En las elecciones de abril pasado hubo 4.782.940 de paraguayos que estuvieron habilitados para votar. La cifra implica que todos ellos son mayores de edad (18 años para arriba). Del volumen global de ese monto potencial de votantes, solamente 41 mil estaban habilitados para votar en el exterior.

Ahora el Censo Nacional revela que la población total del Paraguay es de 6.109.644 habitantes. El primer contraste de números, entonces, revela que solamente hay 1.326.704 de niños y adolescentes, menores de 18 años.

El 16 de agosto pasado, el Instituto Nacional de Estadísticas, emitió un informe oficial que señala que el 34% de la población paraguaya corresponde a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años. Es decir, equivale a 2.500.000 en total.

Entonces los números del Censo Nacional, y los que de forma oficial venían alimentando (a través de encuestas periódicas de hogares y otros) no presentan correspondencias.

En este contexto, una de las voces autorizadas del nuevo gobierno, el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, señaló la necesidad de revisar los números arrojados por el Censo.

“No podemos ignorar los problemas que hubo en el Censo. Si somos menos hay una serie de implicancias que debemos evaluar muy bien… Quedaría como que milagrosamente entre ayer y hoy subimos a 20% el PIB per cápita y creo que no hubo muchos cambios de un día para otro”, dijo Fernández Valdovinos en comunicación con la emisora Monumental AM.

G. 43 MILLONES

El Censo Nacional de Población y Viviendas realizado el año pasado, demandó un costo de 43 millones de dólares.

Dicho monto se invirtió en el estudio que constituye información de primera necesidad para la comprensión y aplicación de las políticas públicas.
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La cartera estatal informó que las 17 Instituciones Financieras Habilitadas (IFIs) conforman la lista de firmas que acompañarán la ejecución del proyecto.

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Los bancos adheridos al programa son: Banco Nacional de Fomento, Banco Atlas, Banco BASA, Visión Banco, Ueno Bank y Zeta Banco.

En tanto que las entidades financieras que se sumaron son: Financiera Paraguayo Japonesa y Financiera FIC.

Las cooperativas adheridas son las siguientes: Cooperativa SANJUBA Ltda., Cooperativa Multiactiva Ñemby Ltda., Cooperativa Mburicaó Ltda., Coodeñe Ltda., Cooperativa Nazareth Ltda., Cooperativa Paraguaya de la Construcción Ltda., Cofan Ltda., Cooperativa Mborayhu Ltda., y Cooperativa 21 de septiembre Ltda.

Según el MUVH, las familias podrán gestionar créditos de hasta 400 millones de guaraníes a una tasa del 6,5% anual y un plazo de hasta 30 años.

Por otra parte, las entidades financieras deben contar con un convenio firmado con una aseguradora que garantice la culminación de las obras en las condiciones de calidad exigidas por el programa.

Las aseguradoras que se sumaron hasta ahora son La Rural del Paraguay SA, El Comercio Paraguayo SA, Fénix SA de Seguros, La Consolidada SA de Seguros, Sancor SA de Seguros, Seguridad SA de Seguros, Seguros Generales SA (SEGESA) de Seguros, Royal SA de Seguros, Mapfre SA de Seguros, El Sol del Paraguay SA de Seguros y Ueno SA de Seguros.

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El diputado colorado Derlis Rodríguez dijo al respecto que, la continuidad del contrato en cuestión, tiene base en una acción judicial de la empresa, que determina que la administración estatal continúe proveyéndole energía eléctrica, muy por debajo del precio que pagan contribuyentes del resto del país.

Rodríguez manifestó que Cylfsa pasó los límites de la legalidad, al punto de convertir a sus directivos en explotadores de criptominería, que consume enorme flujo de electricidad, por el que pagan hasta 30 % menos de lo que se abona en el resto de la República.

“Resulta inexplicable que ellos utilicen de forma irregular los recursos de la ANDE para sacar provechos personales”, dijo Rodríguez en comunicación con la 1020 AM.

Añadió que el caso tiene su conexión con manejos irregulares en la justicia, que da respaldo legal a una ilegalidad.

La firma Clifsa, al decir del legislador, opera fuera de lo legal para ofrecer el servicio de distribución eléctrica para los consumidores del Guairá.

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“Siguiendo el proceso de modernización del organigrama de @DiputadosPy he suprimido el departamento de cafetería”, anunció el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre.

Se trata de la resolución administrativa 1351, aprobada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. “Que suprime el Departamento de Cafetería, dependiente de la Dirección de Servicios Generales de la Honorable Cámara de Diputados”.

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La resolución establece además la actualización y aprobación de la estructura organizacional y el Manual de Organización y Funciones vigentes.

“Seguiremos en la dirección de la optimización del gasto público en la cámara de diputados”, añadió el presidente Latorre.

Cabe recordar que meses atrás se generó una polémica al descubrirse que la directora de Cafetería percibía un salario mensual de G. 13 millones y tenía a su cargo a otros dos funcionarios.