal puede ser diferente a juegos de suerte o de azar. Se calcula que la firma ICROP S.A. mueve alrededor de US$ 1 millón por mes por la recaudación del canon.

Mediante esta resolución y sin licitación ni informe técnico ni jurídico que avale la decisión, la Conajzar autorizó a esta empresa privada para que realice el censo, catastro, fiscalización y hasta el cobro de un canon por cada máquina en funcionamiento.

El argumento de las actuales autoridades de la Conajzar, para justificar la decisión de delegar sus propias funciones y tercerizar el cobro del canon, tiene relación con incapacidad de control del negocio y la situación de hecho que se traduce en la proliferación indiscriminada de las máquinas chinas en sitios no destinados a juegos de azar.

Violentando su propia ley marco, además de otras resoluciones y decretos sobre juegos de azar, la Conajzar categorizó el negocio de las máquinas chinas como “una nueva modalidad de juego de azar de explotación transitoria” procediendo así a legalizar, a favor de una empresa privada, un negocio clandestino.

En la resolución en favor de ICROP S.A. estipulan que la empresa deberá abonar de forma mensual al Estado la suma de un jornal mínimo (Gs 80 mil) por cada máquina censada, registrada y explotada efectivamente bajo la “nueva” modalidad. Sin embargo, de acuerdo a documentos recogidos por La Caja Negra la empresa cobra entre 450 mil y 300 mil por cada máquina. De esta manera la empresa ICROP S.A. se embolsilla más del 70% de los recaudado por cada máquina.

En Paraguay la explotación y fiscalización de los juegos de azar se encuentran regulados por la ley 1016 que establece el marco regulatorio para todas las personas físicas y jurídicas que deseen instalar y operar juegos de azar.

El artículo 4 de la ley 1016 establece que la planificación, control y la fiscalización de los juegos de azar, de las actividades dedicadas a su explotación serán ejercidos por la Conajzar. Es decir, las facultades y atribuciones de la comisión poseen carácter legal y son indelegables.

Es decir, la propia ley de la Conajzar establece los límites y las atribuciones para la explotación de juegos de azar. Las máquinas de calle o máquinas chinas, como se conocen comúnmente a la explotación de juegos de azar callejeros, operan en total clandestinidad ya que se ubican fuera de las salas de juegos, por ende escapan a todo tipo de control, incluso del control municipal.

La Municipalidad de Asunción, en marzo de este año, resolvió declarar la inaplicabilidad de la resolución de la Conajzar por atentar contra el principio de la autonomía municipal. Consideran que no puede una resolución ajena al municipio disponer donde se habilitarán locales de juegos de azar bajo la falsa premisa de “nueva modalidad”. Anuncian que pedirán a la Corte Suprema declarar la inconstitucionalidad de la resolución.

Se calcula que existen unas 25 mil máquinas distribuidas en todo el país, aunque tampoco se tiene un registro oficial y se especula que podrían llegar hasta 150 mil, número casi imposible para nuestro país. Pero, partiendo de datos recabados desde la Conajzar, serían 25 mil las máquinas callejeras clandestinas que operan a nivel país y la empresa ICROP S.A. recaudaría cerca del US$ 1 millón solo por el cobro del canon. Y el 30% de esta recaudación trasladarían al ente regular. De ésta forma, la propia Conajzar “legalizó” un negocio clandestino y encima delegó sus funciones.

Presidió la reunión, desarrollada de manera virtual, la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de nuestro país, Mónica Recalde. Participaron los ministros de Trabajo de Argentina, Julio Cordero; de Brasil, Luiz Marinho; y de Uruguay, Mario Arizti.

Los secretarios de Estado coincidieron en la importancia de aprovechar el potencial de la tecnología para promover el empleo decente, al tiempo que se protegen los derechos de los trabajadores y se garantiza la equidad en el acceso y uso de las nuevas tecnologías.

Al respecto, expresaron la convicción de que el trabajo en todas sus formas, incluso a través de aplicaciones y plataformas digitales, debe garantizar un ingreso digno, una jornada laboral adecuada y protección social, sin desincentivar las inversiones en el sector. En todos los casos, coincidieron en la necesidad de que la legislación sea producto del diálogo social entre el Estado, los trabajadores y el sector empresarial.

En este sentido, insistieron en que la promoción del trabajo decente es un elemento central de las políticas laborales y subrayaron la importancia de fortalecer el diálogo social como mecanismo para la construcción de consensos, la prevención de conflictos y la promoción de relaciones laborales armoniosas y productivas.

Asimismo, destacaron la necesidad de intensificar los esfuerzos para promover la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo, incluyendo la eliminación de brechas salariales, la promoción de la participación de las mujeres y el impulso del empleo juvenil.

En otro punto, ratificaron el compromiso con la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso, así como con la reducción de la informalidad laboral.

Finalmente, abogaron por el diseño un Mercosur moderno, con capacidad de implementar políticas para generar riqueza, empleo privado de calidad con crecimiento, solidario y con responsabilidades y obligaciones compartidas.

Agentes de la Comisaría 8ª de Minga Guazú tomaron intervención en un caso de violencia familiar registrado el día lunes en una vivienda situada en la fracción Los Laureles del Km 24 Monday.

La persona que formalizó la denuncia ante las autoridades fue María Dominga Ruiz, de 40 años, quien afirmó haber sido agredida físicamente por su pareja, de nombre Edgar Rolón, de 40 años.

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Según menciona el diario La Clave, la mujer aquel día llegó a su domicilio cerca de las 18:30 hs, encontrando a su concubino en total estado de ebriedad.

El hombre alcoholizado le reclamó que supuestamente había llegado tarde de su trabajo, tras lo cual empezó a maltratarla verbalmente. La discusión fue subiendo de tono, al punto en que decidió propinarle un golpe de puño a su pareja.

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A raíz de la agresión y presa del miedo, Ruiz decidió escapar de la casa junto con su hijo de 9 años, refugiándose en la vivienda de una vecina, desde donde se comunicó con la Policía.

Tras recepcionar la denuncia, los uniformados de la Comisaría 8ª de Minga Guazú acudieron rápidamente al lugar y procedieron a detener al violento sujeto, quien permanece recluido en el calabozo.

Un hombre fue detenido en la madrugada de ayer sobre la avenida República Argentina, a la altura del barrio Terminal de Asunción, tras ser encontrado en su poder un vehículo que fue denunciado como robado. Se trata de Jonhatan Marcos Aravena Cataldo, de 29 años, quien reside en el barrio 8 de Diciembre de la ciudad de Lambaré.

De acuerdo al informe policial, Liz Caterine Toledo, propietaria del automóvil Toyota Vitz, con chapa AABP374, denunció el robo de su automóvil en la comisaría 6°. Sin embargo, un hecho muy llamativo ocurrió después y, es que camino a su domicilio, vio su vehículo en una estación de servicio, por lo que llamó al sistema 911.

La rápida acción policial permitió la recuperación del móvil en cuestión, además de la aprehensión del sospechoso. El caso fue comunicado a la fiscal de turno, Daniela Benítez, quien dispuso que el rodado sea entregado a su dueña bajo acta policial.