El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, brindó su informe de gestión días antes de cerrar el 2023 y destacó la gran cantidad de títulos de propiedad entregados a nivel país.

Sobre el punto, confirmó que, al cierre del año en curso, alcanzaron la cifra de 2.854 títulos entregados, incluyendo los 566 entregados durante la administración anterior y los 2.288 en la administración de Santiago Peña.

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Si se sigue con el ritmo actual, pasando del promedio anterior de 3 títulos por día al de 22,1 que se mantiene en la actualidad, las proyecciones apuntan a lograr la entrega de 32.403 títulos para el cierre del 2028, manifestó.

Ruiz Díaz señaló que la institución tuvo altibajos importantes a lo largo de su historia, afectada por ciclos políticos que fueron presentándose en cada nuevo periodo de gobierno. Por ello, apuntó a erradicar esta costumbre para dar paso a un criterio netamente técnico.

Sobre este punto, habló sobre la idea de “tecnificar” el Indert para cumplir con lo que dice la carta orgánica y dotar de mayor profesionalidad a su plantel de funcionarios. “Tenemos que ir desarrollando el concepto basado en el instituto de la excelencia, formar técnicamente a nuestra gente y ubicarnos como uno de los institutos de mayor excelencia del país”.

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Otro aspecto que resaltó es la reducción en el costo de producir un título, pasando de una tarifa de aproximadamente 2.230 dólares cada uno a una de solo 140 dólares, lo cual fue posible gracias a la recuperación de la función producir y entregar títulos, mediante una buena relación con la Dirección General de Registro Públicos y la Dirección Nacional de Catastro.

Asimismo, destacó la decisión del gobierno actual de reducir las tasas de interés, del 12% al 4% para los varones y 0% para las mujeres, por instrucciones del presidente de la República, con el objetivo de reducir la histórica brecha entre hombres y mujeres.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.