La empresa Vox, de Copaco, pretendió otorgar en “arrendamiento” las operaciones de sus negocios de banda ancha inalámbrica a una empresa norteamericana que se dedica a la infraestructura de red de acceso abierto al por mayor.

Se trata de Rivada Networks Inc., la cual manifestó su interés en hacer un acuerdo para la transferencia de espectro y colaboración comercial con Vox. Este espectro es el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas electromagnéticas utilizadas para los servicios de telefonía móvil, por lo que es el bien más preciado de la empresa local.

Para hacerse de este espectro, la firma interesada propuso buscar el financiamiento para invertir US$ 300.000.000 para actualizar, ampliar y encargarse de la red inalámbrica de Vox, introduciendo la tecnología 5G y ampliando la cobertura y capacidad.

Buscando avanzar en esta concesión, en julio del 2021 Hola Paraguay SA (Vox) y Rivada Networks Inc. firmaron el primer memorándum de entendimiento sujeto a confidencialidad con el fin de elaborar una propuesta de negocios.

En noviembre de ese año, las partes elaboraron un esquema de acuerdo de arrendamiento de los activos de la red inalámbrica de Vox, el cual establecía que la empresa paraguaya recibiría US$ 10.000.000 de forma fraccionada en concepto de arrendamiento por 20 años con posibilidad de prórroga, una posible participación en los ingresos anuales cuando alcance ciertos umbrales de ingresos, además de precios preferenciales de capacidad para dar servicios y expandir su negocio inalámbrico.

A su vez, la firma norteamericana tendría la obligación de obtener el financiamiento para el proyecto y el derecho a vender capacidad al por mayor en la red, como así también un compromiso mínimo de compra de capacidad por parte de Vox, el arrendamiento y subarrendamiento de los activos de Vox, incluyendo la licencia de espectro y recursos humanos.

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En su octava cláusula, se estableció que Vox no precisaba la aprobación o la autorización de alguna autoridad administrativa o judicial, evitando de esta manera un proceso y control más estricto.

Ni bien tomó estado público, el acuerdo impulsado por Sante Vallese fue objeto de varios cuestionamientos, siendo uno de ellos el modelo de negocio propuesto, que consiste en el de operador virtual, conocido como “ran sharing” (compartición de infraestructura), el cual no está legislado ni reglamentado en nuestro país.

Tampoco la frecuencia que da en concesión el Estado paraguayo puede ser arrendada porque la ley no lo permite. Por esta situación no existirían garantías legales de que las condiciones propuestas sean las adecuadas para precautelar los intereses de Vox-Copaco.

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Además, el monto de US$ 10.000.000 que se propone resulta hasta ínfimo, ya que no compensa siquiera las deudas que Copaco posee solamente con sus proveedores y que ascienden a G. 108.590.592.808, que al cambio totalizaron US$ 15.082.027.

A todo esto se suma que las licencias de Copaco tienen costos muy elevados y que desde el 2019 viene fraccionando el pago a la Conatel.

Un dato no menor es que la empresa intermediaria entre Vox y Rivada es Go Paraguay, presidido por Maximiliano Morel Gadea, quien es el hijo de Carlos Morel, miembro titular del Consejo de la Conatel, ente que debe prestar su autorización para la realización del negocio.

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Este aparente negociado se suma a otros acuerdos sumamente cuestionados como el acta secreta de Itaipú, el caso de Petropar con la empresa argentina Texos Oil, la entrega de la fábrica de municiones de la Dimabel a una empresa brasileña y el acuerdo de Vox-Copaco con el músico Flavio “Kike” Santander, concuñado del presidente Mario Abdo Benítez, para la prestación del servicio de contact center.

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Las empresas Ximex Línea 44, Ypacaraí Línea 242, Aregüeña Línea 111, San Isidro Línea 48-51 y Magno Línea 12 seguirán circulando, al no sumarse al paro anunciado por el otro sector de transporte.

“Todas nuestras operaciones seguirán en funcionamiento total incluso reforzando nuestras frecuencias donde sea posible para seguir dando a nuestros pasajeros el servicio”, reportaron los integrantes de la Federación de Transporte del Área Metropolitana (FETRAM).

Las firmas transportistas argumentaron que entienden que para la ciudadanía es sumamente importante contar con el servicio sin ningún inconveniente, por lo que buscarán trabajar y mejorar el servicio al pasajero, realizando acciones diarias y comprobables de que sí desean un transporte digno.

Finalmente expresaron su apoyo al Presidente de la República, a la Ministra de Obras Públicas y al Viceministro de Transporte, en su desarrollo del nuevo Plan Maestro y formalización del progreso del sector.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.

Entre estos tramos, la ministra citó la Avda. Mariscal López, desde la Avda. Madame Lynch hasta la ciudad de San Lorenzo, la duplicación de la curva Romero en Luque y también la intervención desde Autopista hasta Mariano Roque Alonso.

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Explicó que actualmente desde el MOPC están en marcha estos procesos para llevar adelante estas intervenciones urbanas, que forman parte de los nuevos proyectos que se estarán licitando en los próximos meses, y que en total suman cerca de USD 500 millones en inversiones.

“Estamos preparando la licitación del mejoramiento de la Avda. Mariscal López, desde la Avda. Madame Lynch hasta la ciudad de San Lorenzo, la duplicación de la Curva Romero en Luque, y también la intervención desde Autopista hasta Mariano Roque Alonso (ruta D025), además de un viaducto también en la zona”, puntualizó al tiempo de destacar que “son proyectos de altísimo impacto”.

Además, añadió que también está próximo a ser licitado un nuevo proyecto que prevé intervenciones en 6 zonas del departamento Central, como Ñemby, Itá y Guarambaré como parte del denominado “Plan Central”.

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El diputado Yamil Esgaib es el autor del proyecto que modifica el Código Penal y plantea favorecer a los condenados por el simple hecho de ser funcionarios públicos.

La propuesta conocida como devolución premiada estipula que los funcionarios corruptos podrán disminuir sus sentencias al 50 %, en caso de que devuelvan lo robado (una vez descubiertos).

El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara Baja y tendrá sanción ficta el 31 de mayo, por ello, el tratamiento figura hoy en el orden del día de la sesión extraordinaria del Senado.

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A criterio del senador colorado, Derlis Maidana, el proyecto ningunea el principio del artículo 46 de la Constitución Nacional, sobre la igualdad ante la ley, al beneficiar a una persona por el simple hecho de estar en la función pública.

“No podemos hacer ningún tipo de discriminación a favor de funcionarios para que sean ciudadanos de primera. No es justo que otros ciudadanos, por haber cometido igual hecho punible, tengan una pena mayor”, opinó el legislador.

A juzgar por la posición del senador de Honor Colorado, se cree que existirían los votos necesarios para el rechazo de este proyecto que, no hace más que premiar a funcionarios que son descubiertos robando y que, una vez sorprendidos (no por arrepentimiento) y con la soga al cuello, devuelven el dinero.

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