Pablo Seitz, explicó que el lunes se dispuso la apertura de las investigaciones; el primero con respecto al contrato de provisión de mascarillas, además del proceso vinculado por el proveedor en común y que sería un contrato de servicio mantenimientos de radioayuda.

Señala que esto a su vez, estaría vinculado a otro proveedor, en el marco de un consorcio y que sería el mismo que suministra las mascarillas.

En ese sentido, indicó que se realizaron el análisis de ambos contratos; como la regularidad del proceso, es decir la adjudicación y la ejecución final.

“Ambos contratos están en proceso de investigación y verificación”, acotó.

Reiteró, que agentes del Ministerio Público allanaron las oficinas de la Dinac y requisaron una serie de documentos. No obstante, hizo hincapié en que todos los llamados licitatorios deben aparecer en el portal de Contrataciones Públicas, mencionando que la información de ambas empresas, están en el capítulo de “Sistema de información de Proveedores del Estado”, por lo que el trabajo por parte de la entidad continuará.

Hasta el momento, se cruzaron todos los datos de estas dos empresas, para analizar si el proceso se realizó de acuerdo al marco legal de acuerdo a lo que establece la Ley.

Recalcó que dicho llamado se hizo antes de la vigencia de la Ley de Emergencia, efectuados según las reglas de la licitación pública que sería -el servicio de radioayuda- y otro procedimiento que se llevó a cabo en vía de excepción con la Ley ya dispuesta.

En cuanto si es posible contratar empresas cuyos dueños tengan vínculo familiar, Seitz dijo que si en un inicio no existió competencia en los mismos ítems ofertados, no habría inconvenientes, salvo caso de que las empresas compitan en el mismo rubro, lote o unidad de adjudicación.

“Si están participando en el llamado pero en ítems diferentes, en productos diferentes y no hay competencia entre sí de las empresas vinculadas inicialmente, no sería un problema (si son familia)”, enfatizó.

En primer lugar, fue aprobado el proyecto que pide informe al INFONA, en relación a las medidas adoptadas dentro del marco de la Ley N° 4241/2010 “De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro del territorio nacional”.

En ese sentido, solicita identificar las áreas naturales que bordean a los cauces hídricos en las cuales se llevan a cabo las intervenciones del INFONA, a los programas de restauración de bosques protectores de cauces hídricos en ejecución en cada departamento del país

Seguidamente, se dio visto bueno a la iniciativa que solicita informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), sobre titulación de terrenos de áreas de vida silvestre protegidas del dominio público del Estado”

Mediante la propuesta se exige indicar las áreas silvestres protegidas de dominio público que se encuentran tituladas y registradas a nombre del Estado, y de aquellas que aún no han sido tituladas y registradas, detallando los motivos.

Por otra parte, también fueron aprobados dos proyectos que solicitan informes al MADES, el primero, sobre la aplicación del artículo 41 de la Ley N° 1863/02 “Que establece el Estatuto Agrario”; y el segundo, sobre las tierras de dominio público del Estado que se encuentran dentro de la Reserva de Refugio de Vida Silvestre Yabebyry, situada en el departamento de Misiones.

Se establece un plazo de 15 días para que las mencionadas instituciones remitan los documentos a la Cámara de Diputados.

Romper la lógica de años de un manejo discrecional de los fondos de Itaipú es lo que plantea el proceso que pretende implementar Santiago Peña en la entidad binacional.

Para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento al destino de cada billete, se dispondrá de un sistema de rendición de cuentas, en donde la gente sabrá en qué se invierten los recursos, en la medida en que se aprueban los proyectos.

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“Los proyectos los aprueba el consejo, los miembros del consejo son los ministros, cada proyecto que se vaya aprobando, nosotros iremos informando. Se va a hacer esta ruta, se va a construir este hospital, etc.”, explicó Peña, en una entrevista con Telefuturo.

El presidente también reveló que se está analizando la posibilidad de un fondo fiduciario como lo implementa Brasil con Caixa y, a través de esta institución, va ejecutando los recursos.

Sin embargo, Peña aclaró que no se trata de una decisión tomada, pues, tampoco se pretende sumar burocracia y gastos a las gestiones que se necesitarán hacer. “A veces, en la ejecución de los programas se gasta más que en los programas en sí”, admitió.

Al margen de lo que se resuelva al respecto, la plataforma de transparencia será una realidad y permitirá dar seguimiento el uso del dinero.

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El agente fiscal Juan Ramón Olmedo, de la Unidad Zonal de San Pedro de Ycuamandyyú, representó al Ministerio Público en el juicio que derivó en la condena de un hombre a 20 años de pena carcelaria, tras ser hallado culpable de abuso sexual en niños. 

 Los antecedentes de la causa refieren que en fecha 15 de mayo de 2022, en la localidad de Isla Sola, distrito de Nueva Germania, el hoy condenado cometió el hecho resultando víctima una niña que entonces contaba con 3 años de edad.

Considerando todos los elementos probatorios producidos en ocasión del juicio, el Tribunal de Sentencia presidido por Guido C. Marecos y conformado por Rodney R. Rejalaga y Norma Mabel Fleitas emitió la condena de 20 años de pena privativa de libertad.