Gonzalo García, asesor jurídico de la Senabico, se refirió en entrevista con el canal Gen-Nación Media a la situación del banco Atlas, de la familia Zuccolillo, que reclama una estancia que está en poder del Estado paraguayo. Esto tras realizar turbias operaciones financieras con un testaferro del narco Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca.

Mencionó que cuando la Fiscalía incautó la propiedad “Cielo Azul” solicitó la posibilidad de no innovar o contratar, lo cual impide cualquier cambio jurídico sobre el terreno, por lo que el banco de los Zuccolillo no tiene la posibilidad de levantar esa orden, pese a que ahora pretende rematar el inmueble que está a cargo de Senabico.

“Nosotros vamos a agotar todas las instancias para lograr que se respeten las medidas cautelares”, dijo y advirtió que en el caso de que la justicia haga lugar al planteamiento del banco Atlas (de poder rematar el inmueble narco a su favor), esto puede dejar un precedente nefasto: “Se presenten falsos acreedores y los investigados recuperen sus bienes”.

García explicó que un tractorista, supuesto testaferro del narco brasileño, que no tenía el perfil de ser dueño de una gran estancia, solicitó un millonario crédito al banco Atlas, el cual le otorgó sin evaluar el riesgo que conllevaba esa turbia operación financiera, cuyo único fin era el de lavar dinero sucio proveniente del narcotráfico.

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🧐 Banco de los Zuccolillo en la mira.

📌 Dialogamos con Gonzalo García, asesor jurídico de SENABICO, para conocer un poco más.

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— GEN (@SomosGENAhora) June 15, 2022

EL NEGOCIO ENTRE ATLAS Y EL NARCO

Según documentos a los cuales accedió el equipo de La Caja Negra (Unicanal), la estancia “Cielo Azul” está compuesta por las fincas 7.034 (de 3.640 hectáreas), 10.914 (1.064 hectáreas) y 11.046 (1.242 hectáreas). En diciembre del 2010, la sociedad civil Santa Clara Komitee las vendió y transfirió a la firma Biocombustible Brasilero Biobras, por el precio de 2.500.000 dólares americanos. En ese entonces el presidente de Biobras era Ailton Alves de Lima.

En marzo del 2015, la presidencia de la empresa Biobras recayó sobre el señor Gilberto Suárez, quien aparece en la investigación fiscal como supuesto prestanombre del narcotraficante Luiz Carlos da Rocha.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas, de la familia Zuccolillo, para una línea de crédito con garantía hipotecaria.

Según consta en documentación, los abogados Eduardo Queiroz García y Jorge Enrique Vera Trinidad, en representación de Atlas, y Gilberto Suárez y la esposa de este, Rosa Amarilha Gomes (en calidad de codeudora), acordaron una línea de crédito de hasta la suma de US$ 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.

Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia “Cielo Azul”. Tras el incumpliendo del acuerdo, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la justicia. El Juzgado del 5to. Turno en lo Civil y Comercial, a cargo del magistrado Alfredo Barrios, fue el que inició el juicio del “Banco Atlas SA contra la empresa Biocombustible Brasilero Biobras SA y otros sobre ejecución hipotecaria”.

INTERVENCIÓN DE SENABICO

Al margen de la anterior causa judicial, el 5 de junio del 2020, la agente fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dispuso que la Senabico se haga cargo de la empresa Biobras Biocombustibles SA, en el marco de la investigación contra el narco Luiz Carlos da Rocha, y un mes después, el 7 de julio, la Senabico dictó la resolución 284/20 para administrar la empresa y sus bienes pertenecientes, entre ellos, las fincas que eran objeto de la ejecución hipotecaria del banco Atlas en la otra causa.

En el marco de la administración de la estancia por Senabico, el juez Barrios que tenía el caso del banco Atlas contra Biobras dictó una sentencia definitiva que ordenaba la subasta del establecimiento ganadero, prevista para el 11 de febrero del 2021.

Sin embargo, en la causa penal contra Da Rocha, la jueza Lici Teresita Sánchez dictó un auto interlocutorio el 4 de febrero de ese año, disponiendo la medida de “prohibición de contratar” sobre varios inmuebles, entre ellas la de “Cielo Azul”, perteneciente a la empresa Biobras.

El 9 de febrero de este año, el director de Asuntos Legales de Senabico, Santiago Arza, presentó un pedido de suspensión del remate judicial ante el juez Alfredo Barrios. En su solicitud aclaró que no se buscaba perjudicar al acreedor (banco Atlas), ya que el artículo 89 del Código Penal Paraguayo establece la indemnización de terceros cuando ocurra el comiso de los bienes. Argumentó que el remate será lesivo no solo a los intereses de Senabico sino que también del Estado paraguayo. Y recordó que el comprador que adquiera los inmuebles no podrá inscribirlos a su nombre, al existir la prohibición de contratar que pesa sobre los mismos.

Tras esta solicitud de Senabico, el juzgado dictó la providencia mediante la cual se suspendió el remate y el Banco Atlas apeló la decisión, por lo que la causa se elevó al Tribunal de Apelación, Segunda Sala, donde debe estudiarse el expediente.

Esta tarde, siendo aproximadamente las 15:50, se produjo un intento de fuga en la Penitenciaría de Mujeres “Casa del Buen Pastor”, reportó el Ministerio de Justicia a través de sus redes sociales

El hecho involucró a la interna Ismelda Antonella Rodríguez Belatti, de 23 años de edad.

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La cartera estatal señaló que la interna fue divisada en el techo de la penitenciaría y fue apercibida a bajar. Ante su negativa se tuvieron que realizar disparos intimidatorios.

“Finalmente, fue reducida y derivada a la Sanidad en donde se verificó que no presentaba ningún tipo de heridas y fue puesta a resguardo con seguridad”, resaltó el Ministerio de Justicia.

Desde la Procuraduría General de la República están asistiendo las gestiones del titular de Copaco, Óscar Stark, para hallar una salida a los problemas económicos.

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Marco Aurelio sostuvo que los escenarios futuros que se pueden presentar a la entidad solo la Copaco puede identificar, pero afirmó que, pese a la crisis, de momento no se podría declararla en quiebra a Vox.

Un acreedor de Hola Paraguay Vox solicitó un juicio para declarar en quiebra a Copaco por una deuda de 100.000 dólares por el alquiler de una propiedad.

“Hay un pedido de quiebra para Vox, que es una empresa cuya propietaria es Copaco. De manera extraoficial ya nos pidieron apoyo, en principio creemos que no se cumplen los requisitos para declarar en quiebra”, expresó el procurador a la radio 730 AM.

Indicó que los expedientes se están analizando y, también, las documentaciones que la Copaco está proveyendo para determinar los caminos jurídicos que se deben tomar.

En total, cerca de 30.000 millones de guaraníes adeudan entidades del Estado a Copaco por la provisión del servicio de telefonía e internet.

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“Quiero darle la tranquilidad a la ciudadanía, no hay ninguna conversación de paro con los transportistas”, expresó el viceministro Emiliano R. Fernández, en conversación con la 1020.

La aclaración del viceministro se dio luego de los rumores de posible paro de transportistas, ante supuestas desavenencias con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, en relación a los datos de las tarifas técnicas, pago de subsidios y otras cuestiones.

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“Estamos trabajando con mucha fuerza con los transportistas. No existe ningún documento sobre el paro, esa es la única verdad, no sabemos de dónde sacaron el tema”, agregó el viceministro de Transporte.

Al respecto, subrayó que en la reunión con los transportistas les transmitió su confianza y deseo de trabajar en un nuevo sistema para el transporte público.