Pese a que evitó al máximo los contactos físicos y usó un tapabocas durante la cerca de media hora en que acompañó la manifestación frente al Palacio presidencial de Planalto, el jefe de Estado bajó por la rampa de la edificación para acercarse lo máximo posible a los manifestantes y llegó a cargar a dos niños.

El líder ultraderechista, uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la pandemia y que ha llegado a calificar el COVID-19 como una “gripecita”, ha insistido en acudir a los actos masivos de sus seguidores pese a las recomendaciones para evitar aglomeraciones tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como de su propio Ministerio de Salud.

En esta oportunidad, y en medio de una grave crisis política causada por la salida de dos ministros de Salud en medio de la pandemia y de la investigación que le abrió la Fiscalía por su supuesta interferencia política en la Policía Federal, Bolsonaro acudió al encuentro con varios colaboradores, entre los cuales once de sus 22 ministros, y dos de sus hijos.

Entre los ministros presentes estaban los de Justicia, André Mendonça; Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo; Educación, Abraham Weintraub; Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes; Energía, Bento Albuquerque; Ciudadanía, Onyx Lorenzoni; Agricultura, Tereza Cristina, Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos, y el Secretario General de la Presidencia, Jorge Oliveira.

En declaraciones que concedió en una transmisión al vivo por las redes sociales durante la manifestación, Bolsonaro volvió a criticar las medidas de distanciamiento social adoptadas por los Gobiernos regionales y municipales para combatir el avance del COVID-19 y defendió la normalización de las actividades.

“La población quiere trabajar para colocar comida en la mesa”, afirmó el líder ultraderechista.

El coronel de la reserva del Ejército mantiene un duro y tenso pulso con los gobernadores de la mayoría de los estados brasileños, que han impuestos medidas de distanciamiento social, como cuarentenas, cierre de escuelas y comercios y restricciones al transporte y la movilidad, para frenar la creciente expansión de la pandemia en el mayor país latinoamericano.

Para Bolsonaro, más preocupado con la paralización del país, la ya prevista recesión histórica y los millones de empleos destruidos por la crisis sanitaria, el COVID-19 “va a contagiar al 70 % de la población tarde o temprano” y “va a matar mucha gente” sin importar las medidas de distanciamiento que se adopten.

“El Gobierno ha dado todo su apoyo para atender a las personas que contrajeron el virus y esperamos librarnos de ese problema en breve, para el bien de todos. Brasil, con seguridad, volverá más fuerte”, afirmó.

Tras haber sido duramente criticado por haber participado en manifestaciones similares en las que fueron exhibidos letreros que proponían el cierre del Congreso y de la Corte Suprema, así como otras medidas antidemocráticas como una intervención militar, Bolsonaro destacó que en la de este domingo no había ningún mensaje contrario a la Constitución.

“Es una manifestación pura de democracia. Estoy muy honrado con eso. Sin ningún letrero agresivo a quien quiera que sea. No hay ningún letrero ni ninguna bandera que atente contra la Constitución, contra el Estado Democrático de Derecho”, afirmó.

Según versiones de prensa, antes de la llegada de Bolsonaro al acto, los miembros del equipo de la seguridad de la Presidencia pidieron a los manifestantes que fueran retirados algunos letreros con críticas al Congreso y la Corte Suprema.

“Es gratificante y un honor para mi Gobierno y mi Gabinete recibir una manifestación de apoyo de éstas. Eso nos fortalece en la búsqueda para conseguir medios no sólo para combatir ese virus, que nos preocupa a todos, sino también de días mejores para nuestra población. Merecemos algo mucho mejor para nuestro Brasil”, agregó.

Bolsonaro no ha cesado en su empeño para que los gobiernos regionales levanten las restricciones y permitan la normalización de las actividades, hasta el punto que esta semana ordenó la apertura de gimnasios y salones de belleza por considerarlos esenciales.

Este fue uno de los motivos que llevaron al ministro de Salud, Nelson Teich, a renunciar el viernes al cargo que había asumido hacía sólo 28 días y en medio del agravamiento de la pandemia en Brasil, que, con 233.142 casos confirmados y 15.633 muertes, ya es el cuarto país con más contagiados en el mundo.

El antecesor de Teich, Luiz Henrique Mandetta, un férreo defensor de las medidas de distanciamiento social, fue destituido el mes pasado igualmente por sus divergencias con Bolsonaro en cuanto a las medidas necesarias para frenar el avance del COVID-19.

Las previsiones indican que contagios y muertes seguirán saltando de forma exponencial en este país de 210 millones de habitantes y que el pico sólo se producirá en las próximas semanas.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.

Un científico afirma haber descifrado la causa de la ‘maldición del faraón’ que, según se cree, provocó la muerte de más de 20 personas que abrieron la tumba del faraón Tutankamón en 1922.

“Una encuesta realizada entre egiptólogos de campo de la era moderna revela una incidencia muy elevada de muertes inusuales compatibles con síntomas de cáncer hematopoyético, un escenario paralelo a la enfermedad por radiación causada por la exposición a radiaciones anormalmente altas de la que ya se había informado en tumbas antiguas”, afirma el estudio publicado por Ross Fellowes en la revista Journal of Scientific Explorationel.

Según Fellowes, la causa de las muertes fue el envenenamiento por radiación procedente de elementos naturales que contenían uranio y residuos tóxicos que se introdujeron deliberadamente en el interior de la cámara sellada.

El científico explicó que, según la literatura funeraria egipcia, en las tumbas se dejaba una ‘torta de azafrán’ (un polvo amarillo de uranio) como un “legado de desechos peligrosos”.

Se cree que los antiguos egipcios conocían sobre las toxinas. “La naturaleza de la maldición estaba explícitamente inscrita en algunas tumbas, y una de ellas se tradujo premonitoriamente como ‘los que rompan esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar’”, destacó Fellowes.