De acuerdo a los datos esta­dísticos, Duarte Frutos con­trató a 25 personas por cada día hábil de su mandato, con lo cual abultó en 860 millones de dólares anuales los desem­bolsos en sueldos.

Cuando el ex jefe de Estado asumió el poder, el Estado contaba con 150.000 emplea­dos. Sin embargo, cuando ter­minó su período, el número subió a más de 182.000 tra­bajadores.

Con la cifra mencionada se incrementaron los recursos en sueldos en más de 175%, dinero que la ciudadanía paga con sus impuestos.

El ex mandatario prosigue con esa práctica como direc­tor paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en donde incorporó 179 fun­cionarios en cinco meses de administración. Los desig­nados son adherentes de su “causa” y están conformados por parientes, amigos e inte­grantes de seccionales colo­radas.

LOS COMISIONADOS

De la cantidad de nuevos empleados, “40 fueron vin­culados bajo la figura de comi­sionamiento, entre los cuales figuran 10 que fueron a tra­bajar a la Presidencia de la República y 30 fueron ‘pres­tados’ a otras instituciones y cobran una gratificación en la binacional”, según infor­maciones a las cuales accedió La Nación.

La “oficina de empleos” tiene la modalidad de “comisionados”. Vale decir, que muchos de los contratados son destinados a otras instituciones estatales, pero con sueldos pagados por la binacional.

El masivo ingreso de los fun­cionarios se llevó a cabo sin concurso y sin otro mérito que su acercamiento al director de la EBY.

Entre los nuevos nombres se encuentran los de Arturo Ramón Almirón, miembro de la Seccional 20, fuerte opera­dor del movimiento Colorado Añetete, quien accedió a un cargo administrativo, con­forme se registra en la planilla de la empresa binacional.

También aparece Armando Penayo, asiduo seguidor del ex intendente de Asunción y actual diputado, Arnaldo Samaniego.

“Duarte Frutos aplicó una repartija estratégica de car­gos en Yacyretá. Los benefi­ciados son fuertes operado­res políticos, parientes suyos y de altos funcionarios del Gobierno como parlamen­tarios”, como el caso de Luis Paciello Lacasa, “yerno” de Fernando Lugo, quien retornó a la EBY con un ingreso de alrededor de 20 millones de guaraníes, entre otros.

LA CAJA NEGRA

Este acuerdo se firmó en el año 2017 mediante la figura del fideicomiso, que en términos más sencillos consiste en una caja de seguridad o contrato de confianza donde uno entrega bienes, dinero o propiedades a un banco para que los cuide, gestione y use específicamente para un fin definido en el contrato.

En este caso, el IPS y Atlas acordaron que debía servir para financiar la construcción de cuatro hospitales: el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico. Y para ese objetivo se fijó la suma de 828.000 millones de guaraníes.

A simple vista todo parecería conveniente para el IPS, sin embargo, en la práctica es otra la situación, ya que todo el dinero que la previsional recauda para salud pasa primero por el banco.

¿Cómo funciona el mecanismo? Cada mes, el IPS recibe aportes de trabajadores y empleadores para el fondo de salud. Según el contrato, el 100% de ese dinero se deposita primero en las cuentas administradas por el banco durante 30 días. Durante ese tiempo, el banco debe separar una reserva mínima de hasta 160.000 millones de guaraníes. Recién después de ese proceso, el resto del dinero vuelve al IPS para ser utilizado.

En pocas palabras, el banco actúa como una especie de aduana financiera. El dinero entra primero allí, se retiene una parte y luego se libera lo restante.

El contrato del IPS otorga grandes ventajas al banco Atlas porque el plazo de este acuerdo es de nada más y nada menos que de 30 años, es decir, durante ese periodo cada mes el banco tiene en sus cuentas sumas muy grandes de dinero provenientes de los aportes de los asegurados. Eso significa que la entidad financiera dispone de una enorme liquidez, y que puede utilizar dentro de sus operaciones habituales, sin asumir riesgos con su propio capital.

En el acuerdo firmado en el año 2017 y que sigue vigente, se fijó que los gastos de administración del contrato no los paga el banco Atlas. Es así que los honorarios profesionales, auditorías, impuestos o gastos legales se cubren con el propio dinero del IPS o con los fondos administrados en esa cuenta especial. Con esto el banco de los Zuccolillo no gasta ni arriesga su capital.

El principal problema de este contrato leonino es que los aportes de los trabajadores quedan retenidos cada mes en el banco, mientras los hospitales y servicios que debían construirse con ese dinero todavía siguen inconclusos o demorados.

Hay que recordar que los actuales administradores del IPS realizaron auditorías internas y externas por este contrato con Atlas, que derivaron en cuatro denuncias penales por las irregularidades detectadas en su manejo.

Uno de los informes reveló que solo el 26% del dinero de este pacto con Atlas se utilizó para los proyectos originales, que eran los cuatro hospitales, mientras que el 74% restante se destinó a obras o refacciones no previstas inicialmente. Para poder hacer esta jugarreta, se hizo una pequeña pero decisiva modificación al contrato para incluir un punto llamado “otros centros de salud” y así se comenzó a desviar la plata.

Pero lo más grave de todo es que algunos de estos supuestos trabajos para obras no previstas inicialmente no se ejecutaron; lo que a simple vista demuestra que se desviaron millones a obras fantasmas.

Como consecuencia, dos hospitales no se terminaron en tiempo y forma. El Hospital Día tuvo un avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera comenzó con esos fondos, lo que obligó a las actuales autoridades del IPS a buscar después recursos propios para continuar las obras, que se esperan que terminen recién este año.

Susana Medina, directora de licencias de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), confirmó que Guarambaré ya implementa el nuevo sistema de QR en las licencias.

El código contiene toda la información sobre el conductor, con datos como: si pasó por la escuela de conducción obligatoria, si hizo el curso de primeros auxilios (que se realiza por única vez) y también si tiene infracciones o no.

Los próximos municipios en implementar el QR son Yegros y Pilar. En febrero, Asunción y Lambaré. Se calcula que para junio, todos los municipios ya contarán con el nuevo sistema.

El último paso es la pérdida de puntos. Tres por las faltas graves y cinco por las gravísimas.

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SISTEMA INTEGRADO DE FALTAS

El futuro sistema integrado de faltas incluirá las faltas graves y gravísimas, decretadas como resultado de una sentencia judicial. Serán tenidas en cuenta solamente las faltas más cometidas.

FALTAS GRAVES MÁS FRECUENTES

Estacionar en lugares prohibidos

Ocupar espacios reservados

Circular sin chapa

Llevar más ocupante de lo permitido, principalmente en caso de las motos

Llevar a menores de 12 años en moto, (sanción de 4 a 10 jornales)

GRAVÍSIMAS MÁS FRECUENTES

Conductas que hayan causado accidentes: exceso de velocidad, conducir alcoholizado, no respetar la señal de Pare, negarse a la alcoholemia.

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LA CAJA NEGRA

El Directorio de la CONACOM resolvió instruir un sumario de investigación por posible infracción a los artículos 13 y 14 de la Ley N° 4956/2013 de Defensa de la Competencia y al artículo 34 del Decreto Reglamentario N° 1490/2014.

La investigación surge a raíz del incumplimiento de las cláusulas que habían sido impuestas a la empresa Retail S.A. durante la autorización de una operación de concentración del Grupo Vierci y el supermercado Nuevo Super, ubicado en la ciudad de Caacupé y cuya adquisición había sido aprobada en el año 2022 pero con condicionamientos específicos para evitar una posición dominante en el mercado minorista.

Fue en ese marco que, según los documentos oficiales, la Dirección de Investigación detectó varios indicios de prácticas anticompetitivas del conglomerado de supermercados que vulnerarían los compromisos asumidos ante la CONACOM.

Modificación unilateral y presión a proveedores

Uno de los puntos más graves identificados es la modificación unilateral de las condiciones comerciales con proveedores, realizada sin consentimiento ni nuevos contratos formales. El informe de la Conacom refiere que Retail impuso nuevas reglas de negocio, alterando precios, márgenes y descuentos, pese a que los contratos originales seguían vigentes. Uno de los proveedores reveló lo siguiente: “Ellos (refiriéndose al grupo Vierci) empezaron a incumplir con el contrato, que por más de que esté vencido como que continúa vigente ¿verdad?, porque nos empezaron a sacar ya los espacios, así como un método de presión y empezaron a suspender sus compras, o sea, empezaron a hacer compras muy chicas”.

Solicitud de facturas de competidores

La investigación también detalla que la firma habría exigido a proveedores entregar facturas o tickets de competidores para corroborar precios, una práctica expresamente prohibida. Este mecanismo permitiría al Grupo Vierci obtener información sensible del mercado y ajustar precios a conveniencia, limitando la libre competencia entre supermercados y afectando directamente al consumidor.

“Nos pidieron básicamente: así como conversamos en (...) tenemos cambios en el proceso de suba de precios, solicitamos tickets de compra de Biggie, Real y Fortis de uno o dos productos más referenciales que formen parte del listado de cambios de precios”, dijo uno de los proveedores. Otro reveló en una audiencia con la CONACOM: “Ante la suba de precios que se dieron en los últimos dieciocho meses, antes de una suba te obligaban, y te lo pedían por mail, el relevamiento de las otras cadenas: ‘si tal cadena no tiene tal precio, yo no te voy a subir el precio’”. Estas declaraciones exponen el modus operandi del Grupo Vierci para apretar a quienes le proveen los productos y a la vez afectar a las demás cadenas de la competencia. 

Calificaciones opacas y descuentos arbitrarios

Otro punto bajo análisis es el sistema de calificación no transparente de los proveedores. Según el expediente, Retail habría aplicado descuentos sin criterios claros, lo que afectaba la asignación de espacios de exhibición en góndolas. La normativa exige que estas prácticas sean claras, equitativas y no discriminatorias, condiciones que no se habrían cumplido.

Uno de los proveedores calificados a la conveniencia de Retail contó lo siguiente: “En conclusión, lo que a nosotros nos pasaron después para saber nuestra categoría en realidad fue el resultado de su fórmula, ¿entendés?, nosotros no sabemos en qué parte ahí nos perjudica o no del descuento porque ahora tipo estamos bien, mal, ya te dicen nomas ‘ahora vos me tenes que dar tanto más para subir de C a B”.

El expediente de la Conacom sigue en etapa de investigación y una vez finalizado determinará si el conglomerado, que controla parte importante del circuito de supermercados, medios de comunicación y distribución de productos, abusó de su poder económico para distorsionar la competencia y forzar alzas de precios, atendiendo al peso que tiene el Grupo Vierci en el mercado de consumo masivo, donde concentra parte de las principales marcas y canales de distribución del país.