La agente fiscal Julia González Medina presentó imputación en contra del conductor de un minibús que habría protagonizado un percance fatal, estando presumiblemente alcoholizado. El mismo está identificado como Saturnino Martins Cardozo (43), quien enfrenta cargos por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre.

El hecho ocurrió en el kilómetro 21, lado Monday, del municipio minguero, y resultó víctima fatal un adolescente de 17 años. Según la investigación, el menor circulaba por la citada carretera -de oeste a este- a bordo de una motocicleta cuando el ahora imputado le salió al paso, de un camino vecinal.

Del fuerte impacto, el motociclista fue lanzado al pavimento, sufrió diversas lesiones y falleció casi en el acto. Su muerte se produjo por “politraumatismo de cráneo encefálico por accidente de tránsito”, según el diagnóstico del médico forense del Ministerio Público.

Luego, por disposición fiscal, el conductor del minibús fue sometido al alcotest, prueba que arrojó positivo de 0,558 mg/L, confirmando de esa manera que el mismo, al momento de producirse el accidente no estaba en condiciones de conducir su vehículo.

Por lo tanto, la fiscal Julia González presentó la imputación en su contra por los citados hechos punibles y solicitó 4 meses de plazo al Juzgado de Garantías para presentar el requerimiento conclusivo. Saturnino Martins Cardozo se expone entre 3 a 8 años de pena privativa de libertad.

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Como parte de la investigación de un supuesto hecho de transgresión de la Ley 716/96 que sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente, una comitiva policial – fiscal allanó un recinto privado en el barrio Villa Bonita de la ciudad de Villa Elisa.

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Del lugar se incautaron 2500 litros aproximadamente de carburantes, 129 precintos de seguridad, 4 motobombas de distintas marcas, varios bidones de plásticos y metales, un rollo de cabo de acero, documentos varios y otros objetos.

Según los intervinientes, el procedimiento causa una pérdida estimativa de 70 millones de guaraníes a los propietarios de la carga.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Especializado Contra Hechos Punibles Económicos conjuntamente con funcionarios del Ministerio Público, Dnit (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) y el Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social).

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Lluvias con acumulados de entre 70 y 11 mm, ráfagas superiores a los 100 K/h, tormentas con alta frecuencia sobre el área y probabilidad de granizos en forma puntual se anuncian para gran parte del país.

Las áreas y los horarios son los siguientes:

Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí: desde la mañana y hasta la tarde del miércoles 08.

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Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes: desde la tarde del miércoles 08 y hasta la mañana del jueves 09.

Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro: desde la tarde del miércoles 08 y hasta la tarde del jueves 09

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.