Desde el 2021 ya comenzaron las campañas políticas de autoridades del Gobierno de Mario Abdo Benítez, para las internas coloradas del 18 de diciembre y para las generales del 30 de abril del 2023.

Uno de los primeros fue el actual vicepresidente Hugo “Toro” Velázquez, quien el año pasado oficializó su precandidatura a la Presidencia por el nuevo movimiento Fuerza Republicana, con el respaldo de Mario Abdo Benítez.

Dando por hecho que la gente ya olvidó su participación en el acta secreta bilateral entreguista de Itaipú, posteriormente anulada por Jair Bolsonaro para salvar el pellejo de su amigo Marito, Hugo Velázquez inició sus recorridos departamentales en busca de votos de las bases coloradas.

No fue sino hasta finales de febrero de este año, que Velázquez anunció a la dupla que lo acompañará en la chapa. El entonces ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, quien recién el 11 de marzo, luego de mucha presión mediática por no poder mezclar algo tan delicado como la educación con la política, decidió renunciar al cargo.

Ya hacia finales del 2021 se especulaba que también Abdo lanzaría alguna candidatura, y aunque, su postulación a la Junta de Gobierno de la ANR aun siendo presidente de la República era un secreto a voces, el mandatario prefirió ir dilatando la confirmación de algo que ya tenía decidido. En diciembre afirmaba que respondería en marzo, llegado ese mes decía que, a la vuelta de Semana Santa, pasadas esas fechas guardó silencio, hasta que finalmente en los primeros días de mayo se animó a dar la noticia.

A criterio de algunos, su candidatura es inconstitucional, ya que, en caso de ganar, se generaría una incompatibilidad para el ejercicio simultáneo de dos cargos, tomando en cuenta que un Jefe de Estado puede dedicarse única y exclusivamente a sus funciones.

A Mario Abdo se le fueron sumando integrantes de su gabinete y colaboradores cercanos, a medida que transcurrían las semanas. Muchos de ellos continúan hasta hoy en el cargo, sin importarles estar en campaña “al mismo tiempo”, por decirlo de alguna manera, aunque algunos parecieran dedicarse al proselitismo 24/7.

Uno que ocupa un puesto muy importante y sensible es el doctor Julio Rolón, exviceminsitro de salud, candidato a senador y todavía director del Incan (Instituto Nacional del Cáncer), donde los pacientes pasan penurias paralelas a las que de por sí ya implica la propia enfermedad.

Asegura que separa muy bien sus funciones de director de su vida política y de su campaña, sin embargo, se torna inevitable mezclar ambas cosas y todavía más difícil dedicarse de lleno a las labores de un hospital de referencia para el tratamiento de enfermedades oncológicas.

El ministro de Salud, Julio Borba, aun no inició una campaña abierta, sin embargo, fue inscripto como candidato a senador. Además, el doctor Carlos Pallarolas, médico terapista de Ciudad del Este, sí se encuentra en intenso proselitismo por su candidatura a la Gobernación de Alto Paraná.

Mario Varela, ministro de Desarrollo Social, otro miembro del Gabinete de Abdo, también es candidato a senador por Fuerza Republicana y aun así, continúa al frente de una institución que tiene como misión principal la asistencia a sectores desfavorecidos y en donde, por ende, hacer campaña es todavía más factible y tentador. Es más, la institución a su carga forma parte del plan de “recuperación económica” anunciado para el segundo semestre del año.

Denis Lichi, presidente de Petropar, se candidata a la Gobernación de Cordillera por Fuerza Republicana, sin embargo, hasta aquí no le puso fecha a su renuncia, sino al contrario, sigue campante en medio de fuertes cuestionamientos hacia dudosas licitaciones en la petrolera estatal.

El presidente de Essap, Natalicio Chase, otro secretario de Abdo que permanece en el cargo mientras al mismo tiempo está en campaña para la senaduría nacional y pidiendo votos para“El Toro”. Los caños rotos, las pérdidas de agua y el pase de pelota con las municipalidades por el estado de las calles tampoco tienen fecha de caducidad.

La ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo. También busca la senaduría por Fuerza Republicana y últimamente se la ve mucho más participativa de todas las actividades como: presentaciones de cursos de capacitación del SNPP, ferias laborales, reconocimientos y entregas de obsequios a pequeños emprendedores, entre otras cosas.

La titular de la Diben (Dirección de Beneficencia), Carmen Alonso, también aspira a la senaduría nacional por el oficialismo colorado y al igual que el resto el gabinete en campaña, no consideró aun dejar el cargo para dedicarse exclusivamente a su campaña.

Por Silvia Aguilar

Hace unos días fue noticia el caso en el que una mujer denunció ser víctima del robo de su celular en una tienda en Asunción, pero lo más grave de la situación no se resumió solo al hurto, sino que los delincuentes vaciaron su cuenta bancaria y solicitaron un préstamo por 53 millones de guaraníes. Todo a través de la aplicación del banco.

Para el experto en ciberseguridad, Miguel Ángel Gaspar, este caso es conocido como ataque ransomware o secuestro de datos. Ocurre todos los días en el país y se da, la mayoría de las veces, porque son las propias personas quienes exponen innecesariamente sus datos.

Durante una entrevista en el canal GEN/Nación Media, mencionó los casos más frecuentes en los que la gente expone información confidencial. Un ejemplo es cuando se guarda como un contacto las contraseñas de los sitios bancarios o se anota en bloc de notas, y otros errores comúnmente cometidos.

“Hay personas que se quejan porque le vaciaron sus cuentas, pero cuando vamos a hacer la forensia encontramos que, dos semanas atrás le dieron click a un enlace donde no debían y terminan comprometiendo el dispositivo porque le instalaron en el celular una herramienta de acceso remoto y con eso ya nadie necesita saber tu contraseña, acceden”, expresó Gaspar.

El experto en ciberseguridad sostuvo que hay aplicaciones que merecen ser cuidadas porque no son seguras, e hizo hincapié en aquellas que aparecen como sugerencia en cualquier red social y que, posteriormente se descargan, es una estrategia que utilizan los hackers para vulnerar los datos.

En los últimos tiempos, el Token digital se hace presente en transacciones y operaciones bancarias. Según Gaspar, es fiable y se utiliza para evitar tener un solo pin transaccional, pero hay mecanismos que se deben usar para que sea aún más seguro.

“Dejen de usar el SMS como Token. Es vulnerable, entonces debemos tener otras aplicaciones que reemplacen al SMS como llaveros digitales y que nos permitan tener un Token más seguro”, agregó.

De acuerdo a sus declaraciones, el 90% de las víctimas de vaciamiento de sus cuentas perdió el control sobre sus claves o contraseñas, por lo que, la sugerencia es que, si se van a guardar como contacto, se utilicen nombres propios o, la mejor opción, utilizar el mismo pin para todas las operaciones, así se maneja una sola información.

Por Gabriela Marmori Battilana

En política, las mayorías legislativas son siempre coyunturales (de acuerdo a las circunstancias del momento). Algunas pueden tener la fortaleza de prolongarse un poco, pero ninguna es capaz de evitar grietas, que luego se convierten en rupturas e impiden que perduren todo un Gobierno.

El presente nos indica que el oficialismo goza de una clara mayoría que le valió a Santiago Peña la aprobación de todos los proyectos que impulsó desde el Ejecutivo, pero que también implicó desaciertos. Sin embargo, la tenencia de esa mayoría, tanto en un partido al frente del poder como en la oposición, siempre ha sido aprovechada y, muchas veces, con tinte inconstitucional.

Vayamos hasta el 1 de julio del 2018, cuando los nuevos parlamentarios electos en abril de ese año asumieron en sus respectivas bancas. El entonces presidente del Congreso, Fernando Lugo, con aval de la mayoría que acudió para el juramento (sin quórum, no hay sesión) fungió de integrante de la Sala Constitucional de la Corte al hacer un ejercicio de interpretación de la Constitución Nacional, facultad que ni los magistrados de rangos inferiores la tienen.

En la ocasión, pese a tener consigo la lista oficial de senadores electos y proclamados por la Justicia Electoral (solamente pueden jurar los electos y proclamados por el TSJE), Lugo hizo correr la lista y resolvió que los proclamados Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes no presten juramento. En vez de ellos, convocó a Mirta Gusinky y a Rodolfo Friedmann.

Aquí, Lugo interpretó que, al ser Nicanor y Cartes expresidentes que culminaron sus mandatos, no podían integrar el quórum ni ser senadores activos. Esto lo establece claramente el artículo 189 de la Constitución Nacional, sin embargo, el TSJE, máxima autoridad en materia electoral, no solamente habilitó la candidatura de ambos, sino que, posteriormente los declaró electos y los proclamó (requisitos indispensables para jurar).

En nuestro país rige un sistema de control concentrado, mediante el cual, el único organismo autorizado y con atribuciones de interpretar la constitucionalidad o no de una determinada legislación o acción es la Corte Suprema o su Sala Constitucional. El artículo 247 de la CN indica que: El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir.

Yendo a otro ejemplo de uso de mayorías, pero esta vez, sin cuestionamientos constitucionales, aparece la alianza entre el abdismo y la izquierda para copar ambas cámaras del Congreso en el año 2022.

En la Cámara de Diputados madrugaron a Pedro Alliana, quien llevaba cuatro periodos consecutivos en la Presidencia y, no pudo alcanzar el quinto, pues, pese a los intentos por evitar la victoria opositora, finalmente fue electo nuevo presidente el liberal Carlos María López. En la ocasión, hubo todo tipo de especulaciones sobre las negociaciones y los ofrecimientos que corrieron bajo la mesa para concretar la conquista liberal.

Paralelamente, en la Cámara Alta, también en ese mismo periodo, reeligieron a Óscar Cachito Salomón, mediante una repentina recomposición de bancadas coloradas, liberales y de izquierda que aparecían distanciadas, pero que se aliaron para el knock out.

Un caso más fresco sobre el uso de mayoría nos retrotrae al 14 de febrero de este año, cuando el oficialismo colorado aprobó la pérdida de investidura de la senadora Kattya González, bajo el argumento del uso indebido de influencias. El pedido de comisionamiento de un funcionario de la Contraloría José Luis Torales a la Cámara de Senadores, solicitado vía nota por la propia legisladora, el doble cobro de honorarios de dicho funcionario (en Contraloría y en el Senado), la firma de Kattya en una planilla que indicaba que su equipo trabajó un feriado, misma fecha en que una de sus integrantes se mostró felizmente en una playa de Norteamérica fueron algunos de los elementos que contenía el libelo acusatorio.

Algunas interpretaciones señalan que el uso de esta mayoría fue legítimo y constitucional, por enmarcarse dentro de lo que establece el artículo 201 de la Carta Magna sobre la pérdida de investidura, donde una de las causas de pérdida es el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado. Otros, en cambio, opinan que, casos como el utilizado para expulsar a Kattya hay a montones en cada banca y que, de ser así, muchos más deberían ser destituidos.

Otro sector de la biblioteca considera que, si bien la decisión es constitucional, aun así, representa un desacierto político, no solamente porque ejemplos similares salpicarían a otros legisladores con quienes no se aplica la misma vara, sino porque con la expulsión, la despidieron como mártir de la oposición y los impulsores quedaron como los malos de la película.

Volviendo a la discusión de lo constitucional, el 28 de febrero, senadores de la oposición lograron juntar las firmas necesarias para convocar a una sesión extraordinaria el jueves 29, con el fin de anular la resolución mediante la cual se aprobó la pérdida de investidura de Kattya. Sin embargo, finalmente no tuvieron quórum, pese a jactarse horas antes de que ya habían conseguido los números.

Al margen de que no lo hayan conseguido, aquí dejaron sentada otra discusión constitucional. ¿Es acaso posible anular una pérdida de investidura mediante un simple proyecto de resolución? ¿Es reversible una expulsión? No lo sabemos, pero acciones de esta talla son las que también ellos criticaron.

En un caso posterior, la oposición y la disidencia colorada también hicieron uso de la mayoría para blindar al expresidente Mario Abdo Benítez de una investigación abierta en su contra. La justicia comunicó al Senado la apertura de una causa contra él por los hechos punibles de supuesta revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal.

Como expresidente y senador vitalicio, Abdo conserva su inmunidad parlamentaria, por lo cual, es necesaria la aprobación del desafuero para avanzar en una investigación. Sin embargo, lejos de permitir que sea la justicia la que haga su trabajo, legisladores abdistas y opositores no dieron sus votos para el efecto.

Lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados con Mauricio Espínola, investigado por los mismos hechos punibles presuntamente cometidos cuando se desempeñaba como secretario de Mario Abdo Benítez. Al principio, Espínola había dicho que él mismo se pondría a disposición de la justicia, pero posteriormente solicitó protección y la obtuvo, ya que tampoco lo desaforaron.

La interpretación del abogado constitucionalista Marcelo Duarte al respecto indica que, la función del Legislativo a la hora de recibir un pedido de desafuero es simplemente analizar si cumple los requisitos y las formas, no juzgar los hechos en sí, pues, esto último, no es parte de su competencia.

Sepa más: La función del Congreso ante un pedido de desafuero: visión constitucionalista

A este uso de mayoría a los efectos del blindaje le siguió otra acción inédita, insólita y para muchos, nula. La repentina y sorpresiva resolución por la cual se dejó sin efecto los desafueros de Rafael Filizzola, Hernán Rivas y Erico Galeano, procesados por la justicia por diferentes hechos punibles.

Esta decisión generó una crisis judicial en la que, nadie sabía cómo desatar el nudo y otros planteaban directamente desconocerlo, ante su evidente ilegalidad, pues no existe la figura de restitución de fueros y tampoco aparece nada similar entre las facultades del Legislativo.

Los fiscales de las respectivas causas pidieron a los jueces una aclaración de cómo debían seguir los casos. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado presentó una acción de inconstitucionalidad exponiendo los artículos 137 y 248 de la CN. El primero estipula que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuesto a lo establecido en esta Constitución”, el segundo, establece que el funcionario solo puede realizar los actos estrictamente legislados, con prohibición absoluta de lo no admitido.

Nota relacionada: Fiscalía General acciona contra la restitución de fueros

Ante esta laguna política y jurídica, se produjo otra acción inédita. El movimiento Honor Colorado solicitó un dictamen constitucional respecto a la restitución de fueros. El resultado les indicaba que se equivocaron y que no es posible devolver la inmunidad a un parlamentario. Con esta visión constitucionalista en mano, finalmente aprobaron una resolución mediante la cual anularon la restitución de fueros, es decir, los tres senadores quedaron nuevamente sin protección parlamentaria.

En todos estos ejemplos citados hubo uso de mayorías tanto del oficialismo como de la oposición y de todos los partidos políticos. Sin embargo, algunas voces expresaron su indignación solamente contra un sector. Al margen de las opiniones y posiciones, lo concreto es que, ninguno puede decir que no se equivocó o extralimitó.

Por Robert Bourgoing (@robertb_py)

Cambridge Analytica. Quizás ahora pase algo desapercibido y hasta sea desconocido por algunos, pero en su momento, este nombre estuvo en boca de todos por un escándalo de considerables proporciones.

Hay que retrotraernos al año 2018, cuando esta empresa de análisis de datos pasó a estar en el ojo de la tormenta tras descubrirse que había utilizado información personal de más de 87 millones de usuarios para presuntamente favorecer la campaña presidencial de Donald Trump.

LOS ANTECEDENTES

El periódico The Guardian se encargó de filtrar una serie de documentos confidenciales, a través de los cuales se pudo demostrar cómo Cambridge Analytica había fraguado un ingenioso plan para permitir a Trump ganarse a la opinión pública y con ello llegar a la Casa Blanca.

Los informes revelados por el medio británico -obtenidos gracias a un exempleado de la firma, de nombre Christopher Wylie- muestran que la consultora con sede en Londres fue capaz de recopilar datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento.

Dichos datos fueron obtenidos a través de la aplicación “This Is My Digital Life”. Su funcionamiento era muy simple: la plataforma exhibía una serie de preguntas para así elaborar perfiles psicológicos de usuarios de Facebook. De esta forma, obtuvo actualizaciones de estado, “me gusta” y mensajes privados.

Esa aplicación pedía permiso para acceder a los respectivos perfiles como así también a los contactos agregados en la red social, lo cual a su vez ayudó que la consultora acceda a información personal de millones de personas.

La persona detrás de esta idea fue Aleksandr Kogan, profesor de la Universidad de Cambridge, quien en el año 2013 había desarrollado un test de personalidad a través de una app de Facebook, la cual posteriormente fue replicada para una nueva campaña.

CÓMO USARON LOS DATOS

Los datos de los millones de usuarios afectados fueron recopilados con un solo fin: utilizarlos para favorecer la campaña electoral de Trump, influenciando a los potenciales votantes en su intención de sufragio.

Gracias a los perfiles psicológicos obtenidos por medio de Cambridge Analytica, se pudieron diseñar estrategias y propagandas electorales para los usuarios y así lograr persuadirlos en favor del magnate norteamericano, quien finalmente acabó ganando aquellas elecciones del 2016.

En este caso, se trata de mensajes específicamente diseñados para ciertas audiencias que apuntan a influir en su opinión y, con ello, en el voto final.

Dentro de esto se incluyeron no solo publicidades hechas “a medida” para los usuarios, sino también “fake news” que luego fueron replicadas a través de redes sociales, blogs y medios de comunicación.

EL CAMBIO EN EL MANEJO DE DATOS

Además de Facebook, principal involucrada en este escándalo, lo ocurrido con Cambridge Analytica también puso en el tapete a las demás empresas tecnológicas que manejaban datos de usuarios a nivel masivo.

WhatsApp e Instagram (ya para entonces propiedad de lo que ahora se conoce como Meta, cuyo CEO es Mark Zuckerberg), al igual que Twitter fueron los que resintieron en mayor medida el impacto de este incidente, siendo cuestionadas sobre cómo manejaban la información proveída por sus usuarios.

A raíz de ello, Facebook anunció una serie de reformas en sus políticas de privacidad y el manejo de datos de sus usuarios, brindándoles mayores facilidades para encontrar la información personal que posee la red social.

Fue así como se incluyó un nuevo apartado en la plataforma para poder “descargar” la información personal de cada usuario, lo cual rige para esta red social y también para sus “hermanos” WhatsApp e Instagram.

Esta herramienta permite que cada usuario sea capaz de revisar sus interacciones pasadas (incluidos los “me gusta”, comentarios y publicaciones), así como también las fotografías y videos subidos, pudiendo seleccionar un período específico si así lo desea.

Así también, se simplificaron varios menús de acceso con el propósito de que las personas identifiquen más fácilmente para qué sirve cada función, priorizando el aspecto de la privacidad y seguridad.

REGLAMENTO EUROPEO

La medida adoptada por Facebook como resultado del escándalo se dio poco antes de la entrada en vigencia del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), una normativa aprobada por la Unión Europa que tiene como objetivo principal salvaguardar los datos de los usuarios.

Esta normativa -cuya vigencia luego trascendió el territorio europeo y se extendió al resto del mundo- obliga a las empresas digitales que manejan datos personales a cumplir con una serie de disposiciones, entre ellas informar sobre cualquier tipo de violación o uso indebido de datos.