Un hombre promovió un amparo constitucional contra el Ministerio de Salud Pública, a fin de que su hermana Ercilia Emigdia reciba atención médica de urgencia inmediata.

La paciente está diagnosticada con neumonía por Sars-Cov-2 y diabetes mellitus y requiere internación cuanto antes. Sin embargo, pese a la acción judicial, no hubo respuesta y la mujer sigue sin asistencia.

“Mi hermana necesita terapia, inclusive con amparo no tiene cama”, explicó el afectado en un desesperado pedido de auxilio.

Anunció que se planteará una denuncia por desacato como última medida, para ver si logran el ingreso a alguna unidad de cuidados intensivos.

Este caso es apenas uno de los tantos que se registran diariamente para ingresar a terapia.

De frente y con las fuerzas de seguridad peleando la guerra. Así describe el comandante en jefe de Santiago Peña al modo de combate a las estructuras criminales en nuestro país.

La configuración utilizada es la del Consejo de Defensa Nacional, que reúne a todas las agencias de seguridad y no deja espacio para individualidades y ni conquistas personales.

La premisa parte de la base de que, la facilidad con que opera el crimen organizado se debe a que encuentra un Gobierno desorganizado. Por ejemplo, el problema penitenciario tuvo una primera ofensiva con el operativo Veneratio. Además, el tráfico de armas con la operación Dakovo, que permitió el desmantelamiento de una estructura.

Otra medida implementada en el marco de esta lucha fue la reglamentación de la ley de tráfico de armas, una legislación que llevaba 14 años sin este paso. “A nadie le llamó la atención que hace 14 años no se reglamenta, que se ingresaban armas con una facilidad tremenda”, expresó Peña, en una entrevista con Telefuturo.

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Como otra acción reciente mencionó la expulsión de 25 criminales buscado en el Brasil y pertenecientes a peligrosas facciones criminales del Comando Vermelho y del PCC y la proyección de enviar a más delincuentes.

A FUTURO

La próxima semana se prevé la inauguración de la cárcel de Minga Guazú en Alto Paraná y, en pocas semanas, otras dos en Emboscada. La idea es descomprimir a la población penitenciaria.

Consultado sobre cómo enfrentar la infiltración política en el crimen organizado, contestó: “Son pequeños actos de coraje, nombrar un comandante que es el primero de su promoción y tiene una foja impecable. Donde encontramos debilidad estamos haciendo los cambios”.

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El reporte policial señala que la víctima fue una joven comerciante y su acompañante, que llevaban dicha suma para depositarla en el banco de plaza. El dinero era la recaudación del negocio propiedad de su padre, un supermercado ubicado en el centro de esa ciudad.

Una vez más, los atracadores desvelaron el detalle de que manejaban información precisa de la operación que iban a realizar en la entidad bancaria.

“Lo que queda claro es que los delincuentes manejaban información privilegiada, porque se comprobó (por circuito de cámara) que ya estaban esperando la víctima”, dijo el Comisario Juan Ferreira a medios de comunicación.

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En las imágenes que se observa, se comprueba que el vehículo en el que estaban los criminales, estuvo varios minutos estacionados, y ni bien los que llevaban el dinero subieron a la camioneta, bajaron dos hombres que, armas en mano, intimaron a la entrega del bolso de plata. Incluso realizaron disparos intimidatorios.

Tras cometer el ilícito, los marginales huyeron en el mismo vehículo que después abandonaron, totalmente incinerado.

“Se está levantando imágenes de circuitos para juntar elementos que puedan ayudar a llegar hasta estos delincuentes”, acotó el Comisario Ferreira.

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El agente fiscal Juan Ramón Olmedo, de la Unidad Zonal de San Pedro de Ycuamandyyú, representó al Ministerio Público en el juicio que derivó en la condena de un hombre a 20 años de pena carcelaria, tras ser hallado culpable de abuso sexual en niños.

Los antecedentes de la causa refieren que en fecha 15 de mayo de 2022, en la localidad de Isla Sola, distrito de Nueva Germania, el hoy condenado cometió el hecho resultando víctima una niña que entonces contaba con 3 años de edad.

Considerando todos los elementos probatorios producidos en ocasión del juicio, el Tribunal de Sentencia presidido por Guido C. Marecos y conformado por Rodney R. Rejalaga y Norma Mabel Fleitas emitió la condena de 20 años de pena privativa de libertad.