Abdo agradece a México la donación de vacunas contra el COVID-19

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, agradeció a su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la donación de 150.000 vacunas contra el covid-19, en medio del punto más álgido de la pandemia en el país.

Abdo Benítez hizo el anuncio de esa cooperación a través de su cuenta social, poco después de que el Gobierno de México informara de una donación de 400.000 vacunas contra el covid-19 de AstraZeneca a Belice, Bolivia y Paraguay.

“Mañana arriban al país 150.000 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el covid-19, provenientes de México”, confirmó Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado.

“La República del Paraguay agradece la cooperación del Gobierno mexicano y el presidente López Obrador”, añadió.

El anuncio coincide con la vacunación desde este fin de semana a personas de 55 años y en adelante, donde se espera aplicar la primera dosis a unas 80.000 personas de esa franja.

Y la segunda a medida que vayan llegando nuevas vacunas, de momento insuficientes para ser aplicadas a las franjas correspondientes de toda la población.

Las autoridades sanitarias estiman que con ese ajuste llegarán a unas 600.000 personas, a pesar de que por el momento solo hay 200.000 inscritos.

La rebaja de la franja etaria se da en el peor momento de la pandemia, como reconoce la cartera sanitaria, con el mayor pico de contagios y récords diarios de fallecidos.

Jueza se constituye en vivienda disputada entre una madre soltera y su exsuegra

La jueza de Paz Liz Lobo se constituyó este martes en la vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por la cual se disputan una madre soltera con dos hijos y su exsuegra, quien en un principio había regalado la casa a la mujer, pero ahora intenta dejarla en la calle.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

Advierten nuevo ingreso de sistema de tormentas para Asunción y gran parte del país

La Dirección de Meteorología emitió este martes un boletín en el que se alerta el ingreso de un nuevo sistema de tormentas que afectará a gran parte del país.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Papá moroso condenado a 2 años, desde ahora deberá estar inscripto en el Redam

El hombre recibió la condena de 2 años, con suspensión a la ejecución, por el plazo de 5 años en los que deberá pagar la suma de G. 400.000 mensuales. Inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) no podrá realizar escrituras públicas.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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