En el vecino país dieron a conocer más detalles del caso del avión venezolano-iraní demorado en Ezieza, Argentina. Según los periodistas Raúl Kollmann e Irina Hausser, del medio Página 12, las fuentes de la Casa Rosada revelaron que efectivamente el presidente paraguayo, Mario Abdo, le habló a Alberto Fernández del avión venezolano que está en Ezeiza, pero ni le mencionó iraníes ni venezolanos ni terrorismo.

Esta conversación se dio en una cena en la Cumbre de las Américas y con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, como testigo. El mandatario paraguayo “simplemente acotó que el caso le venía bárbaro porque –según había leído en un portal paraguayo– el Jumbo lo había usado su archienemigo Horacio Cartes para contrabandear cigarrillos”.

En aquel momento, el avión ya estaba en Ezeiza y todo el caso se había judicializado, pese a que no se encontraron en el Boeing ni armas ni explosivos ni drogas ni nada irregular: sólo autopartes de Volkswagen. La increíble alharaca de las autoridades y la inteligencia paraguaya, replicada por los grandes medios argentinos, es asombrosa teniendo en cuenta que el Jumbo estuvo tres días en Ciudad del Este, la misma ciudad que esos grandes medios, la oposición de Juntos por el Cambio y las derechas de Estados Unidos e Israel vienen calificando hace décadas como capital del contrabando y una especie de sucursal de la organización libanesa Hezbollah. En Ciudad del Este el Jumbo ni siquiera fue inspeccionado, pero aún así la inteligencia paraguaya es presentada como si ranqueara entre las mejores del mundo, según publican los periodistas de la Argentina.

Sigue la nota: Como se sabe, el avión de Emtrasur llegó a Ezeiza el lunes 6 de junio, el miércoles 8 intentó cargar combustible en Uruguay y al regreso ya se produjo todo el proceso de judicialización con el argumento de que había que investigar las objeciones geopolíticas esgrimidas tácitamente por el gobierno guaraní.

“Alberto Fernández salió hacia Los Angeles en la noche del 8 de junio y participó de una cena en la sede de la Cumbre de las Américas en la que también estaba Abdo. No es que el presidente paraguayo se hubiera enterado por un reporte secreto de la ahora sorprendente inteligencia guaraní –que no tiene personal ni presupuesto– sino porque leyó la noticia de lo que pasaba en Ezeiza en un portal”, reza además la publicación.

Eso ocurrió durante la comida y cuando estaba delante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. El único comentario de Abdo fue “esto nos sirve para mostrar el contrabando de cigarrillos de Cartes, porque él, hace un mes, usó ese avión”. O sea, Abdo no mencionó ni que hubiera tripulantes iraníes ni que existiera algún problema con los venezolanos ni alguna relación con terrorismo. Fue un comentario centrado en la dura interna del Partido Colorado, con Abdo y Cartes a la cabeza.

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.

Según detallaron los investigadores, la estructura logística desmantelada pretendía aprovechar la masiva concurrencia de personas durante las festividades locales para distribuir la droga a diversos puntos del Departamento Central.

Durante las incursiones a cinco viviendas, los agentes intervinientes confiscaron cocaína, marihuana y crack en dosis preparadas para su venta, junto con dinero en efectivo que ascendería a unos USD 1.500.000, presuntamente derivado del comercio ilícito y el lavado de activos.

Además del estupefaciente y el dinero, la comitiva policial incautó tres automóviles, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner del año, motocicletas utilizadas para la distribución en la vía pública, armas de fuego, equipos electrónicos y dejó un inmueble bajo medida de incautación.

En una primera instancia, doce personas fueron demoradas en los lugares intervenidos; sin embargo, tras el cotejo de datos, ocho de ellas, señaladas preliminarmente como consumidoras, quedaron libres y comparecerán como testigos, mientras que cuatro presuntos integrantes directos de la banda permanecen detenidos.

Las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del supuesto cabecilla de la organización criminal, quien no se encontraba en los inmuebles durante las intervenciones.