“Informamos al pueblo boliviano, que la policía boliviana dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del señor Luis Fernando Camacho”, dijo el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, sin precisar los delitos de los que se le acusa.

El Ministerio de Gobierno no respondió a las consultas de la AFP de cuáles son las causas de la detención.

Camacho tiene varias investigaciones en su contra: una por ser considerado como pieza clave en la renuncia de Evo Morales a la presidencia en 2019 y otra por promover entre octubre y noviembre de este año protestas regionales para adelantar un censo de población fijado para 2024.

Según medios locales, el gobernador de la región más poblada de Bolivia fue trasladado al aeropuerto de Santa Cruz, con el fin de ser llevado a La Paz.

“En estos momentos se desconoce el paradero del gobernador, por lo que responsabilizamos al gobierno del presidente Luis Arce por la seguridad física y la vida del gobernador”, dijo la gobernación de esta región en un comunicado.

Además, indicó que “el gobernador de Santa Cruz ha sido secuestrado, en un operativo policial absolutamente irregular y llevado con rumbo desconocido”.

Dos expresidentes bolivianos, los derechistas Jeanine Áñez (2019-2020) y Jorge Quiroga (2001-2002) se sumaron a las voces que denunciaron la detención del gobernador.

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“Montan megaoperativo policial/militar para secuestrar a gobernador” Camacho, dijo Áñez en Twitter, mientras que Quiroga manifestó por la misma vía que la “policía aprehende violentamente al gobernador de Santa Cruz”.

Camacho es uno de los principales líderes de derecha y comanda la segunda fuerza política de la oposición en el Parlamento, Creemos, detrás del partido Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), del presidente izquierdista Luis Arce y de su mentor, Evo Morales, es la principal fuerza legislativa.

Camacho fue una de las caras visibles de las movilizaciones de 2019 que derivaron en la renuncia de Morales. El gobernador viajó de Santa Cruz a La Paz con la carta de renuncia del mandatario en la mano izquierda y una Biblia en la mano derecha.

– Movilización en los aeropuertos –

Tras conocerse la detención de Camacho, decenas de sus simpatizantes se concentraron en los dos aeropuertos de Santa Cruz: el internacional de Viru Viru y el doméstico del Trompillo.

A gritos decían que no permitirían el traslado de Camacho a La Paz y demandaban su liberación, según imágenes del canal de televisión Unitel.

En el Trompillo, los manifestantes obligaron por la fuerza a una reducida guardia militar a que abandonen sus labores de seguridad.

El director de la estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, Elmer Pozo, dijo en rueda de prensa que los vuelos quedaron suspendidos temporalmente en Viru Viru y El Trompillo.

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“No tenemos ningún vuelo comercial en este momento, tanto de vuelos nacionales como internacionales”, indicó.

De manera paralela, en algunos barrios de Santa Cruz, comenzaron a registrarse cortes de calles y avenidas, en protesta por la detención de Camacho, constató la AFP.

Camacho también señaló en las últimas semanas que impulsará un nuevo modelo de estado en Bolivia, el federalismo, que para el oficialismo suena a división del país.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.