Como una vergüenza calificó el legislador de Patria Querida, Stephan Rasmussen, a la pretensión del mandatario saliente, Mario Abdo Benítez, de modificar la figura constitucional de la senaduría vitalicia, estableciendo que los expresidentes puedan renunciar a la condición de senadores vitalicios, para así poder candidatarse al Legislativo.

“Eso habilita nuevamente al presidente a ser candidato a senador o diputado activo y estar en la línea de sucesión. En el diario de sesiones, claramente se establecía que los expresidentes no puedan entrar al Congreso porque entran a la línea de sucesión de la presidencia de la República, eventualmente a través de juicios políticos que puedan darse”, explicó Rasmussen, en una entrevista con radio Universo 970 AM – Nación Media.

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El proyecto fue presentado por el propio Ejecutivo, a través de su Jefatura de Gabinete Civil, el 5 de mayo último. Se pretendía que la propuesta sea incluida en el orden del día de la ordinaria de este jueves, sin embargo, en reunión de Mesa Directiva se resolvió la postergación.

“Él venía con un discurso muy fuerte de que esto era inconstitucional, finalmente pisa sus palabras”, criticó.

El documento cuenta con dictamen de legislación y fue girado a dos comisiones para su estudio previo al tratamiento en el pleno.

Se plantea que, una vez culminado su mandato, el presidente de la República se incorporará de forma automática e inmediata al cargo de senador vitalicio (con voz, pero sin voto). No tendrá un salario y tampoco implicará ninguna erogación presupuestaria adicional.

Además, en caso de no estar interesado en esta incorporación, el presidente saliente podrá rechazar su adhesión, pero deberá hacerlo únicamente ante el titular de la Cámara de Senadores.

La inmunidad parlamentaria será solamente en cuanto a las opiniones vertidas en el ejercicio de las funciones, sin embargo, si hubiera necesidad de abrir una causa por cualquier delito común, no habrá impedimento ni necesidad de un desafuero, como ocurre con los demás legisladores.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.