La Nación.

Luego de que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) haya decidido negar el aterrizaje de un avión ruso, cuya tripulación está integrada por un empresario que tiene impedido el acceso a países de Europa y Estados Unidos, y que había logrado su ingreso a nuestro país durante la presidencia de Mario Abdo Benítez, la institución anunció que realizará una serie de cambios en su normativa de modo de establecer criterios más restrictivos para naves que no provengan del Mercosur.

“Mañana (por hoy) tenemos prevista una reunión con todos los departamentos y vamos a cambiar algunas regulaciones y vamos a homologarlas rápidamente porque creemos que debemos cambiar lo que se tiene actualmente. Dentro de lo que podamos hacer, teniendo en cuenta las normas internacionales, vamos a ver para implementar la mayor cantidad de control que podemos sobre estas operaciones”, expresó Nelson Mendoza, presidente de la Dinac.

En conversación con La Nación/Nación Media, el alto funcionario detalló que la regulación actual estaba bastante abierta para el sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves provenientes de países ajenos a la región y a raíz de este acontecimiento, lo que se busca es endurecer la normativa, tal y como lo hicieron otros países.

Mendoza aclaró que la decisión de la Dinac en denegar el permiso al avión ruso se debe al perfil de uno de sus tripulantes, específicamente de Andrei Kostin, un empresario ruso con sanciones de parte de Estados Unidos, vinculado a la primera invasión de Rusia a Ucrania. Además, está inhabilitado para el ingreso a países que integran la Unión Europea y tampoco puede desembarcar en Japón, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

PROCESO DE CAMBIO

“Sería una normativa un poco más restrictiva, vamos a estar requiriendo más información de lo que hoy día se solicita, también dar un plazo en el cual se pide ese permiso y se tenga la posibilidad de procesar, de analizar y dar una respuesta. Todo cambio dentro de la aviación no es inmediato, eso debe ser publicado y tiene sus plazos, lo que haríamos mañana es iniciar el proceso. Vamos a proceder a consensuar la norma y calculamos que en un plazo de 30 días podría entrar en vigencia”, manifestó José Luis Chávez, director de Aeronáutica de la Dinac.

La reunión estuvo convocada y encabezada por el obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, en conjunto con el rector de la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, el presbítero Rubén Darío Ojeda.

Durante el espacio, representantes de la Gobernación de Cordillera, la Policía Nacional y la Fiscalía expusieron sus primeras propuestas y planes de acción en un ambiente de cooperación y responsabilidad compartida.

Las instituciones participantes evaluaron experiencias previas e intercambiaron ideas para articular un plan integral que responda a la multitudinarias movilizaciones del próximo año.

Se acordó continuar con las mesas de trabajo interinstitucionales en dos próximas reuniones agendadas para el jueves 1 de octubre y el viernes 30 de octubre, ambas a las 9:00 horas, donde se concretarán los detalles logísticos y operativos finales.

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.