En entrevista con la radio 780 AM, el ministro Alberto Martínez Simón dijo no es una situación novedosa y recordó que suele ocurrir con familiares de pacientes dializados y oncológicos del IPS. “Este sistema de recurrir a los amparos se plantea cuando falla la atención médica”, comentó. “Es una situación muy tensa, por arte de magia, por una orden judicial, no puede aparecer una cama, hay protocolos que cumplir”, agregó.

La autoridad comentó que deben sentarse a analizar estos casos en la Corte Suprema de Justicia porque no hay camas disponibles y el incumplimiento puede derivar a un desacato de parte de los encargados de la salud. “Tenemos que encontrar el justo medio para que los médicos puedan trabajar en medio de la precariedad que tenemos”, agregó.

Consultado sobre si la Corte evalúa emitir una circular, aclaró que los jueces son autónomos en sus decisiones. No obstante, dijo que verán la forma de habilitar una vía de información para que los magistrados tengan una radiografía de la situación sanitaria del país minuto a minuto y sepan si hay o no camas disponibles, tal como se hizo cuando se requería internar a menores de edad en el pasado. “Existe el principio de que nadie está obligado a cumplir lo imposible”, agregó.

En otro momento aclaró que ningún juez puede ordenar que se desconecte a un paciente para internar a otro.

Indicó que en caso de que los amparos sean de incumplimiento imposible, se debe derivar el caso a la asesoría jurídica de los hospitales públicos y privados, para que estos se encarguen de comunicar al juzgado pertinente de la situación. “El silencio es de las peores opciones, el médico debe pronunciarse al respecto e informar al juez que no se podrá cumplir”, puntualizó.

El procedimiento fue supervisado por el agente fiscal Juan Ramón Sandoval, de la Unidad Especializada de la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado de Asunción, junto a la Dirección de Control de Aeropuertos y Seguridad Portuaria (DCASP) de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD

El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado, a cargo la jueza Lici Teresita Sanchez, tomó intervención en el caso.

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El procedimiento de apertura de encomienda se llevó a cabo en la sede de Atención Permanente del Palacio de Justicia. La encomienda, una caja de cartón de color amarillo, había sido remitida desde la ciudad de Ciudad del Este.

En el operativo intervino personal del Departamento de Control Aeroportuario Silvio Pettirossi de la SENAD, incluyendo agentes especiales.

El proyecto de ley además de declarar en situación de emergencia tres departamentos, amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2025, aprobado por Ley N° 7408, del 30 de diciembre de 2024 – Presidencia de la República – Secretaría de Emergencia Nacional”.

Cabe destacar que el proyecto fue remitido nuevamente al Senado con modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. En ese contexto, el senador Orlando Penner, impulsor del documento, solicitó que el Pleno se constituya en comisión para su análisis. En su intervención, argumentó que la aprobación es urgente debido a las graves inundaciones que afectan a los mencionados departamentos.

Por su parte, el senador Natalicio Chase subrayó la crítica situación de las zonas afectadas, completamente aisladas por vía terrestre, y abogó por una respuesta inmediata a través de asistencia aérea y provisión de víveres. Destacó que el objetivo del proyecto es dotar al Poder Ejecutivo de las herramientas necesarias para agilizar los procesos de compra y contratación requeridos ante la emergencia.

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Finalmente, se resolvió transferir los recursos a las gobernaciones, dado su mayor grado de cercanía con las zonas afectadas, aunque se canalizarán a través de la Secretaría de Emergencia Nacional. El proyecto contempla una ampliación presupuestaria de G. 15.000 millones, distribuidos equitativamente entre los tres departamentos.

El texto sancionado corresponde a la versión de la Cámara de Diputados y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Con la medida, el representante del Ministerio Público pretende que el Tribunal de Apelación Penal, admita el presente recurso y anule totalmente dicha sentencia, reenviando la presente causa para que otro Tribunal de Sentencia lo juzgue.

De acuerdo a los antecedentes de la causa, desde el mes de mayo del año 2022 hasta el mes de agosto del mismo año, utilizando medios tecnológicos, específicamente la mensajería instantánea (WhatsApp), el docente enviaba mensajes de texto y audios a la menor de 11 años.

De prosperar el recurso, el Tribunal de Apelaciones podría ordenar un nuevo juicio.

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Cabe mencionar que, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Villarrica, integrado por los jueces Julio Alfonso, Víctor Ortigoza y Juan Ruiz Díaz, resolvió absolver al docente Juan Insaurralde, de 56 años, quien fue acusado por supuesto acoso sexual a una alumna de 11 años en el año 2022. La menor cursaba el sexto grado en una institución pública de la ciudad cuando ocurrieron los hechos.

El caso generó repercusión tras la difusión de mensajes de texto enviados por el docente fuera del horario escolar, en los que se dirigía a la niña con frases como “estás linda”, “mi amor”, “eres mi princesa” e incluso, según versiones, manifestaciones más explícitas como “quiero besar tus pies” o “quiero sentir tu cuerpo”. Sin embargo, el tribunal sostuvo que estos mensajes no fueron incorporados en la acusación presentada por el fiscal Rodrigo Vázquez.