El agente fiscal Deny Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico formuló imputación contra 5 personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el esquema internacional dedicado al Lavado de Dinero proveniente del narcotráfico liderado por el Clan Insfrán, que fue desmantelado en el marco del Operativo A Ultranza.

Se trata de Carolina Insfrán Galeano, Cinthia Edith Cáceres Rejala, Magno Daniel Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco, y Milciades Ramírez Morel, quienes fueron procesados por Asociación Criminal y Lavado de Dinero por Tráfico de Drogas, contemplados en los artículos 42 y 44 de la Ley 1380/44, que reprime el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Drogas Peligrosas. Todos habrían participado activamente de operaciones abocadas a lavar el dinero proveniente de la venta masiva de drogas, en el sistema financiero paraguayo.

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Carolina Insfrán Galeano es la hermana del encausado Miguel Insfrán, alias ‘‘Tío Rico’’, presunto cabecilla de la estructura; Cáceres Rejala es la esposa del pastor José Insfrán, también procesado en el caso, y hermano de Miguel; Deleón Villalba sería el administrador del Centro de Convenciones Avivamiento, entidad investigada por ser utilizada como fachada para el Lavado de Dinero del comercio masivo de los estupefacientes; Estigarribia Casco es el padre de Luis Estigarribia, también imputado en la causa y presunto testaferro del Clan Insfrán; y Morel habría formado parte del caso como empleado de la organización.

Igualmente, a pedido del fiscal Pak, la jueza Rosario Montania declaró la Rebeldía y dictó orden de captura, contra los 5 nuevos imputados en el caso, quienes además tendrán la inhibición general de gravar y vender bienes, así como el bloqueo de cuentas corrientes, cajas de ahorro o productos financieros registrados a sus nombres.

A la fecha 50 personas han sido imputadas en el marco del operativo #AUltranzaPy, 20 detenidos, incluyendo dos de los principales lideres del esquema de Lavado de Dinero proveniente del Narcotráfico. Se han realizado más de 120 operativos en distintos puntos del país y 150 millones de dólares en incautaciones.

Por esto, la hipótesis de inducción el suicidio no corresponde, señaló la fiscal Viviana Sánchez, quien dijo que el dolor que desata el caso, no debe llevar a conclusiones que se aparten de las evidencias que van surgiendo en torno a la tragedia.

“Yo como madre siento profunda tristeza por el desenlace que tuvo. Pero esos niños no merecían acabar así, por problemas ajenos a ellos”, señaló la representante del Ministerio Público.

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La revisión de la computadora y mensajes de celular de Carmen revelan, entre otras cosas, que a las 23:30 de la víspera del hecho, ella escribió mensajes anunciando lo que haría. Antes también realizó confesiones escritas, y verbal , de que en algún momento cometería el terrible acto que al final lo ejecutó.

En el otro frente, la abogada Nenia Martínez, representante de la familia de Carmen, señaló que la “autopsia psicológica” que se realizó con 20 testimonios de personas (parientes y amigos de la extinta) reveló que hubo violencia psicológica contra la joven madre que mató a sus hijos y luego se autoeliminó.

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El primer episodio de robo se verificó a las 20:30 de la noche del lunes, en el estacionamiento del Hospital de Clínicas, en la ciudad de San Lorenzo, departamento Central.

La víctima, la pareja de un policía que se hallaba en el nosocomio cuidando a un pariente reportó la sustracción de su vehículo. Dos horas después este fue recuperado en Loma Merlo, Luque. Allí fue interceptado el auto sustraído, que iba manejado por Carlos Andrés Bobadilla, quien al ser preguntado por agentes sobre el origen de la máquina, respondió que no sabia, que a él “le entregaron nomás para que lo traslade a Mariano Roque Alonso”, conforme al primer acta policial. El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Publico.

Otro robo denunciado fue el ocurrido en el barrio Herrera de la capital, en donde una mujer reportó que le robaron un automóvil. Tres horas después, la policía recuperó el móvil que esta siendo “refrescado” (estacionado) por los ladrones en el barrio Santa Lucía de Asunción.

Los intervinientes, en ambos casos, resaltaron la gran efectividad de los dispositivos tecnológicos que permiten detector la ubicación de los vehículos robados.

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De frente y con las fuerzas de seguridad peleando la guerra. Así describe el comandante en jefe de Santiago Peña al modo de combate a las estructuras criminales en nuestro país.

La configuración utilizada es la del Consejo de Defensa Nacional, que reúne a todas las agencias de seguridad y no deja espacio para individualidades y ni conquistas personales.

La premisa parte de la base de que, la facilidad con que opera el crimen organizado se debe a que encuentra un Gobierno desorganizado. Por ejemplo, el problema penitenciario tuvo una primera ofensiva con el operativo Veneratio. Además, el tráfico de armas con la operación Dakovo, que permitió el desmantelamiento de una estructura.

Otra medida implementada en el marco de esta lucha fue la reglamentación de la ley de tráfico de armas, una legislación que llevaba 14 años sin este paso. “A nadie le llamó la atención que hace 14 años no se reglamenta, que se ingresaban armas con una facilidad tremenda”, expresó Peña, en una entrevista con Telefuturo.

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Como otra acción reciente mencionó la expulsión de 25 criminales buscado en el Brasil y pertenecientes a peligrosas facciones criminales del Comando Vermelho y del PCC y la proyección de enviar a más delincuentes.

A FUTURO

La próxima semana se prevé la inauguración de la cárcel de Minga Guazú en Alto Paraná y, en pocas semanas, otras dos en Emboscada. La idea es descomprimir a la población penitenciaria.

Consultado sobre cómo enfrentar la infiltración política en el crimen organizado, contestó: “Son pequeños actos de coraje, nombrar un comandante que es el primero de su promoción y tiene una foja impecable. Donde encontramos debilidad estamos haciendo los cambios”.

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