El argentino Diego Hernán Dirísio, propietario de la empresa IAS (Internacional Auto Supply) está casado con la paraguaya Julieta Vanessa Nardi Aranda, vicepresidenta de Supply, ambos, prófugos de la justicia en el marco del operativo Daovo, que investiga un caso de tráfico de armas a nivel regional.

Dirísio, apodado el señor de las armas, está sindicado como el que encabeza en nuestro país el esquema de tráfico, a través de la compra de armas fabricadas en Croacia, Turquía, República Checa y Eslovenia, para luego revenderlas a facciones criminales del Brasil.

En tanto, la Policía Federal del Brasil ubica a Julieta Nardi como una pieza clave en el esquema y detalla las funciones que tenía:

Ayudar a Diego Dirísio en las negociaciones con los fabricantes de armas

Defender los intereses de Supply en los asuntos relacionados a los registros de compra y venta de armas ante la Dimabel

Nota relacionada: Megatráfico de armas: 10 de los 13 detenidos, con pedidos de extradición a Brasil 

Acompañar los pagos realizados por Supply a los fabricantes de armas

Mover las redes sociales y monitorear las incautaciones de armas en Brasil

Además, uno de los relatorios de la Policía Federal expresa que: “Julieta Nardi importa gran cantidad de armas de Europa y las revende en el mercado negro, especialmente a grupos criminales asentados en Ciudad del Este para la provisión a facciones criminales del Brasil”.

Los mensajes intercambiados entre Julieta y su esposo, evidencian que ella participaba activamente en las tratativas para la compra de armas, al punto de contactar personalmente con los proveedores.

Noticia vinculada: Detienen al excomandante de la Fuerza Aérea

“Además de negociar las armas, Julieta acompañaba la etapa de pagos a los fabricantes, la cual, no era hecha de forma lícita. Inclusive acompañó el proceso de transferencia de dinero a Croacia y las dificultades que Dirísio enfrentó para encontrar un hombre que garantice la transferencia de valor y la continuidad del emprendimiento”, indica la investigación policial.

Debido a todos estos indicios, la justicia federal brasileña solicitó a la Corte Suprema de Paraguay la emisión de orden de captura y de prisión de Julieta y su pareja, con fines de extradición.

Hasta el momento no fueron encontrados, por lo que, se emitió un código rojo en la Interpol para la búsqueda internacional.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

Te puede interesar: Vehículo sufrió desperfecto y acabó consumido por las llamas

El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

Leé también: Dan el último adiós a la escribana y su hijo, mientras sigue búsqueda de la pequeña Isabela

Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Te puede interesar: Criptominería en inmueble de Cuevas: factura de G. 500.000 vs consumo real de G. 800 millones

Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

Leé también: Sospechoso incendio de Caja de Jubilados: dedos acusadores contra funcionario

Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

Nota relacionada: En propiedad de Miguel Cuevas intervienen una granja ilegal de criptomonedas

En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

Leé también: Gobierno busca fortalecer sistema eléctrico mediante modificación de dos leyes

Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.