Esto será posible mediante el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo, para reformar la legislación que regula el Fonacide, la figura por la que el Estado paraguayo destina millones de dólares, pero que son objeto de ‘manoteadas’ de municipios y gobernaciones.

“En los años de vigencia (del Fonacide) ha quedado demostrado que no es efectivo el modo como se destinan los fondos. El plan ahora es aplicar una nueva forma de organización”, dijo el ministro del MEC, Luis Ramírez, en comunicación con la 1330 AM.

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Puntualizó que los fondos para la alimentación escolar en la actualidad solo alcanza al 17 % de las escuelas que necesitan de esos recursos para sostener el programa de alimentación a escolares de familias indigentes.

Agregó que gran parte de la enorme cantidad de deserción escolar, se debe a que el almuerzo o merienda escolar no llega a destino. Y que estudios sobre el tema, concluyeron de forma enfática en que la continuidad de asistencia a los entes educativos depende de la correcta aplicación de los fondos.

Una de las aristas de la reforma de la ley de Fonacide que se plantea, es centralizar la inyección de los fondos, esto es, las gobernaciones y municipios ya no tendrán la potestad exclusiva (y en la práctica descontrolada) del dinero para alimentación escolar.

La Contraloría General de la República viene detectando, en administraciones de comunas y gobernaciones, varios hechos de corrupción, tanto de los fondos de alimentos, como para construcción de infraestructuras.

De acuerdo con el balance institucional, una sola llamada puede alertar sobre varios afectados y distintos tipos de vulneración. Del total de comunicaciones, 249 fueron realizadas por familiares y 140 por agentes comunitarios, entre ellos docentes, vecinos y profesionales de salud. Además, en 27 casos fueron los propios niños y adolescentes quienes solicitaron asistencia.

La violación del deber de cuidado encabezó la lista de situaciones denunciadas, con 459 reportes. También se registraron 406 casos de maltrato y 192 situaciones de riesgo social relacionadas con pobreza extrema o falta de atención médica.

El informe agrega que fueron contabilizados 125 casos de niños y adolescentes en situación de calle y 102 denuncias de presunto abuso sexual.

Central y Asunción concentran más reportes

En cuanto a la distribución geográfica, el departamento Central registró la mayor cantidad de denuncias, con 266 casos, seguido de Asunción con 113 e Itapúa con 38 reportes. Por otro lado, Alto Paraguay y Boquerón presentaron la menor incidencia, con un caso cada uno.

Según los datos del Minna, 595 de los afectados corresponden al sexo femenino y 515 al masculino. La institución señaló además que el grupo más vulnerable sigue siendo el de la primera infancia.

Tras cada denuncia, el Minna realizó derivaciones a instituciones del Sistema de Protección Integral, principalmente al Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública y las CODENI locales, con el objetivo de garantizar la protección y restitución de derechos.

Finalmente, la institución recordó que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida e instó a denunciar cualquier situación de violencia o vulneración de derechos a través de la línea 147 Fono Ayuda, el 911 de la Policía Nacional o el 133 de la Defensa Pública.

Uno de los principales factores de riesgo sigue siendo el consumo de alcohol al volante. En ese sentido, las autoridades recomendaron designar un conductor responsable o utilizar medios alternativos de traslado en caso de ingerir bebidas alcohólicas.

Las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol varían según el nivel detectado. Las multas van desde tres jornales mínimos diarios, equivalentes a G. 334.506, para niveles de 0,001 a 0,199 mg/l, hasta diez jornales mínimos diarios, unos G. 1.115.020, para niveles entre 0,200 y 0,250 mg/l.

A partir de 0,251 mg/l, la sanción asciende a veinte jornales mínimos diarios, equivalentes a G. 2.230.040. Además, cuando el resultado supera los 0,400 mg/l, los antecedentes son remitidos al Ministerio Público para el procedimiento judicial correspondiente.

La institución también recordó la importancia de respetar los límites de velocidad para prevenir siniestros viales, especialmente en rutas con alta circulación. La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N.º 5016/14 establece que todo conductor debe adecuar su velocidad a las condiciones del camino, del clima y del vehículo.

Exceder los límites permitidos puede derivar en multas que oscilan entre G. 430.508 y G. 1.115.020, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Antes de emprender un viaje, la Patrulla Caminera recomienda verificar el estado general del vehículo, especialmente frenos, neumáticos, luces, limpiaparabrisas y niveles de aceite y refrigerante.

Asimismo, recordó que todos los ocupantes deben utilizar correctamente el cinturón de seguridad, mientras que los motociclistas deben portar casco protector y chaleco reflectivo.

Controles y asistencia en rutas

La Patrulla Caminera informó que mantendrá controles preventivos y patrullajes permanentes en distintos puntos del país durante los días festivos, con el objetivo de ordenar el tránsito y reforzar la seguridad vial.

Finalmente, el MOPC exhortó a la ciudadanía a conducir con responsabilidad, descansar adecuadamente antes de viajar y evitar maniobras imprudentes, recordando que una conducción segura contribuye a proteger la vida propia y la de los demás usuarios de las rutas nacionales.

Lo que parecía un incidente menor durante un momento de juego se transformó en una pesadilla para una familia de Coronel Oviedo. Un niño de seis años falleció el pasado lunes en circunstancias que las autoridades califican como dudosas, tras ingresar al centro asistencial con un cuadro de sepsis generalizada.

Según el relato de la madre, el pequeño se habría clavado una espina de coco en la mano días atrás. Lo que inició como una fiebre persistente fue agravándose con el paso de las horas.

El menor llegó a la urgencia del Hospital Regional cerca de las 02:00 de la madrugada en estado crítico y, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después.

El caso tomó un giro inesperado cuando el personal de salud detectó hematomas en diversas partes del cuerpo que no coincidían necesariamente con el cuadro infeccioso. Ante la sospecha de posibles signos de violencia, los médicos dieron aviso inmediato al Ministerio Público.

La Fiscalía ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Asunción para la realización de una autopsia que determine con exactitud la causa del deceso. Hasta el momento, los investigadores no descartan que el menor haya sido víctima de algún tipo de agresión física previa a la infección.