La provisión de insumos y medicamentos para tratamientos de los pacientes de las distintas patologías, de forma oportuna, es uno de los derechos constitucionales que ampara a los paraguayos. Las asociaciones de pacientes piden acelerar los procesos y terminar con la burocracia. 

“Pedimos agilizar y optimizar la gestión de compra de los medicamentos. Los pacientes no podemos esperar en especial cuando se trata de enfermedades tan delicadas como las oncológicas”, dijo Gloria Fornerón, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS.

Amalia Cutillo, presidenta de la Asociación Guerreros de la Artritis (AGA), pide a las autoridades de salud de este Gobierno que redoblen sus esfuerzos para lograr servicios de salud de calidad para todas las personas. “Cada segundo que ganamos en un tratamiento vale para ganar la batalla en miles de enfermedades”, dijo. 

“Es imperante anteponer la salud y la vida de las personas ante cualquier otra excusa. Sea esta negligencia, ineptitud, mala gestión, falta de transparencia o corrupción. Debemos entrar a la era digital y valernos de la tecnología para propiciar un proceso, gestión y tratamiento eficiente, transparente y de calidad para todos, señaló Norah Giménez, directora ejecutiva de la Fundación Unidos Contra el Cáncer (Funca).

Las asociaciones de pacientes coinciden en señalar que, tras la vuelta a la normalidad, luego de meses de incertidumbre debido a la pandemia, los aislamientos y los centros médicos abarrotados con pacientes de COVID-19, la provisión de medicamentos en el IPS llega a ser toda una peregrinación para pacientes oncológicos y de enfermedades autoinmunes. 

En Paraguay el cáncer ocupa el primer lugar en lo que corresponde a muerte prematura antes de los 70 años, mientras se estima que unas 150.000 personas se diagnostican anualmente con enfermedades como artritis reumatoidea. Más de 600 personas tienen esclerosis múltiple, 7 de cada 10 son de escasos recursos y solo el 33 % accede a un diagnóstico y a atención médica.

El tratamiento de estas patologías generalmente implica medicamentos de elevado costo, por lo que el único centro de referencia es el IPS, que se sostiene gracias al aporte de todos los trabajadores del país. 

Instan a las autoridades del IPS a acelerar los mecanismos que permitan a la previsional contar con todas las alternativas de tratamiento en la brevedad posible, porque en muchos casos implica la diferencia entre la vida y la muerte de los pacientes.

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.