La fiscal Ruth Benítez inició una investigación de oficio acerca del grave hecho que constituyó eliminar la notificación de Código Rojo de la Interpol sobre dos personas buscadas como parte del operativo A Ultranza.

Se constató que las informaciones fueron borradas en Asunción, por lo cual, se relevaron los datos de los funcionarios que tenían acceso a esta plataforma, que, finalmente son 14 y no 17 como se manejó en un principio.

“Los que tenían los permisos para realizar las altas y bajas, podían acceder de manera remota como también desde la oficina”, detalló la fiscal Benítez, en una entrevista con radio 1080 AM.

La modificación se concretó el 26 de septiembre pasado, fecha que estuvo clara desde el principio, pero que, alguien confundió e informó equivocadamente como 26 de octubre.

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“Nosotros no tenemos acceso a todos los datos de quiénes cargaron, porque la memoria en sí no se encuentra en el país. La única vía es por oficio fiscal. Ayer enviamos  ese oficio fiscal para conocer el usuario y la hora de la modificación, porque ya sabemos que se realizó en la sede de Asunción”, comentó la fiscal. Cuando la comitiva se constituyó en la Interpol, los códigos rojos no figuraban. Sin embargo, dos horas después, por arte de magia, volvieron a aparecer.

Las computadoras utilizadas por estos funcionarios fueron lacradas, hasta tanto sean sometidas a pericia informática por los investigadores. Además del código rojo contra Gianinna García Troche, procesada por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos, en el marco del caso Miguel Insfrán alias Tío Rico, también fue eliminado el código que pesaba contra José Estigarribia, investigado en el mismo operativo.

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Ronald Javier fue detenido en una barrera policial en Pedro Juan Caballero, y la revisión de los varios celulares que llevaba, determinó que uno de ellos revele su ubicación al momento del asesinato múltiple. Con esta aprehensión suman dos los capturados en torno al luctuoso suceso. El primero había sido el 15 de enero pasado, cuando detuvieron a Ángel Vera Benítez, un sujeto con frondosos antecedentes, cuatro de los cuales por secuestros.

La ejecución de los seis integrantes de la estancia Piky, según las pesquisas, tiene dos hipótesis de posibles causas. Una de ellas señala que los sicarios habrían actuado por mandato del recientemente fallecido Clemencio “Gringo” González.

Este habría pagado a los matones, impulsado por su afán de vengar el asesinato de su hijo Charles González, ocurrido el año pasado en Pedro Juan Caballero. Al parecer de los investigadores, Gringo habría recibido la información de que tres de los seis hombres que estaban en la estancia, habrían sido los que mataron a Charles. Y que para “asegurar”, los sicarios mataron a los seis.

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Representantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura acudieron esta mañana hasta el Hospital Militar, a fin de interiorizarse sobre la situación del cadete Ángel González (20), quien fue sometido a una intervención quirúrgica tras ser víctima de una agresión en la Academil.

Desde el sistema de turno del MNP se realizó un relevamiento de información sobre las circunstancias en que se registró el hecho, tomando contacto con autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, de manera a determinar las acciones a tomar en este caso.

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A través de un comunicado divulgado este jueves, destacaron la rápida intervención del ministro de Defensa, Óscar González, así como también la pronta identificación y arresto del supuesto autor, quien sería estudiante del cuarto curso.

“En sucesivas intervenciones sobre denuncias de tortura y malos tratos en los establecimientos militares, entre los que se cita la Academil, el MNP recomendó una serie de medidas de prevención, especialmente en la aplicación de castigos por parte de pares cadetes superiores”, refiere el texto.

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El Mecanismo de Prevención de la Tortura insta a a determinar las responsabilidades que pudieran recaer sobre otras autoridades militares en caso de que las mismas hayan tenido conocimiento y/o tolerado este tipo de hechos.

Así también, piden que la justicia ordinaria (en este caso, la Fiscalía) pueda impulsar una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y que se aplique la sanción requerida fuera del ámbito militar.

El Ministerio de Salud, a través de su servicio de monitoreo telefónico Teledengue, brindó seguimiento a 24.968 pacientes de las 47.801 notificaciones y realizó 85.533 llamadas desde el 8 de enero hasta el 13 de mayo de este año.

Hasta la fecha, fueron finalizados satisfactoriamente 10.704 controles. Además, 177 pacientes fueron derivados a centros médicos para intervenciones más especializadas, garantizando una atención adecuada y oportuna.

El servicio de Teledengue juega un papel importante en la reducción de la saturación hospitalaria al gestionar casos de manera efectiva a través de seguimientos telefónicos. Esta iniciativa no solo beneficia a los pacientes al brindarles atención personalizada, sino que también contribuye al manejo oportuno de posibles complicaciones asociadas con el dengue.

El Ministerio de Salud reitera la importancia de que los pacientes contactados acudan al establecimiento médico más cercano en caso de presentar signos de alarma, enfatizando que estas llamadas no sustituyen la consulta médica presencial.

El Ministerio de Salud contacta desde el número 021-7290138 a pacientes de 17 hospitales:

* San Pablo.

* Encarnación.

* Villa Hayes.

* Barrio Obrero.

* Mariano Roque Alonso.

* Lambaré.

* Caacupé.

* Luque.

* Villa Elisa.

* San Lorenzo.

* Paraguarí.

* Ñemby.

* Caaguazú.

* Limpio.

* San Pedro.

* Ciudad del Este.

* Pediátrico Acosta Ñu.