La propia empresa Estructura Ingeniería SA (Eisa), adjudicada para realizar el tren de molienda para la planta de Troche, propuso incorporar a Ocho A como subcontratista para realizar la obra, ante los retrasos sufridos en el cronograma.

Según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), fue Petropar la institución que aceptó que la empresa de Alberto Palumbo (amigo del vicepresidente Hugo Velázquez) subcontrate a la de Luis Alberto Pettengill (amigo del presidente Mario Abdo Benítez) para que la ayude a continuar con los trabajos que actualmente están varados por problemas financieros.

Un pliego de bases y condi­ciones (PBC) elaborado por la administración del ex pre­sidente de Petropar, Denis Lichi, refrendada luego por una resolución de adjudica­ción firmada por el actual titular de la petrolera esta­tal, Pedro Román Renna, dieron curso de manera ace­lerada al desembolso de G. 41.778 millones, unos US$ 6 millones, equivalente al 20% del valor del contrato en con­cepto de anticipo a favor de la empresa Estructura Inge­niería SA. (EISA), contratista favorita del Gobierno en los buenos tiempos del vicepre­sidente Hugo Velázquez.

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En mayo del 2022, Lichi y sus colaboradores hablaban de un “momento histórico”, anun­ciando el inicio de la obra para el nuevo tren de molienda en Troche. En junio de este año, los medios estatales también divulgaban gacetillas sobre la visita que realizó el presi­dente de la República, Mario Abdo Benítez, a la planta de Troche para verificar los tra­bajos. Todo fue show, hasta ahora no se ve una sola pieza del gigantesco molino que iba a dinamizar la economía de 40.000 familias del departa­mento de Guairá.

Ante el claro incumplimiento de los pla­zos establecidos en el con­trato de la obra y los reclamos de los cañicultores afectados, el pasado 8 de noviembre la DNCP abrió una investiga­ción de oficio por un supuesto incumplimiento de contrato, el cual sigue en curso y podría resolverse en los próximos días, según el diario La Nación.

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Por otro lado, Contrataciones Públicas ya sancionó a la empresa Estructura Ingeniería (Eisa) con una inhabilitación para contratar con el Estado por seis meses por incumplimiento en las obras de ampliación del Aeropuerto Silvio Pettirossi. Esta medida aún puede ser impugnada por la sancionada.

Anteriormente, esta misma empresa fue sancionada por el incumplimiento de contrato con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero esta acción fue judicializada.

La cartera estatal informó que las 17 Instituciones Financieras Habilitadas (IFIs) conforman la lista de firmas que acompañarán la ejecución del proyecto.

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Los bancos adheridos al programa son: Banco Nacional de Fomento, Banco Atlas, Banco BASA, Visión Banco, Ueno Bank y Zeta Banco.

En tanto que las entidades financieras que se sumaron son: Financiera Paraguayo Japonesa y Financiera FIC.

Las cooperativas adheridas son las siguientes: Cooperativa SANJUBA Ltda., Cooperativa Multiactiva Ñemby Ltda., Cooperativa Mburicaó Ltda., Coodeñe Ltda., Cooperativa Nazareth Ltda., Cooperativa Paraguaya de la Construcción Ltda., Cofan Ltda., Cooperativa Mborayhu Ltda., y Cooperativa 21 de septiembre Ltda.

Según el MUVH, las familias podrán gestionar créditos de hasta 400 millones de guaraníes a una tasa del 6,5% anual y un plazo de hasta 30 años.

Por otra parte, las entidades financieras deben contar con un convenio firmado con una aseguradora que garantice la culminación de las obras en las condiciones de calidad exigidas por el programa.

Las aseguradoras que se sumaron hasta ahora son La Rural del Paraguay SA, El Comercio Paraguayo SA, Fénix SA de Seguros, La Consolidada SA de Seguros, Sancor SA de Seguros, Seguridad SA de Seguros, Seguros Generales SA (SEGESA) de Seguros, Royal SA de Seguros, Mapfre SA de Seguros, El Sol del Paraguay SA de Seguros y Ueno SA de Seguros.

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El diputado colorado Derlis Rodríguez dijo al respecto que, la continuidad del contrato en cuestión, tiene base en una acción judicial de la empresa, que determina que la administración estatal continúe proveyéndole energía eléctrica, muy por debajo del precio que pagan contribuyentes del resto del país.

Rodríguez manifestó que Cylfsa pasó los límites de la legalidad, al punto de convertir a sus directivos en explotadores de criptominería, que consume enorme flujo de electricidad, por el que pagan hasta 30 % menos de lo que se abona en el resto de la República.

“Resulta inexplicable que ellos utilicen de forma irregular los recursos de la ANDE para sacar provechos personales”, dijo Rodríguez en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que el caso tiene su conexión con manejos irregulares en la justicia, que da respaldo legal a una ilegalidad.

La firma Clifsa, al decir del legislador, opera fuera de lo legal para ofrecer el servicio de distribución eléctrica para los consumidores del Guairá.

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“Siguiendo el proceso de modernización del organigrama de @DiputadosPy he suprimido el departamento de cafetería”, anunció el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.

Se trata de la resolución administrativa 1351, aprobada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. “Que suprime el Departamento de Cafetería, dependiente de la Dirección de Servicios Generales de la Honorable Cámara de Diputados”.

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La resolución establece además la actualización y aprobación de la estructura organizacional y el Manual de Organización y Funciones vigentes.

“Seguiremos en la dirección de la optimización del gasto público en la cámara de diputados”, añadió el presidente Latorre.

Cabe recordar que meses atrás se generó una polémica al descubrirse que la directora de Cafetería percibía un salario mensual de G. 13 millones y tenía a su cargo a otros dos funcionarios.