Entre los mayores proveedo­res para este tipo de gastos de la EBY está Lourdes Marga­rita Verocay Cardozo, quien es la dueña de la empresa deno­minada Vmedia, que se dedica a realizar desde producción audiovisual hasta uniformes y merchandising. Esta firma está en la cima de los contra­tos con Yacyretá ya que cobró G. 650 millones para “producción audiovisual” en el año 2019.

No obstante, esta no fue la única vez que ganó un jugoso contrato con la binacional manejada por el ex presidente de la Repú­blica, ya que cobró otros G. 197 millones en el 2019 a favor del Mitic para el fortalecimiento del plan comunicacional social del ente. Cabe resaltar que ade­más de la EBY Verocay también tiene como clientes a la Itaipú y el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros.

En segundo lugar aparece Cen­tral de ventas TV SA. (Tele­futuro, Latele y NPY) que al igual que en el caso de Vero­cay también fue contratada por el Ministerio de Tecnolo­gías de la Información y Comu­nicación (Mitic), el grupo de medios del Grupo Vierci cobró G. 424 millones en el 2019 por producción de material. Ade­más de otros G. 80 millones el mismo año por emisión de cápsulas informativas a tra­vés del holding. Incluso se detalla entre el listado que durante el año 2020 cobraron G. 20 millones por dos meses por publicidad en el programa “Después de todo”, conducido por Patricia Vargas y Álvaro Mora. Seguidamente en el lis­tado se encuentra la empresa Oniria SA, que está ligada a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez, y cuyo princi­pal directivo, Camilo Guanes Mersán, funge de asesor de imagen del Presidente.

Esta agencia ganó dos contra­tos con Yacyretá en el 2019, uno por G. 300 millones para la “Contratación de consultorías enfocadas al fortalecimiento del área creativa” y otro de G. 198 millones también para la producción de material. Final­mente, más abajo en el ranking aparecen las firmas Editorial Azeta SA – Abc Color con G. 215 millones, Linco SA con G. 180 millones, Maneglia Schémbori Realizadores con G. 177 millo­nes, Biedermann Publicidad con G. 140 millones y Televi­sión Cerro Corá (Canal C9N y Sur Tv), con 100 millones.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

Puede interesar: Sorprenden a trabajadoras del comedor del Mercado 4 con emotiva serenata

Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

Puede interesar: Sorprenden a trabajadoras del comedor del Mercado 4 con emotiva serenata

En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.