Informe secreto de Seprelad: Apostala y sus vínculos con narcos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero remitió al Ministerio Público un informe de inteligencia financiera sobre los orígenes de la empresa Apostala (DARUMA SAM S.A.), dedicada a las apuestas deportivas en Paraguay.


Fuente: La Caja Negra - Unicanal

El informe de carácter confidencial generado a partir de alertas por operaciones sospechosas, al cual tuvo acceso exclusivo el equipo de La Caja Negra, revela datos concretos sobre los orígenes y presuntos vínculos de la empresa Apostala con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Las empresas identificadas son DARUMA S.A. y DARUMA SAM S.A. (APOSTALA), ambas fueron creadas el mismo día, el 6 de septiembre de 2013, según consta en el acta de la notaria pública Raquel Patricia Blasco Guillen, en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

DARUMA SAM SA con RUC 80081331-6 cuyo nombre de fantasía es actualmente APOSTALA, conformó su directorio como socios fundadores con: Micheil Youseff, como presidente, Alexandre Da Rocha Leite , director titular, y Farid Jamil Georges, director titular.

Y como síndica María Elena Alcaraz Azcona. Además aparecen como socios Carlos Giuseppe Espinoza Vega, Cristhian Ariel Doldan Diaz, Gregorio Espinoza Herrera, Carlos Manuel Lugo Garcete y Arnaldo Javier Gauto.

La sociedad se dedicará por cuenta propia, de terceros o asociación a distintos tipos de juegos de azar y sorteos, con servicios de hotelería, gastronomía, salas de fiestas, convenciones o lugares de esparcimientos, también podrán dedicarse al rubro de exportación, importación, representación de comercio. El capital inicial emitido e integrado en efectivo fue de US$ 1.500.000.

El capital para conformar estas sociedades fue puesto en su mayoría por ciudadanos brasileños que tienen, en algunos casos, vínculos familiares con personas ligadas al tráfico de drogas, como ser Farid Jamil Georges, hermano de Fahd Jamil Georges apodado “El padrino” o “Rey de la frontera” quien en los 80 y 90 fue investigado por la justicia de Brasil por trafico internacional de drogas y lavado de dinero.

También otros cercanos a Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza blanca”, un poderoso narcotraficante que operó por varios años en la zona de Pedro Juan Caballero y que fue detenido en el 2017.

En el caso de Alexandre Da Rocha Leite, cuando integró la firma aportó Gs. 1.980.000.000 en efectivo pero ese dinero no se compadece con los registros de sus cuentas bancarias. En el periodo que comprenden los años 2010 al 2013 cuando se conformó DARUMA SAM Da Rocha Leite registró ingresos por valor de Gs. 1.091.187.399 y egresos por Gs. 1.322.636.416, por lo que llama la atención que haya podido aportar el dinero del capital.

María Elena Alcaraz Azcona quien era sindica se quedó con el 50% de las acciones y la misma no registra productos financieros y registra declaraciones juradas sin movimientos, solo en el 2018 en septiembre reportó un movimiento. La mujer figura como ama de casa, no aporta al IPS, por lo que no tendría solvencia económica para formar parte de una empresa.

El 14 de marzo de 2016 DARUMA SAM SA cambia de propietarios. Alexandre da Rocha Leite, vende 600 acciones por G. 600.000.000 a Carlo Giuseppe Espinoza Vega, 900 acciones a Cristhian Ariel Doldan Díaz y 1.500 acciones por G. 1.500.000.000 a Gregorio Espinoza Herrera. Maria Elena Elena Alcaraz Azcona vende 3.000 acciones por 3.000.000.000 a Gregorio Espinoza Herrera.

Acá una vez más se levantan las sospechas sobre el origen del dinero de los nuevos dueños de la empresa ya que en el caso específico de Carlo Giuseppe Espinoza Vega, quien pagó G. 600.000.000 por las acciones el mismo si bien aparece como contribuyente en la SET, no se observan ingresos declarados que avalen su capacidad financiera para comprar unas 600 aciones de la empresa DARUMA SAM S.A..

Un hecho similar ocurrió con Cristhian Ariel Doldan Díaz quien pagó G. 900.000.000 por las acciones de DARUMA SAM S.A., quien de acuerdo al reporte de la Seprelad no tendría la capacidad económica para hacer esa compra y tampoco hay registrados créditos por ese u otro monto.

Por último Gregorio Espinoza Herrera quien compró la mayoría de las acciones y pagó por ella G. 4.500.000.000.000, registra un movimiento financiero importante, pero sus egresos son superiores a sus ingresos, por lo que también surge la pregunta, ¿de dónde sacó el dinero para hacerse con las acciones de DARUMA SAM S.A.? Todos estos indicativos son los que llevaron a los mecanismos de control de la Seprelad a comunicar el hecho a la Fiscalía.

Por su parte, de acuerdo a los registros de la Administración Tributaria, la firma DARUMA SA cuyo representante es Bernardo Da Rocha Rubens, ciudadano brasileño y según publicaciones periodísticas tendría vínculos con el narcotráfico. Según los registros oficiales el extranjero se dedica al cultivo y la ganadería, pero extrañamente no registra titularidad de ganado, ni de bienes inmuebles.

En COPACO Da Rocha utiliza un número de teléfono que está a nombre de Wagner Roberto Da Silva, sindicado como jefe de una red de tráfico de armas y drogas que opera en Paraguay y que fue detenido en Brasil el 28 de junio de 2019. A Da Silva se le acusa de varios hechos que van del tráfico de drogas, homicidio y lavado de dinero.

También conforme a los datos del sistema financiero el Banco Central del Paraguay recibió transacciones en el año 2015 de empresas vinculadas a Luiz Carlos da Rocha, alias “cabeza blanca”. Lo que hace sospechar a las autoridades de un presunto esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico.

Por todos los datos expuestos, los investigadores de la Seprelad concluyen que los actuales directivos de la firma Apostala Carlos Giussepe Vega, Carlos Ariel Doldán y Gregorio Espinoza Herrera no registran patrimonio suficiente que justifique la adquisición de la firma DARUMA SAM S.A. (Apostala) y que los mismos serian prestanombres de los beneficiarios finales. Además, resulta sospechoso el vinculo de los accionistas con otros emprendimientos empresariales cuya creación y sustento estarían ligados al narcotráfico y al lavado de dinero.

Ninguno de los mencionados aparece en las gestiones comerciales ni administrativas de Apostala. La cara visible es Carlos Sacco, quien además se desempeña como presidente del departamento de basquetbol del Club Olimpia.

El informe de inteligencia financiera que remite al Seprelad al Ministerio Público constituye un elemento indiciario de presuntos hechos punibles por lo que la fiscalía a partir de ahora deberá investigar.

 

FastPay, empresa de Trovato, activa alerta de Seprelad: ¿Vínculo con lavado de dinero?

La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. Esta última fue creada en marzo del 2018 y comenzó a operar en agosto del mismo año con el esquema de apuestas moviendo grandes cantidades de dinero sin control. Seprelad destaca que con este vínculo se blanqueó parte de los ingresos de la firma.


Fuente: La Caja Negra - Unicanal

Conforme a los datos financieros que aparecen en el reporte secreto de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero se verificó que la firma Daruma SAM S.A. para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium S.A. (FastPay) propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a Gs 24.067.098.756.

El informe de carácter reservado y confidencial ya se encuentra en poder del Ministerio Publico que deberá iniciar una investigación ante indicios de un presunto esquema de lavado de dinero y asociación criminal. El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay, con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.

La firma Infinium S.A. (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asunción el 16 de marzo del 2018 ante el escribano público Justo Germán Denis. La inscripción de la firma en el Registro Publico de Comercio se realizó en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de Gs 120 millones confirmado por 12 acciones de 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen: Julio Cesar Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, ex presidente del Club Olimpia y director titular de la firma FastPay.


De acuerdo al reporte de la Seprelad el 17 de mayo del 2018, apenas un mes después de comenzar a operar, la empresa de Trovato registra una transferencia Gs 100.826.816 a favor de la firma Apostala.

La empresa Fastpay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrónicas. En un comunicado hecho público por la firma Apostala se men­ciona que FastPay es un “medio electrónico de agi­lización de integración” que usa Tigo Money para hacer sus pagos y que pertenece a la firma Infinium, de Julio Trovato Retamozo. El comunicado incluso habla de que se firmó un contrato con la firma de los Trovato para operativizar ese servicio.

¿Por qué la empresa de Trovato, ligada a las apuestas deportivas, aparece bajo la lupa de la Seprelad?

La firma FastPay, perteneciente a la familia Trovato, aparece con reporte de operaciones sospechosas de la Seprelad en calidad de actor principal. El reporte se genera el 15 de noviembre de del 2019 y se refiere a movimientos financieros llevados a cabo entre los meses de mayo a noviembre del 2019 por un total de Gs 9.168.155.565.


La empresa Infinium S.A. (FastPay) recibe créditos en cuenta de Tigo Money Mobile Cash y posteriormente transfiere vía SIPAP el monto a su cuenta en una entidad bancaria para luego realizar los pagos a la firma DARUMA SAM (Apostala). La empresa de Trovato procesa el pago y se queda con el 5% del costo por el servicio.

La alerta que se activó en el sistema bancario se registró tras la no contestación por parte de la empresa FastPay a los pedidos de informes hechos desde la entidad bancaria sobre el beneficiario final de las operaciones y el control que se aplican a las transacciones realizadas en la pasarela de pagos. La empresa de Trovato no respondió qué controles se aplican a los pagos realizados en la plataforma.


Según el reporte de transferencias realizadas desde FastPay a favor de Apostala desde el mes de agosto del año 2018 hasta agosto del año 2020, las operaciones alcanzaron un monto de Gs 42.632.966.022

Los ingresos recibidos a través de FastPay no constituyen la totalidad de los ingresos obtenidos por Apostala. Los pagos de apuestas en efectivo, que carecen de control, constituyen la principal vía de ingresos. El informe de la Seprelad destaca la precariedad del sistema para justificar el ingreso de los montos directamente desde la concesionaria de juegos de azar al sistema financiero.

También Seprelad destaca que con el vínculo comercial de Apostala con FastPay, empresa de la familia Trovato, se utilizó para blanquear parte de los ingresos de la firma.

 

Petropar “arregló” pago de US$ 1 millón a Engineering por contrato que no cumplió

Increíblemente la empresa Engineering SA obtuvo un favorable arreglo extrajudicial con Petróleos Paraguayos (Petropar) que inicialmente la había demandado ante la Justicia por incumplimiento de contrato, ya que cobró un anticipo de G. 2.900 millones para la provisión de tanques subterráneos de combustible y solo entregó una parte por valor de G. 831 millones, sin devolver el remanente. Sin embargo, bajo la presidencia de Patricia Samudio, la superproveedora del Estado no solo se quedó con el anticipo, sino que además logró cobrar una indemnización por más de G. 6.210 millones, con lo que se embolsó un total de G. 9.110 millones (unos US$ 1,4 millones, al cambio de ese entonces), habiendo entregado apenas 21 tanques de los 140 que debía construir.

Por Jorge Torres Romero

Los antecedentes del caso indican que en fecha 13 de junio del 2013, Petropar suscribió un contrato con la firma Engi­neering SA, en el marco de la Licitación Pública Nacio­nal 10/13 para la “Adquisi­ción de tanques subterrá­neos de combustibles”, por un valor total de G. 7.252.376.000; de los cua­les, al momento de la firma, Petropar abonó, en con­cepto de anticipo, la suma de G. 2.900.950.400, equi­valente al 40%. Luego de abonado el anticipo, la pro­veedora entregó una parte de los tanques por valor de G. 831.006.000, quedando pendiente una diferencia de G. 2.069.944.400 a favor de Petropar.

Posteriormente, en fecha 4 de setiembre del 2013, cuando estaba en plena eje­cución el contrato, la Direc­ción Nacional de Contrata­ciones Públicas hizo lugar a la protesta promovida por la firma Cabipal Metalmek SA y anuló la adjudicación a Engineering SA y, por ende, el contrato firmado con Petropar quedó sin efecto.

Ante esta situación, la petrolera estatal comunicó a la proveedora que el con­trato en cuestión había que­dado sin efecto, debiendo procederse a la restitución del anticipo entregado. Cabe aclarar que en la cláusula 27° del contrato entre Petropar y Engineering SA se encon­traba prevista la posibilidad de nulidad del llamado de referencia, lo que dejaba sin efecto el contrato.

Este es el acuerdo por el cual Petropar acepta abonar los 6.200 millones de guaraníes a la firma Engineering en concepto de indemnización por supuesto daño.

ENGINEERING JUDICIALIZÓ EL CASO

Sin embargo, la firma Engi­neering se negó a devolver el saldo del anticipo recla­mado por Petropar por lo que esta, en fecha 13 de marzo del 2014, exigió a la firma Aseguradora el Comercio Paraguayo SA, la ejecución de la póliza otor­gada en el marco de la LPN N° 10/13 para la adquisición de tanques de combusti­ble, sin que la misma haya obrado en consecuencia.

A raíz de este hecho, el caso fue judicializado y pese a que no se probó que Petropar haya obrado ilícitamente en perjuicio a la firma Enginee­ring, esta lo demandó por daños y perjuicios y por sentencia del 9 de mayo del 2019, la Justicia hizo lugar a la demanda que condenó a Petropar al pago de unos G. 3.066 millones, más los intereses por el 97,5% de la demanda, con lo que tota­lizaba los G. 6.210.848.118 que finalmente sin apelar y sin exigir la revisión, la pre­sidenta de Petropar, Patricia Samudio, accedió a abonar, pese a que la petrolera esta­tal tenía todas las de ganar en el juicio.

El documento lleva la firma de Patricia Samudio, ex presidenta del ente, y Juan Andrés Campos Cervera, de la empresa Engineering SA, la multiproveedora del Estado, considerada “amiga” del poder.

SIMILAR AL CASO TEXOS

Guardando las distancias, este caso es muy similar a lo que ocurrió con la empresa Texos que demandó en ins­tancias locales al Estado y reclamó US$ 31,3 millones, supuestamente por daño empresarial, gastos de lici­tación, obligaciones con otras proveedoras, lucro cesante, entre otros, por la fallida adjudicación para comprar entre 21.000 m3 y 42.000 m3 de gasoil.

La Procuraduría General y la Asesoría Jurídica de la estatal aprobaron luego un dudoso arreglo extra­judicial por US$ 7 millo­nes, que tras filtrarse en la prensa derivó en un escán­dalo que terminó con la salida de Sergio Coscia de la Procuraduría General de la República.

En la demanda de Petropar, la petrolera tenía todas las de ganar, puesto que había demostrado que Engineering no cumplió el contrato y tampoco hubo daño de parte de Petropar, que solo hizo uso de la cláusula de rescisión.

 

Treintena de nuevos consultores, con sueldazos en Mitic durante pandemia

Millonarios honorarios para “expertos” en el marco de la agenda digital, proyecto hasta ahora desorientado por las licitaciones superpuestas realizadas en varias instituciones públicas.

Por Rossana Escobar M. / La Nación

rossana.escobar@gruponacion.com.py

La eficiencia más visi­ble en dos años del Ministerio de Tecno­logías de la Información y Comunicación (Mitic) es la repartija de supersueldos. Al asumir el ministro Alejandro Peralta Vierci, habían saltado aumentazos a los amigos reu­bicados en su administración y su gestión es muy cuestio­nada a medida que avanzan los megaproyectos de moder­nización digital que tomó como bandera el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Ahora la contratación de con­sultores con supersueldos de manera acelerada durante la pandemia y en medio de una serie de improvisacio­nes generan más sospechas sobre los intereses detrás de los megaproyectos.

En una lista proveída mediante Ley de Acceso a la Información Pública aparece la incorporación de todo tipo de expertos en el marco de la agenda digital, que a pro­pósito se está ejecutando de manera desorientada con licitaciones superpuestas de software y equipos, como las millonarias compras para­lelas entre Salud y el Mitic por más de G. 150 mil millo­nes, entre ellas para mismos hospitales que fueran revela­das por nuestro medio hace un par de meses. El vicemi­nistro Miguel Martin había señalado en aquella opor­tunidad que todavía no tie­nen el control de la ejecución del proyecto ni la atribución para que las instituciones que compren tecnología requie­ran autorización por parte de su cartera.

La agenda digital vale recor­dar es un proyecto empren­dido mediante un préstamo de US$ 130 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Martin había mencionado que estaban trabajando en un decreto para que puedan tener el control de las com­pras de tecnología, ya que tienen previsto el montaje de un data center presupues­tado en US$ 23 millones; sin embargo, hasta ahora no die­ron a conocer al respecto de la normativa y las millonarias licitaciones del rubro pululan en las reparticiones estatales.

Gerentes de proyectos de infraestructura, especialis­tas en adquisiciones, coor­dinadores TIC, especialista jurídico, figuran en la lista de expertos incorporados princi­palmente durante el segundo semestre del 2020 con suel­dos que varían de G. 10 millo­nes a G. 22 millones, según los registros de Hacienda.

Entre los expertos contra­tados aparece también un gerente de proyecto 1 del Gobierno Digital, un con­sultor responsable de protec­ción de sistemas de gobierno e infraestructura crítica, un consultor supervisor opera­tivo de gestión de incidentes cibernéticos.

Mientras el Mitic se encon­traba abocado durante la pandemia a una caza de coti­zados talentos, las institucio­nes que en teoría debieran formar parte de un data cen­ter fueron aprovechando el tiempo y realizando millona­rias compras de equipos com­putacionales que no se sabe si servirán para el promocio­nado proyecto. En paralelo incluso explotó el caso de la pérdida de archivos por pro­blemas de servidores en el MOPC que los expertos cali­ficaron como ciberataque y el Ministerio de Tecnologías ni enterado estaba, según con­firmó el mismo Martin. Al tiempo que la red de fibra óptica sigue siendo motivo de cuestionamientos por el retraso de más de un año en la terminación.

Sobre la treintena de con­trataciones de expertos cuando rige un decreto que prohíbe seguir inflando el presupuesto público, la encargada de RRHH del Mitic sostuvo que los pro­yectos están exceptuados del decreto presidencial.



POR ENCIMA DEL PRESIDENTE

El ministro Peralta Vierci realizó 4 nombramientos por resolución sin necesidad de un decreto presi­dencial, todos durante la pandemia. Según la directora de RRHH, María Luisa Espínola, el titular del Mitic tiene la potestad de hacerlo, “conforme lo que establece el artículo 13° de la ley de creación del Mitic” y en reemplazo de funcionarios que dejaron sus cargos.

De esta forma, Chiara Vanessa Merlo fue designada como directora de Comunicación Institucional con un salario base de G. 12.200.000.

Así también, mediante la resolución del ministro Peralta Vierci se ubicó como directora general de Comunicación Estratégica, Sumaia Cruzans Baranda, con un sueldo base de G. 13.000.000.

Los otros dos nombramientos sin decreto son María Aurora Escurra Chamorro con sueldo base de G. 9.400.000 como directora de Evaluación y Monitoreo de Proyectos, y el de Gonzalo Raúl Giménez, como director de Fomento de Emprendedores con remuneración base de G. 9.400.000.