Durante la sesión de la Cámara Baja, el legislador colorado José Rodríguez se refirió al informe de la Contraloría, que confirma el acuerdo entreguista entre la Dimabel y la empresa brasileña CBC Mercosur, entre otras numerosas graves irregularidades.

El político comentó que tras la declaración hecha sobre este caso, comenzó a recibir numerosos llamados y mensajes de emisarios del General Aldo Daniel Ozuna Recalde (actual Jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando de Fuerzas Militares y exdirector de la Dimabel firmante del acuerdo entreguista), solicitando una reunión inmediata donde “me sienta más cómodo” para recibir información respecto al informe en cuestión.

Ante esta llamativa presión que estaba recibiendo, el congresista decidió expedirse públicamente a través de un comunicado, mediante el cual esgrimió que es “absolutamente improcedente y desatinada la petición realizada por los emisarios informales y oficiales del General Aldo Daniel Ozuna Recalde de discutir a espaldas de la ciudadanía, en privado y a puertas cerradas, asuntos de interés nacional sobre los cuales ya se ha expedido la Contraloría General de la República y que en la actualidad es el Ministerio Público como órgano representante de la sociedad quien debe tomar intervención para el cumplimiento de su misión institucional”.

“Hago saber públicamente al General Aldo Daniel Ozuna Recalde, que desde mi banca en la Cámara de Diputados seré un celoso custodio del patrimonio y la soberanía de nuestra gloriosa Nación, y que cualquier intento de persuasión indebida de su parte – apartada de los principios de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, o incluso con atisbos de amedrentamiento a un representante del pueblo – no tendrán cabida en mi gestión del cargo acorde a dichos principios innegociables ni mermarán mi espíritu de honrar fielmente el cargo para el cual fui electo democráticamente”, agregó.

En entrevista con el canal GEN, el diputado Rodríguez indicó que sobre el caso confirmado por la Contraloría ya hubo pedido de informe anterior, pero no Ozuna respondió cuando estaba al frente de la Dimabel. A eso se suma que el entonces senador Martín Arévalo lo denunció ante la Fiscalía, según recordó.

“He recibido varias llamadas, primero recibí un mensaje que quería venir a mi oficina. Luego me llamaban varias personas –inclusive en horas de la noche- para decirme que este señor quería reunirse conmigo. Considero que se debe cuidar la institucionalidad de la Republica, y todo debe ser por informes”, remarcó.

Finalmente sostuvo que su principal preocupación es que el uniformado en cuestión sigue formando parte del Consejo Nacional de Defensa, siendo que tiene irregularidades, según la Contraloría. “Voy a pedir que este señor dé las explicaciones pero en el ámbito que corresponde. La Fiscalía debe actuar”, puntualizó.

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Un informe lapidario de la Contraloría General de la República, confirma que el acuerdo firmado con una empresa privada brasileña durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, no contaba con la debida autorización.

Se trata de un convenio suscrito el 5 de abril de 2022 entre el Comando de Fuerzas Mili­tares de nuestro país y la firma Compañía Brasileña de Cartuchos Mercosur (CBC), en el cual se establecía que la firma brasileña tercerice su producción de municio­nes en las instalaciones de la Dimabel, con maquina­rias y personal de la depen­dencia militar de Paraguay, siendo su única contra­prestación, para toda esta infraestructura a su dispo­sición, la capacitación del personal de producción.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.