El diputado colorado Derlis Rodríguez indicó que urge investigar a fondo la confirmación de una aliada del abdismo, de que el exmandatario utiliza esas deudas de campañas, a manera de extorsión para obtener favores y votos en el Congreso.

“Primeramente la senadora debe dar nombres, ella hizo la denuncia responsablemente. Luego el Ministerio Publico debe tomar acción, porque si es verdad, eso es coacción, que está contemplado en el artículo 120 del Código Penal”, dijo Rodríguez en comunicación con el canal GEN y Universo 970 AM.

Rodríguez indicó que, en el fragor del debate y discusiones políticas de los últimos días, el tema que tiene ribetes graves ha pasado llamativamente a segundo plano.

“El hecho de que le financie su campaña no es delito, prestar tampoco, pero el hecho de que utilicen esas documentaciones para coaccionar las decisiones ahí sí es delito, tenemos que ver… Nadie salió a desmentirlo, nadie dijo que no tenía nada que ver, todos se callaron. Entones asumo que eso, de alguna manera es verdad. Si hubo financiamiento debe haber constancia. Por eso es raro que nadie haya dicho nada, que todos se hayan callado, pasó desapercibido para mucha gente”, subrayó.

Apuntó que, en círculos de la oposición se acrecentó el efecto de manto de silencio, con el evidente afán de que no se investigue el caso.

“Si nosotros nos callamos y normalizamos, eso es grave para la democracia. Mañana puede financiar a candidato a diputado o senador, le hago firmar pagarés, y desde mi oficina le dicto para que decida cualquiera”, concluyó.

Es noticia: Ruta donde ocurrió el accidente está en buenas condiciones, según el MOPC

De acuerdo con el Monitoreo de Empleo Formal – Octubre 2025, elaborado por el Observatorio Laboral del MTESS, entre octubre de 2024 y octubre de 2025 la cantidad de trabajadores formales aumentó de 720.996 a 818.761, lo que representa más de 58.000 nuevos empleos formales en un solo año.

La tasa de variación interanual acompañó este crecimiento, pasando del 3,3% al inicio del actual gobierno al 7,6% en octubre de 2025, evidenciando un proceso de formalización cada vez más dinámico y sostenido.

Asimismo, desde el inicio de la actual administración, en julio de 2023, se generaron 111.123 nuevos empleos formales, con un salto de 707.638 a 818.761 cotizantes, lo que reafirma la consolidación de políticas que fortalecen el acceso a la seguridad social y el trabajo decente.

Del total de nuevos empleos generados en el último año:

67% corresponden a trabajadores mensualeros, es decir, cerca de 38.000 empleos estables.

24% a trabajadores a tiempo parcial (aprox. 13.000).

9% a jornaleros (aprox. 5.000).

Estos datos muestran que la expansión del empleo formal ha estado liderada por modalidades de contratación más estables, sin dejar de lado una diversificación hacia formas más flexibles.

Se trata del suboficial Freddy Alcides Martínez Ferrari, en cuyo poder se hallaron dos paquetes de cocaína, con un total de 2 kilos de la sustancia. La carga tiene un valor aproximado de entre 12 a 15.000 dólares.

El suboficial quien presta servicio en Pozo Colorado, transportaba los paquetes desde el Chaco, pero aparentemente de origen boliviano.

Al respecto, Francisco Ayala, director de Comunicación de la Senad, explicó a Universo 970 AM, que el hombre fue interceptado en la zona de los comedores de Remanso a bordo de un vehículo.

Se presume que el destino final era una red de microtráfico del departamento Central, donde aproximadamente se pretendía distribuir 10.000 dosis de la droga.

“Es un golpe considerable en lo que respecta al microtráfico. Lastimosamente un personal policial involucrado, lo que le hace mucho más grave al caso”, señaló Ayala.

Esta iniciativa, fundamentada en los artículos 172 y 175 de la Constitución Nacional, propone modernizar las herramientas de prevención del delito mediante el uso controlado de sistemas de grabación de imágenes y sonidos en espacios públicos.

Según la exposición de motivos, el proyecto surge ante la necesidad de regular el funcionamiento de las videocámaras que ya utilizan tanto la Policía Nacional a través del Sistema 911, como vecinos organizados y particulares.

El texto establece que la instalación de cámaras fijas requerirá autorización previa de la Policía Nacional, basada en criterios de proporcionalidad y estudios de mapas de criminalidad.

Un aspecto central es la creación de consejos vecinales con autoridades reglamentadas, que colaborarán con la Policía Nacional mediante un observatorio permanente de seguridad ciudadana, pudiendo incluso aportar equipamiento tecnológico.

Puede interesar: Invitan a jornada gratuita de atención médica por el “Día Mundial de la Diabetes”

El proyectista, diputado Yamil Esgaib, refirió que la intención es “fortalecer la base de datos de la Policía Nacional”. Esto, según el legislador, implementando “la estrategia de que la gente que tenga cámaras mirando hacia el sector público, a la calle, deba comunicar a la comisaría que corresponde a su barrio”.

El documento que se encuentra en su primer trámite constitucional fue aprobado en general, y el pleno resolvió postergar por una semana su estudio en particular.