La bomba ya explotó en las penitenciarías, que se encuentran abarrotadas de presos, la mayoría de ellos sin condena todavía. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, constantemente manifiesta la imperiosa necesidad de contar con nuevos centros penitenciarios de alta seguridad.

Llamativamente el nuevo Gobierno tenía todo listo para arrancar la construcción de las nuevas cárceles, pero como primera medida dispuso cancelar todos los proyecto de la administración anterior y arrancar de cero.

Ever Martínez, exministro de Justicia, recordó en charla con la 650 AM que durante los últimos años del gobierno anterior se hicieron muchas inversiones en materia de política penitenciaria y que el primer llamado de licitación para construcción de cuatro nuevas penitenciarías se realizó en marzo del 2018 pero que ante el cambio de gobierno se postergó. “Eran cuatro cárceles nuevas. Quedó todo listo a manos del nuevo gobierno para darle continuidad, con la evaluación y adjudicación“, acotó.

A finales del 2017, el MOPC había llamado a licitación para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en Emboscada y la provisión de equipamientos, en una modalidad Ad referéndum. La inversión estatal iba a ser de G. 397 mil millones y las ofertas fueron recibidas en febrero de 2018.

Sin embargo, el 16 de agosto del 2018, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, decidió cancelar el llamado a licitación pública internacional para la construcción de estos establecimientos, alegando que se iba a realizar una profundización del proceso a los efectos de garantizar que su ejecución reúna los presupuestos de transparencia, eficiencia e igualdad de oportunidades.

El 26 de septiembre de ese año el presidente Mario Abdo Benítez se vio en la necesidad de declarar en “situación de emergencia” a las distintas penitenciarías del país, a raíz del hacinamiento y las deplorables condiciones existentes en las mismas, permitiendo el desembolso más rápido de dinero para dar una solución.

A su vez, el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, anunció la construcción de cinco nuevas cárceles para paliar esta situación. Sin embargo, en los siguientes meses solo se avanzó en tres proyectos de licitación pública nacional, para la instalación de dos sedes en Emboscada y una en Minga Guazú.

Recién en mayo de este año se realizó la apertura de sobre de ofertas de los interesados en construir estas penitenciarías, que poseen un plazo de ejecución de 16 meses con una inversión de USD 36 millones financiado por bonos del Estado.

Sobre el punto, Ever Martínez explicó a la emisora que estos proyectos son parecidos al que propuso el gobierno anterior y que el cambio introducido por las nuevas autoridades fue pasar de una licitación pública internacional a una nacional, permitiendo que solo las firmas paraguayas participen de la disputa.

El entrevistado insistió que existe una mala experiencia con las empresas nacionales en la construcción de penales y recordó que las obras de dos pabellones nuevos tardaron cuatro años, cuando debían estar listos en unos meses. El problema que ve en las firmas paraguayas es que no poseen los recursos necesarios para cumplir con las exigencias requeridas.

Ya casi será un año de mandato del nuevo gobierno y presidente Mario Abdo Benítez sigue echando la culpa a las anteriores administraciones por la desidia en que está asumida la República. Ayer el mandatario habló de la importancia de construir políticas públicas para mejorar el sistema penitenciario y afirmó que espera culminar su gobierno con cinco nuevas cárceles y con mejores condiciones para los guardiacárceles.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.