En cuanto a equipamientos biomédicos también se tiene déficit, atendiendo a que los mismos llegaron a su vida útil.  “En esos dos puntos fundamentalmente se tienen inconvenientes. En general siempre los insumos son insuficientes porque la demanda es muy grande, cada vez es mayor”, indicó la Vice Directora.

Solo en el Servicio de Emergencias de Adultos se atienden alrededor de 300 pacientes al día, en consultorios ambulatorios cerca de 20.000 consultas mensuales en todas las especialidades.

En estudios imagenológicos también se tiene una alta demanda, como el caso de la resonancia magnética, ya que se cuenta con el único resonador a nivel público. “Son cosas que el hospital tiene que absorber ante la gran demanda a nivel país y el presupuesto no ha evolucionado desde que nos mudamos de Sajonia. El volumen que maneja la institución ha crecido notablemente”, dijo.

Si no mejora el presupuesto, la Dra. Ovando manifestó que la capacidad de respuesta se resentirá. “Como bien decimos, el personal humano está, pero si el médico o enfermera no tiene los insumos, los equipamientos y equipos auxiliares, entonces es difícil dar una respuesta eficiente a la demanda de los pacientes. Si bien al hospital llegan también personas con posibilidades económicas, la mayoría de los pacientes no tienen  seguro médico privado o a los que en el Ministerio de Salud no está pudiendo dar respuesta. En ese sentido tememos que el paciente tendrá que costear todo lo que requiera, porque la Facultad de Ciencias Médicas y su hospital Escuela dependen del presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción”, apuntó.

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Exoneraciones

La vicedirectora asistencial indicó que si bien hay insumos o servicios que el paciente debe costear, gran parte lo resuelve el hospital escuela. El porcentaje de exoneración en general entre estudios, cirugías, procedimientos de alta complejidad, llega al 70%. Eso no ha variado y da una idea aproximada de la real necesidad; porque el paciente viene, es evaluado por Servicio Social y recibe la exoneración correspondiente, entre el 65% y el 70%.

Contingencia Respiratoria

La Vice Directora Asistencial también informó sobre la situación de pacientes internados en el área de Contingencia Respiratoria que sigue manteniendo la separación en área respiratoria y no respiratoria en las consultas de urgencias. “En este momento no hay pacientes internados por Covid-19 desde hace varias semanas, pero sí todavía pacientes de manejo ambulatorio positivo. Además gran cantidad de consultas por cuadros respiratorios de otras etiologías. En relación a notificaciones de funcionarios, en estas últimas cuatro semanas no se tiene ningún reporte de casos de Covid”.

Manejo de pacientes oncológicos  

El Hospital de Clínicas, en lo que respecta a pacientes oncológicos y los métodos auxiliares de diagnósticos,  cuenta con todo los insumos, excepto el tratamiento de Radioterapia, que es lo que aún falta. “Medicamentos quimioterápicos  se cuentan gracias a la alianza con el Ministerio de Salud, inclusive aquellos más costosos y de última tecnología. Sin embargo, los pacientes tienen que costear otros tratamientos adyuvantes que no se tiene disponibles  en el hospital, como algunos fármacos de vía oral, analgésicos o antibióticos de las que no estamos con capacidad para  proveer a las pacientes”, dijo finalmente.

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La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.