Según publica el portal del Ministerio de Salud, al 6 de diciembre ninguna vacuna en el mundo cuenta con este tipo de aprobación. Siete vacunas tienen la aprobación para uso limitado de emergencia, estas son: Cansino, SinoVac, Sinopharm, vacunas de células Vero del Instituto de Wuhan todas ellas para uso en China. Sputnick V, para uso en Rusia; Pfizer Bio Ntech, para uso en Reino Unido (FDA el 10 de diciembre valorará la aprobación para uso de emergencia en Estados Unidos) y Moderna, que en noviembre solicitó a la FDA la aprobación para uso de emergencia.

Los demás países que actualmente están vacunando contra el COVID-19 lo están haciendo dentro del marco de estudios de investigación de fase 3.

“Paraguay no realiza estudios de fase 3 con su población, tampoco Uruguay, por lo cual recibiremos las vacunas una vez que se haya demostrado su seguridad, eficacia y hayan sido precalificadas y aprobadas”, explica la Dra. Soraya Araya, directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Existen varias plataformas de producción de vacunas: las previamente utilizadas en humanos, convencionales como las vacunas de vector viral y las vacunas inactivadas, que requieren en su mayoría conservación entre 2 y 8 grados celsius. Y las nuevas no utilizadas previamente en humanos como las vacunas genéticas: Pfizer BioNtech y Moderna las cuales requieren temperaturas ultra bajas de conservación -80 la primera y -20 la segunda.

Al momento de introducir una vacuna dentro de un país el comité técnico asesor de Inmunizaciones y el Ministerio de Salud deben basarse en los siguientes puntos los cuales no pueden ni deben ser pasados por alto: seguridad, eficacia, evidencia científica publicada, capacidad logística para la distribución equitativa dentro del territorio nacional, sostenibilidad y costo de implementación.

¿Por qué no se hicieron acuerdos adicionales directamente con las agencias productoras?

La Dra. Araya expresó que la primera razón se debe a que la ley 4621, mediante la cual se adquirirán las vacunas, no lo habilita. La otra razón es que los tratos unilaterales exigían una inversión a riesgo.

Es decir, que en caso de que la vacuna perteneciente a dicha agencia productora no fuera aprobada o tuviera resultados deficientes en la etapa 3, el país perdería la inversión realizada, por lo que la mayoría de los países optaron por un mecanismo que evitara la inversión a riesgo y permitiera tener el acceso a la vacuna que resultará exitosa, eficaz y que a su vez requiriera de una cadena de frío acorde al país, por medio de un acceso a un portafolio de vacunas (una variedad de opciones de las vacunas más avanzadas en lugar de una única opción).

El Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones, el PAI y el MSPBS están aguardando las publicaciones de los resultados de fase 3 de las plataformas de vacunas más avanzadas y lo que Senado y Diputados resuelvan en relación al artículo 30 de la Ley Nacional de Vacunas, de modo a que, tras las evidencias científicas publicadas, el ministerio pudiera gestionar dosis adicionales para el país de una vacuna que cumpla los requisitos mencionados más arriba.

El pedido fue rechazado porque, según el juez uruguayo Óscar Suárez, los hechos por los que acusan a Peirano ocurrieron entre marzo de 2001 y junio de 2002, lo que significa que ya prescribieron.

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El exbanquero de 74 años ya venía cumpliendo medidas no privativas por un proceso penal en Uruguay iniciado hace más de dos décadas, por lo que otro de los argumentos es que no podrá concretarse su extradición mientras tenga una causa abierta en ese país.

Es requerido en Paraguay por la quiebra del Banco Alemán y el desvío de fondos de ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán. La debacle del Banco Alemán en 2002 dejó sin fondos a conocidos políticos, funcionarios y empresarios vinculados al entonces gobierno paraguayo.

Las acusaciones en su contra son por delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones. Su hermano, José Peirano, ya fue extraditado por la misma causa.

El exbanquero era la cabeza del grupo Velox, que agrupaba a los bancos Velox (Argentina), Alemán (Paraguay), Montevideo (Uruguay) y Trade and Commerce Bank (Islas Caimán). El conglomerado, que además participaba en la cadena de supermercados Santa Isabel en Chile, se derrumbó con la crisis financiera argentina de 2001.

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En ese sentido, la Planta Asfáltica de Cerro Verde lidera la intervención, llevándola a cabo de manera segmentada para reducir las molestias a los usuarios que utilizan el Puente Remanso, que se trata de uno de los dos enlaces más importantes entre las regiones Oriental y Occidental del país.

En primer lugar, se está procediendo a la regularización de la calzada que conecta Villa Hayes con Mariano Roque Alonso. Posteriormente, se procederá a trabajar en el carril opuesto, todo ello con el objetivo de causar la menor interrupción posible al tráfico.

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Desde el MOPC indicaron que estas acciones representan una pieza fundamental dentro de un ambicioso plan integral trazado, el cual tiene como objetivo primordial garantizar la seguridad y la eficacia del tráfico en una de las arterias viales más concurridas y relevantes de nuestra región.

En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Del agente penitenciario” que contaba con el dictamen de las Comisiones asesoras.

Durante el tratamiento, la senadora Lilian Samaniego, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública, dijo que la intención es definir la política penitenciaria, la infraestructura y la tecnología de control de las cárceles.

En ese sentido, señaló que la situación de los agentes penitenciarios es precaria y ahí la importancia de aprobar el proyecto. Resaltó que la ley humanizará la carrera.

Por la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, el senador Derlis Maidana, intervino para argumentar el dictamen de aprobación con modificaciones.

Al respecto, recalcó que el proyecto tiene por objetivo establecer los procedimientos para la implementación de la carrera profesional y técnica del agente penitenciario, así como el procedimiento de reclutamiento, selección, incorporación, evaluación de desempeño, capacitación, promoción, movilidad y retiro.